En medio de la embestida del gobierno de Mauricio Macri contra las ‘mafias sindicales‘, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado , llevan adelante investigaciones impulsadas por denuncias de la AFIP contra un conjunto de gremios acusados de operar con facturas truchas, que alcanzaron incluso al sindicato de estaciones de servicio liderado por Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la CGT.
Armella realizó un allanamiento al sindicato de estaciones de servicios que lidera Carlos Acuña, en una megacausa que investiga una posible evasión y fraude fiscal de unos 3000 millones de pesos en unas 200 instituciones.
El procedimiento se produjo la semana pasada con inspectores de la AFIP, pero recién trascendió ayer, y se secuestro una gran cantidad de documentación cuyo contendio no trascendió porque forma parte del secreto fiscal. En rigor, Armella venía investigando al contador Angel Guidoccio, a quien se vincula con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, allegado a Macri.
La causa se originó hace un año por una denuncia de la AFIP. Según publicó La Nación, la Casa Rosada conocía la investigación y el operativo que se hizo en la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra). ‘En realidad se allanaron varios gremios vinculados al estudio contable de Guidoccio y dicen que hay intención de perseguirlos, pero es un tema de la AFIP‘, dijo un ministro.
Según fuentes del juzgado de Armella, el foco investigativo es una organización de facturas apócrifas que fueron distribuidas entre empresas, sindicatos, organismos oficiales e instituciones. En mayo último, por la misma causa, hubo allanamientos en el Ministerio de Economía del gobierno de Santiago del Estero que dirige Claudia Ledesma, y en dos ministerios bonaerenses, el de Producción y la dirección de Cultura y Educación, de la gestión de María Eugenia Vidal. La red nutriría de facturas truchas a otras dependencias en Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Neuquén y Río Negro, según la investigación.
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En medio de la embestida del gobierno de Mauricio Macri contra las ‘mafias sindicales‘, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado , llevan adelante investigaciones impulsadas por denuncias de la AFIP contra un conjunto de gremios acusados de operar con facturas truchas, que alcanzaron incluso al sindicato de estaciones de servicio liderado por Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la CGT.
Armella realizó un allanamiento al sindicato de estaciones de servicios que lidera Carlos Acuña, en una megacausa que investiga una posible evasión y fraude fiscal de unos 3000 millones de pesos en unas 200 instituciones.
El procedimiento se produjo la semana pasada con inspectores de la AFIP, pero recién trascendió ayer, y se secuestro una gran cantidad de documentación cuyo contendio no trascendió porque forma parte del secreto fiscal. En rigor, Armella venía investigando al contador Angel Guidoccio, a quien se vincula con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, allegado a Macri.
La causa se originó hace un año por una denuncia de la AFIP. Según publicó La Nación, la Casa Rosada conocía la investigación y el operativo que se hizo en la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra). ‘En realidad se allanaron varios gremios vinculados al estudio contable de Guidoccio y dicen que hay intención de perseguirlos, pero es un tema de la AFIP‘, dijo un ministro.
Según fuentes del juzgado de Armella, el foco investigativo es una organización de facturas apócrifas que fueron distribuidas entre empresas, sindicatos, organismos oficiales e instituciones. En mayo último, por la misma causa, hubo allanamientos en el Ministerio de Economía del gobierno de Santiago del Estero que dirige Claudia Ledesma, y en dos ministerios bonaerenses, el de Producción y la dirección de Cultura y Educación, de la gestión de María Eugenia Vidal. La red nutriría de facturas truchas a otras dependencias en Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Neuquén y Río Negro, según la investigación.
Allanamientos
Paralelamente, en junio, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, hizo unos 200 allanamientos por facturación apócrifa, entre ellos el del sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano. En marzo, en otra causa, la misma magistrada había secuestrado documentación del gremio gastronómico, de Luis Barrionuevo, que está analizando la AFIP por facturas truchas y posible violación a la ley penal tributaria.
El monto total estimado del fraude fiscal que investiga Armella es de 3.000 millones de pesos. El sindicato de Acuña sería apenas uno de las 200 instituciones investigadas. No obstante, fuentes judiciales no descartaron que en los próximos días Acuña sea imputado.
No está definido el delito. Podrían ser evasión o fraude fiscal. El tema cobra relevancia política porque Acuña responde a la línea cegestista que lidera el gastronómico Luis Barrionuevo y es uno de los tres miembros de la conducción de la CGT.
La CGT, contra la flexibilización laboral de Temer
La CGT repudió la presencia del presidente brasileño Michel Temer en el país y lo acusó de llevar adelante una reforma ‘que retrocede las condiciones laborales 100 años atrás‘. A través de un comunicado, la central obrera advirtió que los cambios en la legislación son un ‘laboratorio para avanzar contra todos los derechos históricos de los trabajadores‘ en la Argentina.
La central obrera asegura que la reforma laboral ‘afecta negativamente más de 120 aspectos que protegían las condiciones de trabajo‘. Además cuestiona que ‘al imponer la negociación sin presencia del sindicato, se facilitará la imposición de condiciones‘.
La CGT sostuvo que el Gobierno de Macri querrá introducir los mismos cambios después de octubre. ‘Ese es el proyecto de las fuerzas de derecha en el poder‘, concluyó.