Ollanta Humala, encarcelado; Lula da Silva, condenado; Ricardo Martinelli, detenido; Dilma Rousseff, destituida; Alejandro Toledo, fugado, y Michel Temer y Cristina Kirchner, acorralados.
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Ollanta Humala, encarcelado; Lula da Silva, condenado; Ricardo Martinelli, detenido; Dilma Rousseff, destituida; Alejandro Toledo, fugado, y Michel Temer y Cristina Kirchner, acorralados.
La caída en desgracia de varios mandatarios y expresidentes latinoamericanos está generando una positiva sensación de justicia en la región. Los entuertos del Lava Jato brasileño y de los Panamá Papers han generado una beneficiosa colaboración judicial transnacional, permitiendo que los sistemas judiciales nacionales se despeguen de sus ataduras políticas locales.
La reacción judicial en cascada ha generado que el público sienta mayor empatía y sensación de justicia, pese a que falte un largo trecho para ver órganos independientes, rápidos y eficientes.
La impresión de que la ley se aplica a todos por igual genera bienestar. El expresidente Barack Obama lo expresó en forma elocuente frente al Congreso: "Nos va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo y donde todo el mundo juega con las mismas normas". Por el contrario, el papa Francisco, en varios de sus peregrinajes, definió como "terrorismo de Estado" la falta de justicia o su complicidad con el poder político.
La sensación de justicia en un país genera los mismos atributos que el buen funcionamiento de la bolsa de valores. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin credibilidad no llegan las inversiones foráneas y el desarrollo económico no despega. Esta versión a la baja se observa en el gobierno de Mauricio Macri. Pese a que sus medidas políticas y económicas despiertan admiración con una "Argentina que se abrió al mundo", la sensación de que no hay seguridad jurídica, ya sea porque se reciclan los malhechores en carreras electorales o se escudan en los fueros del Congreso, hace que las inversiones prometidas no desembarquen.
Peor aún. Cuando los niveles de justicia están bajos, abonan el terreno para el crimen organizado y el narcotráfico. Estos desembarcan y se potencian en países en los que fácilmente pueden comprar funcionarios, jueces y policías.
No es casualidad que en aquellos países donde hay mejor administración de justicia o mayor sensación de ella, como en el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, los índices de corrupción e inseguridad sean menores y los de estabilidad democrática sean mayores.
Venezuela, por el contrario, ha tocado fondo en materia de justicia y seguridad pública. Hoy el régimen de Nicolás Maduro se encuentra a la deriva y en terapia intensiva por haber utilizado a la justicia como instrumento político. Los índices de violencia y homicidios son de los más altos del mundo, casi todas las empresas multinacionales se han "escapado" del país y la gente pobló las calles a los gritos para exigir justicia y cambio de gobierno.
Seguramente si la Justicia venezolana se comportara autónoma del poder político como la brasileña, Maduro ya habría sido destituido y encarcelado. Y no se trata de que la idiosincrasia social de Brasil sea diferente a la de Venezuela o a la de cualquier otro país, pero sucede que hace algo más de una década se hizo una reforma que blindó al sistema judicial de las injerencias políticas. La independencia ganada desde entonces muestra fehacientemente los buenos resultados.
En Latinoamérica somos testigos de varios gobiernos que han utilizado el enunciado de "democratizar a la justicia", como excusa para buscar su propia inmunidad. La fórmula la usó a rajatabla el chavismo, pero también fue parte del kirchnerismo y el correísmo. En estos regímenes la colocación de jueces adictos creó verdaderos carteles judiciales para hacer la vista gorda, encarpetar casos propios de corrupción y para perseguir a los opositores políticos.
La connivencia entre justicia y poder político no es la única fuente de injusticia. También lo es la falta de recursos económicos que se le asigna al aparato judicial, el que recibe no mucho más del 1% del PBI de un país. Es decir, que si a la Justicia se la sigue considerando la cenicienta entre los poderes públicos y se la mira como un gasto y no como una inversión, el desarrollo de América Latina seguirá confiscado.