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La investigación abierta contra Cattáneo aún no tiene carátula

La fiscal Poma ordenó las primeras medidas de prueba. Algunas se mantienen bajo reserva. La Fiscalía de Estado no avanzó con las actuaciones que anunció el Grand Bourg el pasado lunes.
Viernes, 23 de junio de 2017 00:00

Ayer, tras varios días de silencio, se confirmó oficialmente que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos comenzó a investigar el saqueo salarial y la explotación de empleados públicos en negocios manejados por Eduardo Cattáneo, el exfuncionario que fue echado de la Vicegobernación el pasado lunes.

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Ayer, tras varios días de silencio, se confirmó oficialmente que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos comenzó a investigar el saqueo salarial y la explotación de empleados públicos en negocios manejados por Eduardo Cattáneo, el exfuncionario que fue echado de la Vicegobernación el pasado lunes.

Ese día, El Tribuno publicó un informe periodístico que partió de un audio grabado por agentes afectados en Zuviría 820. Dentro de esa propiedad, alquilada en el macrocentro de la capital, empleados de la Cooperadora Asistencial de Salta y de la Vicegobernación fueron utilizados desde fines de 2015 en un diario digital, una radio de Internet y un troll center, detrás de la fachada de la Fundación Recursos para el Desarrollo y la Inclusión (Redinic).

El mismo lunes, fuentes del Ministerio Público señalaron extraoficialmente que la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, analizaba el caso. Horas antes, el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, y el ministro de Gobierno de la Provincia, Juan Pablo Rodríguez, habían firmado la resolución con la que Cattáneo fue echado de la Vicegobernación.

Desde el Grand Bourg también se informó a comienzos de semana que la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, iniciaría actuaciones ante la posible afectación del patrimonio público de la Provincia, pero ese organismo no avanzó con la medida anunciada.

Finalmente, la fiscal Poma abrió una investigación de oficio y ordenó testimoniales y pedidos de información a diferentes organismos, junto a otras medidas probatorias que, por el momento, se mantienen bajo reserva.

Las actuaciones judiciales se encuentran en una instancia preliminar y aún no tienen definida una calificación penal. Cattáneo -y no solo él- podría enfrentar cargos por exacciones ilegales, extorsión, abuso de poder, malversación de fondos públicos, fraude al Estado y enriquecimiento ilícito.

Las irregularidades destapadas en Zuviría 820, en efecto, van mucho más allá del saqueo de sueldos revelado por el audio que prueba cómo se apropiaba del 70% de los salarios de estatales explotados en el diario El Regional, la radio homónima de Internet y hasta en ciberataques políticos con falsos perfiles.

Cattáneo dejó la presidencia de la Cooperadora Asistencial de Salta en diciembre de 2015, envuelto en denuncias de negocios incompatibles que la Justicia no se interesó en esclarecer, a pesar de la abundante documentación pública que exponía sus turbias relaciones con el mayor proveedor de cuchetas y colchones del organismo capitalino.

Tampoco los organismos de control movieron un dedo ante el discrecional manejo de un presupuesto social de cerca de $200 millones, que incluía partidas directas recaudadas a través del impuesto de cooperadoras asistenciales y partidas provinciales de los programas descentralizados.

Fuentes con conocimiento directo de la situación, bajo reserva de identidad, aseguraron a El Tribuno que fuertes sumas de esos fondos sociales fueron usadas, poniendo a la Fundación Redinc como pantalla, para equipar completamente a los negocios que se destaparon esta semana en Zuviría 820.

Allí, el pasado 5 de junio dos inspectores de la cartera provincial de Trabajo constataron la ocupación irregular de empleados públicos y de dos trabajadores en negro. Once son agentes de la Cooperadora Asistencial, que se desempeñan en los negocios que maneja Cattáneo, por un convenio que el organismo municipal suscribió con la Fundación Redinc. Esta entidad civil sin fines de lucro -si cabe llamárla así- tiene como supuesto titular a un sobrino de Cattáneo, Santiago Bazán.

Dentro de la propiedad de dos plantas también trabajan once agentes de la Vicegobernación, entre los que se incluyen familiares y otros privilegiados "ñoquis" con cargos políticos que realizan encuestas, diseñan páginas web, viralizan contenidos de medios digitales y operan desde un troll center, con cuentas truchas, en operaciones políticas.

De un modo u otro, desde dos meses antes de que Cattáneo dejara la Cooperadora Asistencial de Salta ese antro comercial y propagandístico insumió enormes montos de dinero público, en cargos políticos sin función, sueldos sin méritos y fines totalmente alejados de las prioridades que quedan sin presupuesto en escuelas, hospitales y comedores. Por eso es tan larga la lista de los presuntos delitos por investigarse.

Una larga cadena de irregularidades

Cattáneo presidió la Cooperadora Asistencial de Salta hasta diciembre de 2015. Desde mucho antes, compartía intereses societarios con otro funcionario, Ernesto Fredy Abud, quien durante siete años fue el principal proveedor de las camas y cuchetas adquiridas por el organismo municipal capitalino.
La empresa a la que la Cooperadora adjudicó casi todos los concursos de precios y licitaciones de cuchetas entre 2008 y 2015 es El Alfil SRL. Esa fábrica de muebles de madera, radicada en el Parque Industrial de Salta, fue constituida por Abud el 20 de mayo de 2008.
El 4 de enero de 2012, el gerente de El Alfil llegó al directorio del organismo autárquico que administra el parque fabril de la capital. Dos años después, el 3 de enero de 2014, el principal proveedor de la Cooperadora asumió como titular del Ente General de Parques y Areas Industriales de la Provincia y también como director del Parque Industrial de General Mosconi.
En la localidad norteña, los intereses de Cattáneo y Abud estaban unidos desde el 15 de junio de 2011 en la empresa Pingüinos del Norte SRL. La citada firma, creada para elaborar, fraccionar, envasar y comercializar hielo, bebidas gaseosas y agua mineralizada, fue inscripta por Abud y la esposa de Cattáneo, María del Carmen Chanampa, como socios y gerentes. El 28 de diciembre de 2013, sin producir nada, Abud y Chanampa fueron favorecidos por el entonces ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, Alfredo De Angelis, con una millonaria promoción industrial.
Florencia Godard, la hija de Chanampa, fue la jefa de Compras de la Cooperadora durante la gestión de Cattáneo. Tras la salida de ese organismo, Cattáneo, Godard y otros parientes accedieron a cargos políticos en la Vicegobernación y se instalaron en Zuviría 820.

 

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