La veda electoral fue concebida para imponer un silencio político que, a cambio, dé lugar a la reflexión de cada ciudadano. Como siempre, hay muchos indecisos, pero también muchas personas desencantadas de la política y desorientadas con los candidatos.
Las primarias obligatorias, además, se convirtieron en una gran encuesta cuyos resultados se develarán el domingo por la noche. Pero esa “encuesta”, en realidad, será una selección que reducirá drásticamente el número de los candidatos. Es decir, para octubre simplificará a la gente la tarea de elegir. Los candidatos que sigan en carrera se verán obligados a afinar el lápiz.
inicia sesión o regístrate.
La veda electoral fue concebida para imponer un silencio político que, a cambio, dé lugar a la reflexión de cada ciudadano. Como siempre, hay muchos indecisos, pero también muchas personas desencantadas de la política y desorientadas con los candidatos.
Las primarias obligatorias, además, se convirtieron en una gran encuesta cuyos resultados se develarán el domingo por la noche. Pero esa “encuesta”, en realidad, será una selección que reducirá drásticamente el número de los candidatos. Es decir, para octubre simplificará a la gente la tarea de elegir. Los candidatos que sigan en carrera se verán obligados a afinar el lápiz.
La raíz del desconcierto
La ciudadanía les va a reclamar proyectos concretos, es decir, objetivos puntuales y populares, y que digan cómo piensan alcanzarlos.
Los precandidatos participan de una contienda que los desborda.
Sin duda, las dos grandes figuras nacionales, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ejercerán efecto arrastre en Salta. Ocurrirá ahora y en octubre. Pero esas adhesiones ocultan lo esencial. Al elegir diputados se define un representante que lleve el proyecto de provincia al Congreso o a la Legislatura.
¿Existe un proyecto de provincia? ¿Existen alternativas para la crisis que castiga, por ejemplo, el norte provincial? ¿Existe un diagnóstico sobre las carencias de los barrios?
Sin proyecto
De izquierda a derecha, todos los postulantes hablan del empleo y del salario como “un derecho”. Pocos abordaron la cuestión por la raíz: ningún precandidato desglosó los problemas de infraestructura, de costo de transporte, de acceso a los mercados, de presión impositiva, de inseguridad jurídica y de atraso tecnológico; es decir, de todos los males que generan en Salta niveles insostenibles de pobreza y desempleo y que obligan al Estado a funcionar como institución benéfica en vez de motor de desarrollo. Ahora, esos proyectos deberían salir a la luz, lo cual exigiría poner en marcha, de nuevo, los partidos.
La política en deuda
No resulta extraño que la campaña salteña se encuentre huérfana de temas de fondo. Los legisladores provinciales deben prepararse para ingresar a cámaras donde el debate está ausente. Sin embargo, cuando los legisladores provinciales se liberan de ciertos pruritos disciplinarios, entonces aparecen en el recinto los problemas, con crudeza. Poco dura ese énfasis, porque la política, en su conjunto, tiende a no profundizar demasiado.
Si el empleo es una prioridad a voces, la educación y la inseguridad no quedan atrás.
Tampoco estas cuestiones encuentran una respuesta orgánica: ¿Van a legislar de modo tal que el actual sistema educativo, que expulsa a la mitad de los estudiantes secundarios, se vuelva atractivo? ¿Van a intentar recomponer el orden jurídico de tal modo que el derecho a la educación se exprese en aptitud para el trabajo en el siglo XXI?
Un país al margen de la ley
Los legisladores y los candidatos deben resolver y definir su rol con una desventaja: deben hacer leyes en un país que vive fuera de la ley.
Deben asumir que el pragmatismo que impera en la política lleva a los gobernantes a tomar por el atajo; por eso, el desempleo no se combate alentando la inversión productiva sino multiplicando la planta del Estado.
Deben legislar en parlamentos que, desde hace décadas, renuevan las leyes de emergencia cuyo único propósito es habilitar legalmente al gobernante para que viole la ley de presupuesto o la de responsabilidad fiscal, omita los controles de los poderes del Estado y cierre las puertas de las auditorías a la oposición.
Un país al margen de la ley pero además, según comienzan a observar los analistas críticos de la sociedad, un país y una provincia donde cada vez más la gente vive en dos “órdenes jurídicos” paralelos: el oficial y el que imponen los poderes fácticos que surgen de la crisis social.
“Los patrones”, dirían los bagayeros enfrentados en Orán con la AFIP.
Ese criterio es clave para entender la compleja realidad social salteña, donde parecen amplios espacios en los que el Estado está ausente para construir, para controlar y para recaudar.