Los intermediarios del mercado de seguros -tercian entre los asegurados y las grandes compañías aseguradoras- acusan de ilegítima e inoficiosa la reciente determinación de la Superintendencia de Seguros de la Nación en torno de las formas de pago de los asegurados, que si bien se implementará gradualmente, estipula que para marzo del año próximo no haya pólizas que se abonen en efectivo.
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Los intermediarios del mercado de seguros -tercian entre los asegurados y las grandes compañías aseguradoras- acusan de ilegítima e inoficiosa la reciente determinación de la Superintendencia de Seguros de la Nación en torno de las formas de pago de los asegurados, que si bien se implementará gradualmente, estipula que para marzo del año próximo no haya pólizas que se abonen en efectivo.
Se busca que todo el sistema opere exclusivamente con pagos a través de tarjetas de crédito o débito, o vía cheques.
El proceso de bancarización de los pagos, argumentan, invade el derecho de los asegurados a elegir la forma de abonar las pólizas y es inoportuno por la coyuntura de retracción económica nacional. Sobre esto último, se considera que la medida puede causar la fuga de parte de la demanda que no estaría presta a imbuirse de las modalidades de pago puramente bancarias.
El presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Salta (APAS), Luis Tais, expresó a este medio que "estamos en contra de la resolución, principalmente, porque avasalla al consumidor en su derecho de elegir libremente cómo pagar el seguro", y añadió que "además, esta medida no fue consensuada con el mercado asegurador ni con las compañías de seguro ni con nosotros, los productores asesores, que concentramos el 65% del negocio en el país".
"La intención es que se comience a bancarizar todo el país, el ciudadano común, pero no es el momento adecuado para emitir esta medida porque todo el sistema está muy frágil por los momentos económicos que vivimos. No consideramos que sea oportuno, estamos preocupados porque se pueden perder clientes e ingresos genuinos", añadió Tais. También remarcó que la obligación de pagar por otras vías que no sean el dinero en efectivo aleja a los clientes de las empresas, reduciendo el contacto, con lo cual se les dificulta la creación de fidelidad y confianza, elementos esenciales para una relación comercial sostenida.
De acuerdo a las estimaciones del presidente de APAS, en la provincia operan aproximadamente unos 600 productores asesores -intermediarios-, agrupados en la asociación, y tienen asiento unas 40 compañías aseguradoras. Sobre este último total, solamente una es de capitales salteños, todas las demás son firmas nacionales.
Rechazo nacional
La posición del referente provincial se corresponde con lo expresado en días pasados por la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (Fapasa), que tras una reunión en Santiago del Estero emitió comunicados resaltando el rechazo a lo resuelto por el organismo descentralizado del Ministerio de Finanzas de la Nación -la Superintendencia-.
La institución nacional, adonde está enrolada APAS, anticipó que obrará las acciones necesarias para echar por tierra la medida impulsada desde la hacienda nacional. "Fapasa hace saber a los hombres y mujeres del seguro, y a la comunidad toda, que hará uso de todas las instancias administrativas, judiciales y políticas que sirvan a preservar el derecho a la libre elección de los asegurados", advirtieron luego del cónclave en Santiago del Estero, el pasado 22 de junio.
Argumentan que actualmente más de la mitad de las operaciones de primas se realiza mediante variantes digitales, pero subrayaron que ello se da así por lógica propia de los mercados de seguros y no por imposición de una normativa.
La Fepasa, que nuclea a veintidós entidades provinciales de intermediarios en el rubro seguros, recibió el apoyo de la Federación Patronal de Seguros, en la que se agrupan las grandes compañías. El titular de esta última, Edgardo Jorge del Pecho, afirmó que "la aplicación de la norma puede generar pérdida de producción en las aseguradoras y destrucción de empleos en el sector".
Lo resuelto
El 14 de junio la Superintendencia de Seguros de la Nación dispensó la Resolución 40.541, que luego fue oficializada a través del Boletín Oficial de la Nación el día 19 del mismo mes. En el artículo primero se establece que los intermediarios del negocio de los seguros deberán cobrar sus saldos "exclusivamente" a través de las opciones electrónicas que otorga el Banco Central o mediante cheque.
Entre los fundamentos de la medida se destaca que "se debe promover el desarrollo de técnicas modernas y seguras de gestión de fondos con el objeto de estimular la sustitución de los pagos en efectivo", tal como establece el Grupo de Acción Financiera Internacional, al cual adhiere el país por la Unidad de Información Financiera.