El fiscal Ramiro Michel Cullen solicitó a la Justicia que el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Salta y la empresa Néstor A. Marozzi sean condenados a cumplir con "las obras y acciones" tendientes a resolver los problemas de "inundación y contaminación" en el río Arenales, además de reubicar a las familias asentadas en zonas de riesgo.
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El fiscal Ramiro Michel Cullen solicitó a la Justicia que el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Salta y la empresa Néstor A. Marozzi sean condenados a cumplir con "las obras y acciones" tendientes a resolver los problemas de "inundación y contaminación" en el río Arenales, además de reubicar a las familias asentadas en zonas de riesgo.
El pronunciamiento del fiscal se realizó en el marco de un recurso de amparo presentado por vecinos de barrios ubicados en las riberas del cauce, que fueron víctimas de una inundación en enero de 2011.
La causa involucra a familias de Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, entre otros sectores.
El amparo fue presentado en contra de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia y la empresa Néstor Marozzi SA.
En septiembre del 2012, el juez Mario D'Jallad, exintegrante de la Quinta Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, rechazó el amparo de los vecinos y lo consideró abstracto porque la Municipalidad había presentado un plan de acción y ejecutado determinadas obras en respuesta a las quejas.
El rechazo del amparo, sin embargo, fue apelado y esto provocó que la causa fuera girada a la Corte de Justicia de Salta, que el 20 de agosto de 2014 resolvió revocar el fallo del juez D'Jallad en consonancia con el dictamen del fiscal ante la Corte 1, Alejandro Saravia, quien había discrepado con la decisión del magistrado de declarar abstracta la solicitud.
En sus fundamentos, Saravia se pronunció por la admisión del recurso de apelación y consideró que la cuestión "no se ha agotado con la presentación de los planes y que requiere, por el contrario, una intervención activa y periódica del juez del amparo, quien debe supervisar que el programa de obras presentado por el municipio se cumple y que resulta eficaz".
En su resolución, en tanto, la Corte sostuvo que era "prematura" la decisión del juez D'Jallad de rechazar el amparo ante la sola presentación del municipio de un plan de obras, y por lo tanto revocó dicha sentencia y encomendó al juez la adopción de "medidas necesarias" para actualizar la información relativa a la realización de dichas acciones por parte de los organismos públicos involucrados. Asimismo, ordenó que se preste atención a las medidas tendientes a futuro, "para evitar las previsibles consecuencias sobre personas y bienes que pudieran derivarse de nuevas crecientes del río Arenales y para sanear de contaminación su cauce".
Tras la revocatoria de la Corte, el nuevo juez Marcelo Ramón Domínguez convocó a los vecinos y a los funcionarios a una audiencia pública, que se realizó el 5 de febrero de 2015, oportunidad en la que se actualizaron los puntos de obras a fin de cumplir con el mandato de la Corte de Justicia.
En lo sucesivo se realizaron diversas acciones judiciales a fin de verificar las distintas obras informadas, tanto desde la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Municipalidad.
Tras hacer un análisis de todos los informes y otras pruebas producidas, el fiscal Cullen consideró que "son numerosas las obras y acciones ya realizadas tendientes a lograr la estabilización y saneamiento del río ordenada por la Corte de Justicia de Salta. Sin embargo, las mismas aún son insuficientes".
El fiscal sostuvo que "debería condenarse a los distintos organismos involucrados juntamente con el Estado provincial y municipal (nucleados en la Unidad Ejecutora) que concreten las obras y acciones pendientes incluidas en el plan a corto, mediano y largo plazo, presentado y explicado en la audiencia del 5 de febrero de 2015, como así también toda otra acción necesaria para lograr la recuperación y saneamiento del río en cuanto a los problemas de inundación, limpieza, contaminación y reubicación de las familias asentadas en zonas inundables".
Creen que los trabajos desde 2011 fueron insuficientes
El fiscal consideró que se debe encauzar el río y reforestar.
El fiscal Ramiro Michel Cullen, que interviene en la causa iniciada por vecinos que demandan obras para prevenir una nueva inundación del río Arenales y trabajos de saneamiento, consideró que falta un seguimiento sobre la situación de la cuenca.
“Se observa que los distintos organismos involucrados fueron realizando actividades tendientes a mejorar la situación del río Arenales. Se realizaron obras para el tratamiento de desagües cloacales, se eliminaron focos de contaminación y volcamientos clandestinos, se procedió a la limpieza y retiro de escombros y basura en las márgenes del río, se han realizado obras de encauzamiento y dragado, se procedió a reubicar a algunas familias”, detalló el fiscal, pero agregó que estos trabajos no alcanzan.
“Son numerosas las obras y acciones ya realizadas tendientes a lograr la estabilización y saneamiento del río ordenada por la Corte de Justicia de Salta. Sin embargo, las mismas aún son insuficientes. Además, considero que para evitar consecuencias sobre personas y bienes que pudieran derivarse de nuevas crecientes del río Arenales y para sanear la contaminación de su cauce, debe continuarse con acciones de carácter permanente, incluidas en el plan maestro acompañado por la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del río Arenales”.
Soluciones
Entre las medidas a adoptar, en el dictamen de Cullen se destaca un plan de forestación de espacios recuperados en las márgenes del río y medidas “para evitar la instalación de nuevas familias en aquellas zonas que queden comprendidas dentro de las zonas inundables”.
También se sugirió determinar la línea de ribera y “relocalizar, de manera progresiva y de acuerdo a un orden de prioridad, a las familias que continúan habitando en zonas con riesgo de inundación”.
Encauzar el río y construir defensas de manera permanente es otra de las indicaciones que se destacan en el dictamen de Ramiro Michel Cullen.
El fiscal además sostiene que se debe “establecer un sistema de control efectivo y permanente para evitar que se continúe arrojando basura y escombros, como así también impedir el ingreso de nuevos ocupantes en las zonas con riesgo de inundación”.
También solicitó “condenar a Néstor A. Marozzi S.A. a que retire los metros necesarios para que los límites del catastro Nº 88.825 coincidan con los estribos del puente sobre la avenida Tavella y, de corresponder, oportunamente, retire también la franja de terreno que eventualmente surja luego de fijada la línea de ribera”. Según se denunció, esta empresa habría ocupado espacio de la ribera, lo que empeoró la situación.
Con los pedidos de condena, el dictamen fue girado al juez Marcelo Domínguez el 20 de julio a fin de que se dicte nueva sentencia en torno del caso, en el que los vecinos de los barrios aledaños al río aún esperan soluciones concretas en materia de inundaciones.
En 2011 entró más de un metro de agua en las casas y muchas familias perdieron todo lo que tenían.