La industria del juicio existe en la Argentina industrial y postmoderna. Pruebas hay en número suficiente. Sin intentar penetrar más allá de la piel de la historia argentina contemporánea, merece recordarse que durante la crisis de la justicia laboral de los años 80 y 90, desbordada por la cantidad de causas, algunos magistrados fueron investigados. El laboralista Julio Grisolía, ha señalado en uno de sus trabajos que "En la segunda mitad de la década de los ochenta se vivió la peor crisis de la Justicia Nacional del Trabajo". Y que al final de los noventa y comienzos de este siglo la litigiosidad logró disminuir notablemente. Pero como un "moto perpetuo", el uso de fallos como instrumentos del delito fue omnipresente.
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La industria del juicio existe en la Argentina industrial y postmoderna. Pruebas hay en número suficiente. Sin intentar penetrar más allá de la piel de la historia argentina contemporánea, merece recordarse que durante la crisis de la justicia laboral de los años 80 y 90, desbordada por la cantidad de causas, algunos magistrados fueron investigados. El laboralista Julio Grisolía, ha señalado en uno de sus trabajos que "En la segunda mitad de la década de los ochenta se vivió la peor crisis de la Justicia Nacional del Trabajo". Y que al final de los noventa y comienzos de este siglo la litigiosidad logró disminuir notablemente. Pero como un "moto perpetuo", el uso de fallos como instrumentos del delito fue omnipresente.
Algunos ejemplos
En el año 1996 el Senado nacional destituyó al juez Francisco Trovato, acusado de cohecho, y condenado más tarde en la causa penal a seis años de prisión. Había sido un "favor" valuado en alrededor de veinte mil pesos de aquella época, que fue el costo del placard que el juez exigió como requisito para un fallo favorable.
Al año siguiente,1997, el exministro Domingo Cavallo acusó al entonces juez de la Corte Suprema de Justicia Augusto Belluscio, involucrándolo en la industria de juicios contra el Estado, que permitió sentencias millonarias a favor de los demandantes. Los ferrocarriles del Estado fueron el blanco.
El pedido de juicio político contra Belluscio, quien estaba envuelto también en el escándalo de su detención en París por la policía francesa, llegó a ser tratado en la Cámara de Diputados, pero no obtuvo la mayoría necesaria para destituirlo a causa de la oposición del bloque radical.
Las sentencias escandalosas contra Ferrocarriles del Estado comprometieron al exjuez Alberto Nicosia, entonces titular del Juzgado Nacional en lo Civil N§ 35, probándose que lideraba a un grupo dedicado a la "industria del juicio", que también benefició a los accionantes por un monto cercano a los setenta millones de dólares. El entonces fiscal penal Moreno Ocampo, promovió acción en 1990 contra el juez, varios abogados, peritos y funcionarios de la exempresa estatal, por maniobras fraudulentas, en alrededor de noventa causas en las cuales se lograron esas millonarias indemnizaciones.
Destituido en 1992 mediante juicio político (el primero contra un juez desde la vuelta a la democracia), Nicosia fue también inhabilitado para ocupar cargos públicos. La causa penal que tramitaba en paralelo avanzaba rápidamente y Nicosia se fugó. Ocho años más tarde fue detenido en Uruguay y extraditado a Argentina.
Jarrones y corralitos
En el inicio del 2000, Interpol había descubierto en Río de Janeiro a otro prófugo: el ex juez federal de Dolores Hernán Bernasconi, a quien la Justicia argentina había procesado como jefe de asociación ilícita por hechos que consistían en involucrar a "ricos y famosos" en causas penales falsas, inventando las pruebas, como aquel emblemático jarrón y las denuncias de la inefable Samanta. Guillermo Coppola y el exfutbolista Alberto Tarantini fueron dos de los perjudicados con estas maniobras. Por estos hechos Bernasconi fue destituido y finalmente condenado a nueve años de prisión.
Durante 2002, el entonces titular del Banco Central, Mario Blejer, acusaba a aquellos jueces que hicieron lugar a los recursos de amparo que permitieron, de modo irregular, retirar dólares del corralito por un total de dos mil millones. La sospecha era "que hubo estudios jurídicos que promovieron los amparos de ahorristas con depósitos de grandes sumas. Y que habría existido una vinculación entre los depositantes, los estudios jurídicos y algunos jueces vinculados en el pasado con esos estudios, para lograr un rápido trámite judicial". La denuncia de Blejer coincidía con la realizada por diputados justicialistas. "Esos legisladores sostuvieron que hubo provincias en donde los recursos de amparo fueron una verdadera industria". (Página 12; 26/4/2002).
Durante 2006, el juez Carlos Liporace fue investigado por el trámite de dos causas a su cargo: el contrabando regular de cocaína a España en valijas que transportaba la empresa Sowthern Winds y otra en la que benefició impositivamente a la curtiembre Yoma, vinculada a la familia política de Carlos Menem. Liporace finalmente fue condenado a cuatro años de prisión por haberse probado que el juez otorgó indebidamente el reintegro a la curtiembre de ocho millones de pesos embargados en su momento por la AFIP.
