El convenio fue firmado por la directora de la ANMAC, Natalia Gambaro y los presidentes de ambos consejos, Mario Oscar Bongianino y Pablo López Viñals, en un encuentro que los funcionarios mantuvieron en Buenos Aires en los últimos días. De esta manera, y según los puntos acordados en el acuerdo, quedó establecido que a aquellas personas que estén involucradas en delitos de violencia de género o familiar se les restringirá la posibilidad de portar armas de fuego en forma legal.
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El convenio fue firmado por la directora de la ANMAC, Natalia Gambaro y los presidentes de ambos consejos, Mario Oscar Bongianino y Pablo López Viñals, en un encuentro que los funcionarios mantuvieron en Buenos Aires en los últimos días. De esta manera, y según los puntos acordados en el acuerdo, quedó establecido que a aquellas personas que estén involucradas en delitos de violencia de género o familiar se les restringirá la posibilidad de portar armas de fuego en forma legal.
Con este acuerdo, los organismos involucrados reafirmaron la decisión política de trabajar a nivel nacional en forma preventiva en la problemática de la violencia de género y familiar, un flagelo que afecta a toda la sociedad y sobre el cual se hacen necesarias toda clase de medidas preventivas. El convenio establece mecanismos mediante los cuales las fiscalías informarán a la ANMAC sobre las causas vinculadas con este tipo de conductas de tipo penal en forma inmediata, para que este organismo, cuya funciones giran en torno a la supervisión del uso de armas de fuego, ponga en marcha los procedimientos precautorios y/o sancionatorios, según corresponda quedando registrados en el Banco Nacional Informatizado de Datos.
El mecanismo
“Cada vez que las fiscalías tomen conocimiento de una denuncia de violencia de género, nos va a informar a nosotros que tenemos dos alternativas: detectar inmediatamente si esa persona sujeto de denuncia tiene un arma legal registrada y proceder entonces a informar para incautarla; o bien dejar el antecedente en nuestra base de datos respecto a que esa persona tiene una denuncia y así evitar que en el futuro pueda adquirirla en el mercado legal”, explicó Gambaro. La funcionaria agregó que “la Reforma Procesal Penal tiene plazos muchos más cortos y necesita que las agencias estatales también estén a la altura de esas circunstancias. De esta manera pueden tomar decisiones mucho más rápidas con información confiable”.
López Viñals, Procurador General de Salta y Presidente del Consejo Federal de Política Criminal, coincidió con la necesidad de agilizar los plazos y allanar los trámites legales, sobre todo cuando se “trata de tomar medidas de prevención que podrían salvar vidas”. Asimismo, López Viñals resaltó la asistencia técnica que se compartirá a partir de este convenio entre los organismos que firmaron el acuerdo, lo cual permitirá “perfeccionar” la tarea que llevan adelante, tanto las fiscalías, como la ANMAC.