Uno más bravo que otro y cortados por la misma tijera. Nadie con tanto poder como los "tutores" de los derechos humanos para hacer de la vida un infierno. La presunta acusación de la comisión de crimen de lesa humanidad formulada por un fiscal transforma al desgraciado en un argentino de cuarta. Un maldito a expensas de linchamiento judicial y mediático al que se puede condenar con el simple testimonio del guerrillero que hace cuarenta años intentó matarlo. Los juicios parten de la premisa de que todo aquel que participó de la lucha contra la subversión marxista en los años 70 cometió, prima facie, un delito de lesa humanidad. No es la forma en que se reprimió lo que se condena sino el hecho de haberlos reprimido. De allí que, para los fiscales y jueces cualquier acto de represión contra un combatiente del ERP o montoneros, por nimio, brutal o justificado, debe considerarse dentro del "plan sistemático de exterminio de la población civil". Por lo contrario, el expreso "plan sistemático de exterminio de las fuerzas armadas y de la burguesía" ejecutado en parte por aquellos a quienes los jueces llaman "población civil", no merece la atención de los "derechos humanos" ni de los Lorenzetti, Zaffaroni, Avruj, Garavano, Macri, Bergoglio o Lanata.
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Uno más bravo que otro y cortados por la misma tijera. Nadie con tanto poder como los "tutores" de los derechos humanos para hacer de la vida un infierno. La presunta acusación de la comisión de crimen de lesa humanidad formulada por un fiscal transforma al desgraciado en un argentino de cuarta. Un maldito a expensas de linchamiento judicial y mediático al que se puede condenar con el simple testimonio del guerrillero que hace cuarenta años intentó matarlo. Los juicios parten de la premisa de que todo aquel que participó de la lucha contra la subversión marxista en los años 70 cometió, prima facie, un delito de lesa humanidad. No es la forma en que se reprimió lo que se condena sino el hecho de haberlos reprimido. De allí que, para los fiscales y jueces cualquier acto de represión contra un combatiente del ERP o montoneros, por nimio, brutal o justificado, debe considerarse dentro del "plan sistemático de exterminio de la población civil". Por lo contrario, el expreso "plan sistemático de exterminio de las fuerzas armadas y de la burguesía" ejecutado en parte por aquellos a quienes los jueces llaman "población civil", no merece la atención de los "derechos humanos" ni de los Lorenzetti, Zaffaroni, Avruj, Garavano, Macri, Bergoglio o Lanata.
Hay que ver a los cazadores de brujas cuando querellan desde el Ministerio Público fiscal y desde la Secretaría de DDHH para tener una idea cabal de la sangre fría y determinación con que acosan a sus presas.
Vaya uno a saber en qué estarían pensando los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti para cometer la herejía de fallar contra la "política de Estado de derechos humanos" consensuada por los tres poderes ¿No saben, acaso, que gracias a ese calculado odio inyectado se han montado a lo largo y ancho del país, burocracias de DDHH que dan trabajo a miles de argentinos? El odio puede tener su lado bueno Por qué no!
Respecto del origen y diseño de la política de derechos humanos lo aconsejable es ir a las fuentes mismas: Roberto Cirilo Perdía, segundo comandante de Montoneros, en "Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona"; p. 646/47 (obra maestra del cinismo), dice: "De todas maneras mi principal actividad en esos años estuvo concentrada en la cuestión de los derechos humanos. Más adelante lo haría como asesor de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos. En el marco de estas políticas, en el año 95 se crearon las condiciones para la reapertura de los juicios con motivo de los crímenes cometidos durante la dictadura". Todo bien pero no me cierra el que un violador serial de los derechos humanos como Roberto Perdía se constituya nada menos que en un mentor de la "política de Estado" en derechos humanos. Y no solo él, también otros. Por ejemplo, los exterroristas Horacio Vertbisky, Rodolfo Matarollo y Luis Duhalde, por citar algunos entre tantos.
Pero no solo la calidad de quienes fueron los padres de la criatura hace ruido, también el que en nombre de los derechos humanos se violen esos derechos a personas de carne y hueso. Un hecho del pasado puede que ayude a resolver esta aparente contradicción: Isaac Nachman Steinberg, quien desde diciembre de 1917 a marzo de 1918 ejerció el cargo de comisario del pueblo de Justicia en el gobierno soviético liderado por Vladímir Lenin, cuenta que en medio de un conflicto que tuvo con la Cheka (la policía del régimen montada para asesinar opositores) se suscitó el siguiente diálogo: "¿Para qué sirve un Comisariado del Pueblo para la Justicia? preguntó Steinberg a Lenin. Que lo llamen Comisariado del Pueblo para el Exterminio Social y se entenderá la razón!". "Excelente idea respondió Lenin. Es exactamente como yo lo veo. Desgraciadamente, no se le puede lla mar así!"