Cinco miembros del Servicio Penitenciario de Salta serán sometidos a juicio oral por graves fallas detectadas en el sistema de control y en las medidas de seguridad que debieron haber observado para evitar un femicidio cometido en el penal salteño de Villa Las Rosas durante una visita íntima, informaron fuentes judiciales.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Rivero, requirió juicio para Juan Carlos Gutiérrez, José Luís Ávalos, Fernando Daniel Velásquez y Héctor Augusto Franco, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Además, hizo lo propio para Nelson Alexander Cardozo, por "abandono de persona seguido de muerte", en el marco de la causa que investiga el femicidio de Andrea Neri (18) a manos de Gabriel Herrera (39), alias “Chirete”, quien cumplía condena por haber asesinado a su ex pareja también en una visita íntima.
El hecho se registró el 5 de enero último, cuando Neri se acercó al principal penal salteño para visitar a su pareja con el bebé de ambos en brazos.
Durante la visita privada, en la celda 372 del pabellón E, donde estaba alojado "Chirete", el hombre le recriminó a la joven la publicación de una foto en Facebook, en la que se la veía junto a otro hombre.
La charla derivó en el ataque que terminó con la vida de Neri, quien recibió 36 puntazos en la zona del cuello, por lo que en mayo último el fiscal solicitó el enjuiciamiento de Herrera, por el delito de "homicidio calificado, agravado por la relación de pareja y femicidio".
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Cinco miembros del Servicio Penitenciario de Salta serán sometidos a juicio oral por graves fallas detectadas en el sistema de control y en las medidas de seguridad que debieron haber observado para evitar un femicidio cometido en el penal salteño de Villa Las Rosas durante una visita íntima, informaron fuentes judiciales.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Rivero, requirió juicio para Juan Carlos Gutiérrez, José Luís Ávalos, Fernando Daniel Velásquez y Héctor Augusto Franco, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Además, hizo lo propio para Nelson Alexander Cardozo, por "abandono de persona seguido de muerte", en el marco de la causa que investiga el femicidio de Andrea Neri (18) a manos de Gabriel Herrera (39), alias “Chirete”, quien cumplía condena por haber asesinado a su ex pareja también en una visita íntima.
El hecho se registró el 5 de enero último, cuando Neri se acercó al principal penal salteño para visitar a su pareja con el bebé de ambos en brazos.
Durante la visita privada, en la celda 372 del pabellón E, donde estaba alojado "Chirete", el hombre le recriminó a la joven la publicación de una foto en Facebook, en la que se la veía junto a otro hombre.
La charla derivó en el ataque que terminó con la vida de Neri, quien recibió 36 puntazos en la zona del cuello, por lo que en mayo último el fiscal solicitó el enjuiciamiento de Herrera, por el delito de "homicidio calificado, agravado por la relación de pareja y femicidio".
Guardicárceles
La investigación del fiscal no se detuvo en el autor del hecho, sino que se extendió sobre los guardiacárceles que esa tarde tendrían que haber resguardado la seguridad y la vida de la víctima.
Rivero expresó que en el caso de Franco, que era el jefe del Pabellón E; de Velázquez, que era el subjefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento; de Gutiérrez, que era el director del penal; y de Ávalos, que se desempeñaba como jefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento, queda acreditado que omitieron el cumplimiento de sus funciones, detalladas en el Reglamento Interno de Unidades Carcelarias y otras normativas.
En tanto, el fiscal evaluó que la muerte de Neri se podría haber evitado si se hubieran extremado los controles, sobre todo en el caso del interno Herrera, quien se encontraba cumpliendo condena por haber matado a su anterior pareja dentro de una unidad carcelaria, también durante una visita privada.
De esta forma, quedaron al descubierto fallas graves en los sistemas de control y en las medidas de seguridad que tendrían que haber tomado estos funcionarios.
Los voceros detallaron que se trata de funciones de cumplimiento ineludible y que se encontraban en la órbita del ejercicio de su cargo, con lo que se evidencia un actuar intencional.
En el caso de Cardozo, que era celador y que el día del femicidio se desempeñaba en la tercera planta del pabellón E, quedó acreditado que hizo caso omiso de la advertencia de un recluso que le informó que Herrera estaba agrediendo a Neri en los baños y que la llevó en contra de su voluntad a la celda.
El fiscal entendió que, en su condición de funcionario del Servicio Penitenciario, el celador tenía el deber no solo de custodiar a la población carcelaria sino también a cualquier persona que ingrese a su zona de custodia.
En este sentido, para Rivero, Cardozo facilitó con su inacción el fatal desenlace de la joven.
Con toda esta base probatoria reunida, Rivero presentó el requerimiento a juicio ante el Juzgado de Garantías 4, a cargo de Diego Rodríguez Pipino.