Un operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional e inspectores de la AFIP interrumpió en la mañana de ayer la tranquilidad de la localidad de San José de Metán y motivó todo tipo de comentarios, cuando ingresaron a una estación de servicio Refinor, ubicada a la vera de la ruta nacional 9/34, propiedad del diputado provincial, Daniel D'auria.
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Un operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional e inspectores de la AFIP interrumpió en la mañana de ayer la tranquilidad de la localidad de San José de Metán y motivó todo tipo de comentarios, cuando ingresaron a una estación de servicio Refinor, ubicada a la vera de la ruta nacional 9/34, propiedad del diputado provincial, Daniel D'auria.
Ese procedimiento formó parte de 200 allanamientos ordenados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, que desde primera hora de la mañana comenzaron a desarrollarse en simultáneo en Capital Federal y en el interior del país.
La investigación se inició por una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, para desentrañar las maniobras de una supuesta asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales.
Según la denuncia que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos y que dio origen al accionar de la Justicia Federal, tales maniobras se habrían desplegado fundamentalmente en el período 2012-
2015, proveyendo facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositiva y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos "especiales" y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras.
Origen de la causa
Las actuaciones tuvieron origen en una denuncia formulada por la AFIP en la jurisdicción de la provincia de Salta. El Juzgado Federal 1 de Salta impulso la investigación hasta que logró determinar que la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional.
Según la agencia, entre las medidas citadas, que afectan domicilios de todo el país, se ordenó también la detención de los que serían indicados como jefes y organizadores de las maniobras delictivas, indicó la AFIP en un comunicado de prensa.
La organización habría contado en su momento con la asistencia de funcionarios del organismo fiscal, alguno de los cuales ocuparon cargos de jerarquía en la gestión de aquellos años, motivo por el cual, también se llevan a cabo allanamientos en varias dependencias de la AFIP. Participaron en el operativo más de 650 agentes de AFIP e importante número de efectivos de Gendarmería Nacional. En la causa se registra secreto de sumario.
La orden judicial
El Tribuno tuvo acceso al oficio librado por la jueza Arroyo Salgado, quien dispuso órdenes de allanamiento, registros domiciliarios, detenciones, requisas y secuestros.
Se trata de la causa FSA 7.992/2014 caratulada como "Dengra, Serafín; Pessoto Raúl Alfredo por supuesta infracción a la ley 24.769, del registro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de San Isidro".
Arroyo Salgado ordenó que se proceda al allanamiento y registro domiciliario de un inmueble emplazado en la calle Almirante Brown 903, en Metán, Salta, domicilio que corresponde a una estación de servicio en cuyo interior se encuentra un local perteneciente a La Red SA, propiedad del diputado por el departamento de Metán Daniel D'auria.
El objetivo de las diligencias dispuestas por la magistrada consistía en proceder al secuestro de toda la documentación contable o extra contable, CPU, notebooks y soportes informáticos y/o medios de almacenamiento de información removibles o fijos, incluyendo todo tipo de soportes magnéticos, ópticos o digitales, pendrives, discos rígidos externos y tarjetas de memoria.
Lo que se buscaba son registros presuntamente relacionados con el comportamiento contable y económico de la asociación ilícita investigada, que estaría integrada por al menos 30 personas, entre las que no figura el diputado D'auria, propietario del surtidor.
En el marco de la investigación la jueza Arroyo Salgado dispuso la detención de Adrián Darío Marcal Gaggo y de Miguel Ángel Lamparelli.
El diputado D’auria dijo ser víctima del grupo delictivo
“Como quedó claro en el acta de allanamiento labrada por personal de Gendarmería y de la AFIP, del registro de los diferentes sectores del inmueble de la estación de servicio de mi propiedad, no se hallaron documentaciones de interés para la causa”, dijo ayer a El Tribuno el diputado Daniel D’auria, minutos después de que concluyera la requisa.
El operativo en las oficinas de la empresa metanense despertó curiosidad en la comunidad. Incluso hubo gente que se detuvo algunos minutos frente a la estación de servicio, cuando varios gendarmes e inspectores de la agencia fiscal ingresaban al lugar.
“Yo estoy muy tranquilo y no tengo nada que ocultar. Quedé sorprendido por el procedimiento, pero al mismo tiempo puse toda la documentación y computadoras a disposición de la Justicia”, remarcó.
“Parece que utilizaron el nombre de mi empresa La Red SA, pero no estamos seguros de las maniobras. Yo tengo mis empresas, con las que tributo como corresponde. Solamente puedo decir que soy una víctima del accionar de los acusados en esta investigación federal”, señaló el legislador.
Por su parte, el apoderado legal de la empresa La Red SA, el abogado metanense Nicolás Fradejas, dio una explicación al operativo: “Aparentemente han constituido una asociación ilícita, en la que hay numerosos imputados de Santa Fe, de Córdoba y Buenos Aires. Lamentablemente todo indica que se ha usado el nombre, domicilio y cuit del diputado D’auria y de numerosas empresas. Son alrededor de 200 en toda la Argentina”.
“Parece que hicieron una evasión fiscal con una presunta asociación ilícita integrada por 30 personas. Somos una víctima más en todo el país de las maniobras delictivas”, concluyó Fradejas.