En 2009 el gobierno de Cristina Fernández presentó ante el Congreso el proyecto de "Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral". Junto con otras reformas, introducía la modalidad de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para seleccionar las candidaturas a cargos nacionales. Que sea ahora la expresidenta Cristina Fernández la que eluda participar en una interna en el partido político en que está afiliada, muestra la dificultad práctica de imponer como una obligación legal lo que tal vez debiera ser una opción voluntaria.
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En 2009 el gobierno de Cristina Fernández presentó ante el Congreso el proyecto de "Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral". Junto con otras reformas, introducía la modalidad de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para seleccionar las candidaturas a cargos nacionales. Que sea ahora la expresidenta Cristina Fernández la que eluda participar en una interna en el partido político en que está afiliada, muestra la dificultad práctica de imponer como una obligación legal lo que tal vez debiera ser una opción voluntaria.
La ley de 2009 pretendía evitar situaciones de atomización de los partidos como había acontecido en 2003 en que se presentaron 18 frentes electorales. También, supuestamente, la ley perseguía objetivos más ambiciosos. Según los fundamentos de la norma, se pretendía "consolidar la democracia en el interior de los partidos políticos" dado que "estas organizaciones siempre corren el riesgo de generar y perpetuar cúpulas poco representativas de sus bases por lo que la renovación en el seno de los partidos políticos y en la selección de sus candidatos..."
En las elecciones celebradas con posterioridad al dictado de la ley, en general los partidos han tratado de evitar la confrontación interna.
Cuando se dictó la Ley 26.571 que estableció las PASO, la discusión versó sobre si era razonable la participación de cualquier ciudadano en la elección del candidato de un partido al que no estaba afiliado. Como refieren los fundamentos de la ley, "la condición de obligatoriedad del voto posibilita que una proporción importante del electorado se involucre y, por otra, imprime de representatividad y legitimidad a los precandidatos electos por cada agrupación política".
Entre los argumentos que expusieron en contra de la obligatoriedad, destaca el que señala que si los partidos son asociaciones voluntarias, deben tener autonomía para regular su vida interna. Con el pretexto de que se busca "relegitimar a los partidos políticos desde fuera, desde el Estado" el Estado pasó a asumir los costos operativos relacionados con la organización de las primarias abiertas garantizando a todos los precandidatos condiciones de competencia equitativas. Se estima que el próximo despliegue electoral del 13 de agosto el Estado destinará 2.800 millones de pesos para soportar el costo de unas PASO que serán un simple formalismo puesto que casi ninguna fuerza política celebrará internas competitivas y sus candidatos a legisladores nacionales se medirán directamente en las elecciones de octubre.
En la práctica, el carácter obligatorio del voto convierte a las primarias en una suerte de encuesta de opinión más que un proceso transparente de selección de candidatos. Se ha llegado a afirmar que las PASO constituyen "un gran acto de comunicación" y que promueve la concentración de votos en las elecciones generales a favor de las dos agrupaciones que hayan obtenido una mayor cantidad de votos en las primarias. Sin embargo, la decisión tomada por Cristina Fernández parece desmentir esta interpretación y, por otro lado, las tribulaciones del candidato Florencio Randazzo en el Partido Justicialista demuestra que la prerrogativa de las Juntas Electorales de los partidos para fijar las reglas de juego en la oficialización de las listas, tiene un peso mayor.
Es cierto que la calidad de los partidos políticos es decisiva para mejorar la calidad de una democracia. La existencia de partidos políticos democráticos, que garanticen en su interior la competencia que permita la alternancia y evite el cumplimiento de "la ley de hierro de las oligarquías" de Michels es una condición indispensable de la democracia moderna. Pero este objetivo no se consigue acudiendo al paternalismo estatal. En este caso, como en tantos, la intervención del Estado, como el ajo en las comidas, no debe superar la proporción adecuada. (Fragmento)