Unidos por el dolor, la injusticia, la lucha y ahora por la emoción de un gran logro, familiares de víctimas de delitos de Salta se conmovieron al igual que sus pares, quienes estuvieron el miércoles pasado en el Congreso nacional, cuando se aprobó la ley que evitará que otros transcurran los padecimientos que ellos pasaron ante un Estado que nunca los tuvo en cuenta.
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Unidos por el dolor, la injusticia, la lucha y ahora por la emoción de un gran logro, familiares de víctimas de delitos de Salta se conmovieron al igual que sus pares, quienes estuvieron el miércoles pasado en el Congreso nacional, cuando se aprobó la ley que evitará que otros transcurran los padecimientos que ellos pasaron ante un Estado que nunca los tuvo en cuenta.
Por unanimidad, la Cámara Baja de la Nación sancionó la ley de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos, que, entre otras novedades, habilita al damnificado la posibilidad de constituirse como querellante y crea centros especializados para brindar contención.
"La norma representa un gran avance, porque las víctimas hemos estado siempre relegadas y nunca tuvimos derechos ni garantías en los procesos judiciales", sostuvo a El Tribuno Ana Fernández, una de las fundadoras de la Comisión de Familiares contra la Impunidad de Salta.
Ana es mamá de Cintia, la joven de 27 años que fue encontrada sin vida el 3 de mayo de 2011 en su departamento de Parque la Vega. En ese caso, aún no hay condenados ni resoluciones por la muerte.
Durante los más de seis años que la madre lleva adelante el pedido de Justicia para su hija, conoció todos los pasillos de la Ciudad Judicial y las mañas de un sistema que no estaba pensado para las víctimas de delitos.
"Nosotros nunca tuvimos protección del Estado, los imputados siempre estuvieron por encima de las víctimas", afirmó Ana Fernández.
La nueva ley, que debe ser promulgada por el Ejecutivo y las provincias deben readecuar sus legislaciones procesales para incorporarla, también establece que las autoridades judiciales estarán obligadas a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante los procesos que atinentes. A la vez, quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.
Con esa disposición, Ana Fernández hubiera evitado largas gestiones y padecimientos para conocer detalles del expediente de su hija, que hasta ahora pasó por las manos de cuatro jueces.
La posibilidad de que la víctima se pueda presentar como querellante también sería un avance fundamental para la lucha por Justicia que lleva adelante Omar Valdez, padre de Mauricio, uno de los cuatros agentes de Defensa Civil que murieron calcinados cuando combatían, sin recursos ni apoyo, un incendio forestal en Guachipas, en octubre de 2014.
Por las muertes hay tres imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público (el exsubsecretario de Defensa Civil Víctor Ola Castro y los exjefes de los programas de Brigada Forestal y de Defensa de Ambiente, Roberto Durnelli y Víctor Dagum), pero el padre reclama que la causa cambie a la carátula de homicidio culposo y se investigue las responsabilidades de autoridades de mayor rango.
A pesar de que su hijo fue una de las víctimas de la tragedia y hay personas acusadas, a Valdez no le permiten presentarse como querellante en la causa y por lo tanto tampoco acceder a los expedientes de la investigación judicial que llevan adelante las fiscales Mónica Poma y Gabriela Romero Nallar.
"Hice una presentación para ser querellante en la causa de mi hijo, pero la petición fue rechazada por las fiscales en noviembre pasado. En marzo volví a pedir lo mismo y hasta ahora no tengo respuestas", contó Omar a este medio.
El caso de los brigadistas es un ejemplo claro de la falta que hacía una ley como la que se sancionó la semana pasada. Los familiares de los cuatro fallecidos estuvieron desamparados por la Justicia desde la tragedia. Incluso la investigación había sido cajoneada por el fiscal de Cerrillos, Gabriel Portal, y se tuvo que volver a abrir luego de que este diario difundiera, nueve meses después de la fatalidad, un video de los últimos minutos de los agentes de Defensa Civil, que fue grabado con el celular de Martín Albarracín, otra de las víctimas.
Los familiares de Albarracín, quienes fueron los principales impulsores para que las muertes no queden impunes, decidieron suspender las acciones que llevaban adelante en la Justicia, hartos de la indiferencia y las negligencias de un sistema estatal que los consideró enemigos.
"Peleamos contra un pulpo que cajonea los expedientes y te golpea por todos lados; es difícil actuar contra el Estado", se lamentó Omar Valdez.
Sin lugar para caranchos
La nueva ley estipula que las víctimas podrán acceder a asesoramiento legal gratuito hasta que termine el proceso penal y se agote la pena dictada contra el victimario. Esto se hará con la puesta en marcha de una red de letrados de la Defensoría General de la Nación, quienes actuarán como defensores coadyuvantes.
La normativa establece, además, la creación de la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y Capital Federal.
"Yo caí en manos de abogados inescrupulosos en un principio. Cuando ocurre una fatalidad uno quiere que se solucione lo más pronto posible y hay abogados caranchos que se aprovechan de eso. Con esta ley habrá menos lugar para ellos", dijo Raúl Padovani, titular de la fundación Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (Pavicei).
Raúl perdió a su hija Verónica en abril de 1997, cuando fue atropellada por un auto que era conducido por un conductor ebrio en la avenida Tavella, cerca del acceso al barrio San Remo.
Tras la fatalidad, el padre caminó hasta Buenos Aires en reclamo a penas más duras en los siniestros viales.
Puntos destacados de la ley
- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la Justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
- La víctima tendrá derecho a intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales.
- También podrá examinar documentos y actuaciones, y ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado, como así también se le permitirá aportar información y pruebas durante la investigación.
- La víctima también podrá solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
- Se crearán, en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos.
- Se incorporó la figura de defensor público de la víctima, que será designado uno por provincia.