La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba integrada por los jueces Luis Rueda, Liliana Navarro y Eduardo Barros, ratificó en su dictamen, que el Gobierno debe reglamentar y cumplir la ley que prevé el pago extrajudicial por daño moral a damnificados por la voladura de la Fábrica Militar ocurrida hace 22 años, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, la Justicia Federal denegó al Estado nacional el recurso extraordinario que había planteado para llegar a la Corte Suprema de Justicia en la demanda para que se reglamente la norma aprobada por el Congreso en 2015, que estableció un acuerdo para abonar resarcimientos a unos 10 mil riotercerenses que habían iniciado demandas por daños morales, en una megacausa patrocinada por el abogado cordobés Mario Ponce.
El reclamo judicial planteaba que el Estado abone las indemnizaciones en base a esa ley ya sancionada. Pero ni el Gobierno nacional anterior ni el actual reglamentaron esa ley, por lo que su aplicación efectiva se ha dilatado.
La Cámara en fallos anteriores ordenó al Estado que la haga efectiva, pero este siempre apeló esos fallos.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba integrada por los jueces Luis Rueda, Liliana Navarro y Eduardo Barros, ratificó en su dictamen, que el Gobierno debe reglamentar y cumplir la ley que prevé el pago extrajudicial por daño moral a damnificados por la voladura de la Fábrica Militar ocurrida hace 22 años, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, la Justicia Federal denegó al Estado nacional el recurso extraordinario que había planteado para llegar a la Corte Suprema de Justicia en la demanda para que se reglamente la norma aprobada por el Congreso en 2015, que estableció un acuerdo para abonar resarcimientos a unos 10 mil riotercerenses que habían iniciado demandas por daños morales, en una megacausa patrocinada por el abogado cordobés Mario Ponce.
El reclamo judicial planteaba que el Estado abone las indemnizaciones en base a esa ley ya sancionada. Pero ni el Gobierno nacional anterior ni el actual reglamentaron esa ley, por lo que su aplicación efectiva se ha dilatado.
La Cámara en fallos anteriores ordenó al Estado que la haga efectiva, pero este siempre apeló esos fallos.
El abogado Mario Ponce manifestó que con esta última resolución ya no hay más posibilidades de apelación y por ello interpreta que estaría corriendo a partir de esta semana el plazo de 60 días que el Poder Ejecutivo tiene para reglamentar la ley sancionada hace más de dos años.
A fines de 2016, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, hizo lugar al amparo presentado por el abogado Ponce para intimar al Estado a que cumpla con el pago extrajudicial, tal como lo establece una ley nacional, cuyo plazo para la reglamentación venció hace casi más de un año.
El magistrado había fijado un plazo de dos meses para que el Estado proceda a la reglamentación, recordó Ponce.
En el eventual caso de que el Estado decida presentar algún recurso de queja, Ponce opinó que "no tiene efecto suspensivo", por lo que descarta que se vean interrumpidos los plazos.
Respecto al monto, se estima desde el grupo de demandantes que a razón de 100 mil pesos por caso, representarían para la ciudad un desembolso de unos mil millones de pesos, que serían pagados en bonos del Estado a las familias que iniciaron demandas por este grupo. De todos modos, hasta tanto no se reglamente la ley las cifras y modalidades no están confirmadas.
Luego de la voladura del 3 de noviembre de 1995, que dejó siete muertos, 300 heridos y millonarias pérdidas materiales, el Estado indemnizó entre 1996 y 1999 por vía administrativa los daños generados en inmuebles, vehículos y a los heridos y familiares de los muertos, pero no hizo lugar a peticiones por daños morales.
Años después, se armó un grupo con ese reclamo que reunió a unos 10 mil vecinos. Además, unos dos mil riotercerenses más iniciaron otras demandas judiciales, por otras vías, que en parte han obtenido sentencias favorables ya y muchas de ellas han sido pagadas mientras otras siguen en trámite.