Las fugas de los Centros de Inclusión Transitoria (CIT) de la Provincia para niños, niñas y adolescentes que no pueden estar con sus familias son moneda corriente. La semana pasada, se conoció en los medios el caso de tres niños, de 9 a 12 años de edad, quienes se habían escapado el domingo 9 de julio de uno de esos hogares ubicado en barrio Castañares. Recién el viernes siguiente aparecieron dos de ellos, mientras que el tercero no retornó, aunque en estos días se supo que estaba en la casa de su madre.
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Las fugas de los Centros de Inclusión Transitoria (CIT) de la Provincia para niños, niñas y adolescentes que no pueden estar con sus familias son moneda corriente. La semana pasada, se conoció en los medios el caso de tres niños, de 9 a 12 años de edad, quienes se habían escapado el domingo 9 de julio de uno de esos hogares ubicado en barrio Castañares. Recién el viernes siguiente aparecieron dos de ellos, mientras que el tercero no retornó, aunque en estos días se supo que estaba en la casa de su madre.
Para que no se vuelvan a escapar, a los dos niños alojados en la institución de la zona norte de la capital salteña les asignaron consigna policial.
En enero de este año tomó estado público la segunda fuga de una adolescente de 14 años alojada en otro CIT. Estuvo más de tres meses desaparecida sin que se hicieran muchos esfuerzos para encontrarla.
También a principios de 2017, dos muchachos menores de 17 años se reportaron desaparecidos del hogar provincial ubicado en barrio Tres Cerritos.
Esos son los casos que se pueden rastrear tras denuncias de familiares o porque fueron informados por la Policía, pero no son los únicos que ocurrieron en lo que va del año y ni de periodos anteriores.
"Actualmente, tenemos algunos casos de fugas, sobre todo de adolescentes con problemas de adicciones", reconoció en diálogo con El Tribuno Ana Pastrana, directora de Niñez y Familia del Ministerio de la Primera Infancia. Sin embargo, la funcionaria, responsable de los CIT no recordaba la cantidad de chicos desaparecidos.
Existen 8 Centros de Inclusión Transitoria en la ciudad de Salta y uno en Tartagal. En los de la capital se alojan unos 200 chicos por año, desde niños recién nacidos hasta adolescentes de 17 años.
La mitad de los albergues son para mayores de 13 años y pueden hospedar, en total, a 46 personas. Son pocos como para olvidar a quienes están desaparecidos.
La solución a la problemática quizás no sea endurecer los controles en los hogares, sino contener a quienes llegaron a ellos por situaciones de vulnerabilidad para que no vuelvan al mismo infierno del que el Estado los intenta, y debe, rescatar.
Falencias
A los CIT son derivados por disposiciones judiciales, desde toda la provincia, quienes fueron víctimas de violencia, maltrato, abuso o abandono.
En cada hogar está asignado un equipo técnico compuesto por un trabajador social y un psicólogo.
También trabajan nutricionistas para controlan la alimentación en todos los hogares y operadores que pasan el día a día con los alojados y los deben acompañar o asistir en las actividades escolares o recreativas.
No son instituciones de reclusión, por lo que los chicos deberían poder salir y volver a las mismas con los límites que tendrían en una casa familiar, con las diferencias lógicas entre los dos casos.
Una de las mayores dificultades que se presentan en los Centros de Inclusión son las adicciones, que en algunos casos los adolescentes contrajeron al entrar a esos hogares. "El tratamiento de adicciones es complejo, en los programas disponibles se busca la adhesión personal y voluntaria al tratamiento y eso en un adolescente es muy difícil", explicó la directora de Niñez y Familia.
Por normativa, basada en la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los CIT deben ser transitorios. Así lo dispone el marco legal nacional al que la Provincia adhirió a mediados de enero, a pesar de que fue sancionado en el Congreso en 2005. Los alojados en los distintos dispositivos no tendrían que estar más de 180 días en esas instituciones, ya que el objetivo de la ley es que puedan volver junto a sus padres o núcleo familiar, pero sin las condiciones que hicieron que fueran separados de los mismos.
Si el retorno a la familia es inviable, se inician, como último recurso, los procesos para que los alojados en los CIT puedan ser adoptados.
Varios adolescentes llevan más de tres años en los CIT y algunos, de acuerdo a fuentes consultadas por este medio, habrán pasado toda su niñez y adolescencia en los hogares estatales. Sus futuros, en el mundo adulto, son inciertos.
Un problema es que son muy pocas las familias que desean adoptar a adolescentes, quienes no tienen otra posibilidad que seguir bajo los programas gubernamentales hasta que cumplan 18 años.
Las políticas para contener a los chicos que no pueden permanecer con sus familias están bajo la lupa en estos días también por el juicio que se está realizando por el caso de Thiago Quipildor, un niño de 4 años que falleció por desnutrición y maltrato mientras estaba al cuidado de padres sustitutos que habían sido seleccionados por el Estado.
La hermana de uno de los chicos fugados hace dos semanas del CIT de Castañares contó a El Tribuno que el niño junto a otro compañerito fueron llevados por su madre a su casa y desde ahí los llevaron de regreso al hogar estatal.
Dijo que su hermanito relató que se escapó porque uno de los operadores habría incitado a otros chicos a que le peguen por no cumplir con tareas domésticas.
“Me hacían patotera”, dijo el niño de 9 años, según aseguró la hermana, de 15 años de edad y madre de un bebé. También tiene dos hermanitas, de 12 y 6 años, en otros CIT.
Por las supuestas situaciones de violencia que denunció el niño se habría radicado una denuncia policial y se inició una investigación interna en el CIT de Castañares.