La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia revocar un fallo que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Educación Superior aprobada en 2015, que establecía el ingreso irrestricto a la enseñanza superior de grado, en un dictamen ante el alto tribunal.
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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia revocar un fallo que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Educación Superior aprobada en 2015, que establecía el ingreso irrestricto a la enseñanza superior de grado, en un dictamen ante el alto tribunal.
Se trata de la ley 27.204, que estableció la responsabilidad indelegable del Estado en la educación superior –a la que define como un bien público y un derecho humano–, la gratuidad de los estudios superiores y el acceso libre e irrestricto a la enseñanza de grado para quienes hayan aprobado la secundaria. La norma se judicializó el año pasado, a partir de un amparo solicitado por la Universidad de La Matanza (UnLam), que argumentó que la norma desconoce la autonomía universitaria y reclamó su derecho a definir las condiciones de ingreso para los alumnos, lo cual fue aceptado por el juez Pablo Cayssials, al declararla inconstitucional.
Ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones, tras lo cual el fiscal general Rodrigo Cuesta presentó un recurso de queja en el que pidió que se revocara esa sentencia, lo cual fue sostenido por Gils Carbó en el dictamen que envió este miércoles a la Corte Suprema como última instancia judicial.
En su dictamen, la procuradora señaló que la ley 27.204 "busca que la evaluación de las capacidades de los aspirantes se realice mediante programas específicos de formación y nivelación en la propia universidad a fin de reducir el impacto de las asimetrías ocasionadas por factores sociales y deficiencias del propio sistema educativo que excluyen a ciertos sectores del acceso a la universidad".
La titular del Ministerio Público Fiscal destacó que en todas las instancias del caso la Procuración "ha enfatizado que el criterio de acceso a la educación superior definido en los artículos 2 y 4 de la ley 27.204, lejos de contradecir la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales citados, persigue su realización efectiva".
Al respecto, recordó que los derechos a la educación superior, a la igualdad y a la no discriminación están consagrados tanto en la Constitución Nacional como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional.
En este sentido, Gils Carbó subrayó que en este caso se encuentra en juego la responsabilidad del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso a la educación superior.