El fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condena a la República Argentina a reparar perjuicios ocasionados a la firma Marsans por la arbitraria rescisión del contrato para la operación de Aerolíneas Argentinas. El Gobierno argentino dijo que rescindía porque no habían invertido lo acordado. Mintió. El fallo detalla puntillosamente cada una de las inversiones que la arbitraria estatización dejó sin recuperar.
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El fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condena a la República Argentina a reparar perjuicios ocasionados a la firma Marsans por la arbitraria rescisión del contrato para la operación de Aerolíneas Argentinas. El Gobierno argentino dijo que rescindía porque no habían invertido lo acordado. Mintió. El fallo detalla puntillosamente cada una de las inversiones que la arbitraria estatización dejó sin recuperar.
La administración Kirchner nacionalizó la empresa y su filial Austral Líneas Aéreas en 2008, pagando burlescamente 1 peso como indemnización (lo depositó en una cuenta de Marsans). En los medios de comunicación los funcionarios actuantes se reían exhibiendo una moneda de 1 peso. Esa burla ahora nos costará 320 millones de dólares. El fallo tiene 2 mensajes, uno al Estado Argentino y otro a los argentinos.
En un primer mensaje, el Ciadi le dice al Estado argentino que no tiene ninguna atribución o potestad especial para desconocer derechos adquiridos por terceros en un contrato o en una ley, y que, si los desconoce, más tarde o más temprano tendrá que pagar los perjuicios ocasionados. Ningún Estado está obligado a mantener un contrato que no conviene al interés público, pero si está obligado a negociar una rescisión justa y legal.
Pero hay un segundo mensaje: en más de 30 oportunidades el fallo advierte sobre la ilegitimidad de los actos que llevaron a la rescisión del contrato Marsans. ¿Qué significa eso?
En la ley argentina, si los daños provocados por el Estado a terceros derivaron de actos ilícitos, el Estado tiene 3 años para reintegrarse de los funcionarios que cometieron los actos ilícitos el dinero pagado a los terceros (Ley 26.944 - En el caso de Salta, artículo 5 de la Constitución Provincial). Es decir, cuando los perjuicios a reparar fueron fruto de actos o hechos ilegales o derivados de la impericia y negligencia de los funcionarios, la indemnización debe ser pagada por los funcionarios, y, si la pagara el Estado, corresponde el juicio de reintegro contra los funcionarios que provocaron el perjuicio. Pero la Nación y las provincias (Salta incluida) tienen otros juicios pendientes en el Ciadi por contratos incumplidos.
¿Podríamos decir que los jueces de este Tribunal Internacional tuvieron la Sabiduría y la Audacia que les falta a algunos jueces argentinos?
La responsabilidad penal del funcionario debe aplicarse, pero mucho más importante es la responsabilidad civil del funcionario. Con la responsabilidad penal en muy pocos casos terminan presos y por poco tiempo. En cambio, la responsabilidad civil implica que deben pagar de su bolsillo los daños que ocasionaron. Esta es la verdadera responsabilidad que le duele al funcionario y que, cuando la apliquemos, terminará con la arbitrariedad y el autoritarismo.
Los jueces tienen la potestad, cuando se demanda al Estado, de expresar como "previo y especial pronunciamiento", si existen actos o hechos que "podrían" calificarse como ilegítimos, y, en este último caso, citar al juicio a los funcionarios para, en su caso, ser condenados en ese proceso o en uno posterior, a la reparación de los perjuicios ocasionados. Pero son pocos los jueces que se atreven a ejercer ese derecho.
Argentina necesita jueces libres y valientes. 16.000 millones de dólares hemos pagado los argentinos en los últimos 10 años por las ilegalidades, las arbitrariedades y el autoritarismo de los funcionarios públicos. Y seguiremos pagando con nuestros impuestos hasta que un juez los cite a juicio y les diga que deben pagar ellos. No es tan difícil.