Jueces e intrigas
En algunas ocasiones los magistrados lograron renunciar a tiempo. En 2009 lo hizo el exjuez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez, quien investigaba "la ruta de la efedrina", que vinculaba a carteles mexicanos y empresarios argentinos. Faggionato involucró en una causa al diputado Francisco De Narváez sin ninguna prueba durante la campaña de las elecciones.
Otro caso implicó al exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid, que renunció también en 2009. Procesado por las escuchas de sobornos en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra, el magistrado fue cuestionado asimismo por el sobreseimiento realizado a favor del exministro De Vido y su mujer Alessandra Minnicelli, en ese tiempo titular de la Auditoria General de la Nación.
En 2012 Diego Bossio, titular de la ANSES, fue otro de los funcionarios que afirmó la existencia de la “industria del juicio”. Esta vez no se trataba de juicios laborales ni contra el Estado nacional. Ahora la connivencia reunía a jubilados, abogados y jueces. El militante funcionario destacó la lucha del gobierno para acabar con la confabulación entre los estudios y la Justicia, que “buscan estafar al Estado”. “Hay quienes hacen de la industria del juicio un modelo de gestión”, dijo Bossio. (El Cronista, 3/1/2012).
Para esa época la Corte Suprema de Justicia de la Nación había cesanteado a dos secretarios judiciales, Emmanuel Catardo y Fernando Mora, involucrados en lo que se dio en llamar el “juzgado paralelo” en el fuero previsional, que perjudicó en varios millones de pesos a la ANSES.
Un ejemplo extraño ha sido el de Norberto Oyarbide, un juez federal notablemente incombustible, quien fue reiteradamente denunciado en lo que va de este siglo por motivos siempre graves. “El juez más corrupto de la Argentina”, afirmó de él Elisa Carrió. Pero nada ni nadie podía con este magistrado. La “industria” que parecía gerenciar era la producción de fallos y resoluciones que beneficiaron a altos funcionarios nacionales, incluidos el expresidente Kirschner y su esposa.
Eximio malabarista, ni el video viral de su presencia en un lujoso prostíbulo de Recoleta, ni la indecorosa exhibición de un anillo de miles de dólares, supuestamente regalado, le hizo perder el equilibrio. Recién el año pasado, frente a un juicio político que avanzaba rápidamente y ya sin ningún respaldo gubernamental, presentó su renuncia. A los pocos días, el 14 de abril de 2016, por Decreto Nº 580 el presidente Macri la aceptó sin más trámites.
Modernización del control
Todos los hechos narrados provocaron una modernización del sistema de control de la gestión judicial. En 1991 se dictó el Decreto Nº 2.140/91, por el cual la Nación dispuso una auditoría que estableció un sistema de información y registro de todos los juicios de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, Fuerzas Armadas y de Seguridad y empresas del Estado.
Los organismos obligados fueron tres: La Procuración del Tesoro de la Nación, La Sindicatura General de Empresas Públicas y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se fortaleció así el control estatal sobre la marcha de las causas judiciales que tenían como parte al Estado, fuese como actor o como demandado. Todavía no existían las reformas constitucionales del año 1994; éstas, crearon entre otras cosas la Auditoría General de la Nación y el nuevo status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de municipio a ser una ciudad autónoma, similar a una provincia.
En 1996 la Ley 24.667 dispuso que el Procurador del Tesoro dependiese de manera directa del Presidente de la Nación, facultándolo la ley a actuar con total independencia técnica. Esa procuración dispuso entonces que los juicios de relevante significación económica (más de tres millones de dólares) así como los de relevancia institucional, sean patrocinados por el Procurador del Tesoro de la Nación, y no por los abogados de las distintas áreas y organismos estatales. Salta no fue ajena a esa evolución y en la reforma constitucional de 1998 creó la Auditoría General de la Provincia y otorgó mayor relevancia a la Fiscalía de Estado al ubicarla el texto dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, como representante de la Provincia en todos los juicios en que ésta sea parte y al Fiscal de Estado como asesor jurídico del gobernador.
La mala imagen de la Justicia y lo que fue percibido como una necesidad de cambio demandada por la gente, fueron elementos receptados por los magistrados.
En Salta la Corte de Justicia puso en vigencia el Código de Ética de los Jueces, que enfoca tanto la conducta laboral como la desplegada en la comunidad por los jueces. A su vez, muchos magistrados crearon una nueva asociación civil que los agrupa, la Asociación de Jueces de la Pcia. de Salta, de perfil técnico, integrada solamente por magistrados judiciales, características que la diferencian de la otra asociación civil existente, que agrupa por igual a miembros del Poder Judicial como del Ministerio Público, y con cierta preferencia político partidaria.
La industria del juicio, el usar las instituciones judiciales para fines ajenos a su función, con perjuicio del Estado o de terceros, tiene al menos medio siglo de desarrollo en el país, sin que se hayan escandalizados demasiado los líderes políticos, gremiales, deportivos, industriales o del resto del espectro argentino.