Un centenar de personas que han sido condenadas por la Justicia provincial serán beneficiadas por el arresto domiciliario, monitoreado a través de dispositivos tecnológicos que funcionan con radiofrecuencia y sistema de posicionamiento global (GPS). La Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme) fue inaugurada ayer en las oficinas del Ministerio de Derechos Humanos (DDHH) y Justicia de la Provincia (Santiago del Estero 2.291).
inicia sesión o regístrate.
Un centenar de personas que han sido condenadas por la Justicia provincial serán beneficiadas por el arresto domiciliario, monitoreado a través de dispositivos tecnológicos que funcionan con radiofrecuencia y sistema de posicionamiento global (GPS). La Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme) fue inaugurada ayer en las oficinas del Ministerio de Derechos Humanos (DDHH) y Justicia de la Provincia (Santiago del Estero 2.291).
En una primera etapa será beneficiada una porción específica de la población, compuesta por mujeres embarazadas o con hijos pequeños, personas con enfermedad grave y ancianos.
La decisión de a quién se le otorga este beneficio dependerá de los juzgados que intervienen, luego de haber evaluado los perfiles de las personas y las causas por las que han sido condenadas.
El sistema de vigilancia electrónica consta de una tobillera o brazalete que se coloca a la persona en su domicilio y que se controla de manera permanente desde la sala inteligente de operaciones. Este programa depende del Servicio Penitenciario y trabaja con agentes propios que fueron capacitados, homologados y certificados por el Ministerio de Justicia y DDHH de Nación.
Ramiro Lucena, subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios de la Provincia, explicó que los dispositivos tecnológicos son de muy buena calidad y funcionan con protocolos de actuación muy afinados. "Ante el mínimo intento de ser vulnerado, el sistema genera alertas que son recibidas en el centro de monitoreo desde donde inmediatamente se realiza la acción operativa en coordinación con la Policía", señaló.
El evento de mínima es que haya un corte en la provisión de energía eléctrica y el de máxima es que el sujeto intente sobrepasar el perímetro ya configurado. Se puede detectar si la persona intenta cortar la pulsera, sacársela o manipular alguno de los dispositivos que transmiten el enlace con radiofrecuencia.
"Además de tener un mayor control sobre las salidas que ya están estipuladas, nos brinda la posibilidad de llevar más internos a los talleres industriales y a las granjas de producción con las que cuenta el Servicio Penitenciario", manifestó Lucena.
El costo de los equipos ha sido absorbido por el Ministerio de Justicia y DDHH de Nación, por lo que no significaron una erogación para la Provincia.
Los requisitos mínimos
La ministra de DDHH y Justicia de la Provincia, Pamela Calletti, destacó que este nuevo proyecto "descomprime el sistema carcelario de personas que están próximas a recuperar la libertad".
La funcionaria explicó a El Tribuno que este beneficio no se aplica en casos de "femicidios, delitos sexuales ni de lesa humanidad". "Esto es para personas que han cumplido condenas y están próximas a recibir la libertad. Se hace como paso previo, para pasar del encierro a la libertad", observó.
Este beneficio se otorga cuando las condiciones personales están dadas: el sujeto no tiene que tener antecedentes de haber incumplido ninguna norma de semilibertad. Además, debe poseer un informe socioambiental favorable, es decir, el entorno al que va con monitoreo no tiene que implicar un riesgo. Los requisitos tecnológicos también deben ser adecuados: el domicilio debe tener cobertura de telefonía fija y móvil y suministro de energía eléctrica propia.
"Desde que inicié mi gestión, uno de los grandes desafíos y obsesiones ha sido incorporar la tecnología. Avanzamos primero con botones; después, con pulseras para violentos y, finalmente, con este sistema para privados de libertad", concluyó Calletti.