Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que crea un Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos, que entre otras contribuciones le otorga a las que personas que sufrieron delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, y a recibir patrocinio jurídico gratuito tanto para querellar durante el proceso penal como durante la ejecución de la pena.
inicia sesión o regístrate.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que crea un Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos, que entre otras contribuciones le otorga a las que personas que sufrieron delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, y a recibir patrocinio jurídico gratuito tanto para querellar durante el proceso penal como durante la ejecución de la pena.
Con 219 votos a favor, la Cámara baja aprobó en sesión especial las modificaciones que había realizado el Senado el pasado 31 de mayo en torno a la definición de víctima y la incorporación a la norma de la figura del defensor público de la víctima.
A su vez, se crean centros de asistencia y protección abiertos las 24 horas en cada una de las jurisdicciones provinciales, como así también 24 defensorías de víctimas a cargo de la representación de las víctimas en el proceso penal.
"Este proyecto otorga las víctimas un cúmulo de derechos que permite un particular tratamiento y un lugar óptimo dentro del proceso penal", valoró la diputada radical Gabriela Burgos.
La ley de víctimas
El proyecto surgió de la marcha realizada en octubre pasado bajo la consigna “Para que no te pase”, que reunió a víctimas de sucesos emblemáticos, como Carolina Píparo (baleada en una salidera bancaria) y María Luján Rey (madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros que fallecieron en la tragedia de Once).
Una de las principales novedades es que se le otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente, y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.
También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la culminación del proceso y el agotamiento de la pena.
A su vez, la autoridad interviniente quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso, y a su vez quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.
El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.
Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.