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Convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizó hoy la primera de las cuatro audiencias públicas para establecer si es constitucional un artículo de la Constitución salteña que incluye la educación religiosa en las escuelas públicas de esa provincia, en tanto que la ley nacional 1420 establece la educación laica en todo el territorio nacional.
En la audiencia participaron académicos, defensores de los derechos humanos y representantes de distintos credos que dieron sus opiniones sobre si la enseñanza religiosa debe o no ser una materia obligatoria dentro del horario de clase.
Los demandantes -una asociación civil y un grupo de madres- sostienen que, tal como es aplicada, la Ley de Educación de Salta (ley provincial 70546) y ciertas disposiciones de la Dirección de General de Enseñanza Primaria de la provincia imponen "el adoctrinamiento de menores en la religión católica aún cuando sus padres poseen otras creencias".
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta rechazó el recurso, pero dispuso que se cree un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en el catolicismo durante el horario escolar y que las prácticas religiosas -como los rezos al comienzo de las jornadas y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de religión.
Esta decisión fue ratificada por la Corte de Justicia de Salta pero recurrida por los demandantes ante la Corte Suprema de la Nación, que ahora deberá resolver sobre la cuestión.
"¿Estamos en una ciudad que se fundó con el nombre de Santa María de los Buenos Aires y en una escuela laica no podemos explicar por qué? ¿cómo es que no podemos dar información acerca de lo que significa ese crucifijo?", se preguntó el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Horacio Gentile.
Gentile señaló en su alocución la enorme cruz que pendía sobre el estrado compartido por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
El catedrático aseguró que la imposibilidad de enseñar estas cuestiones supondría "no sólo un problema religioso sino cultural porque no se pueden retirar" estos contenidos.
"La Ley 1.420 había establecido que la enseñanza religiosa la deben dictar los ministros de culto antes o después de la hora de clases, pero en la provincia de Salta más de la mitad de los colegios tienen jornada extendida de 6 u 8 horas. Además, en todos los niveles hay materias optativas" y ésta podría ser una de ellas, dijo.
A su turno, el referente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina, Sebastián Sfriso, fue tajante en asegurar que "es evidente que no corresponde la enseñanza religiosa en la escuela pública".
"En primer lugar -argumentó- porque no es enseñable en el sentido en que lo son la matemática o la historia, porque es un conjunto de creencias que se profesan y de rituales que se practican. En segundo lugar, porque no hay acuerdo sobre qué cosa entendemos cuando hablamos de religión y todos sabemos honestamente que (su enseñanza en la escuela) es algo que va a contramarcha de la historia", añadió.
Además, ante un panorama internacional en el que "fanatismos de todo tipo amenazan la convivencia pacífica, la escuela pública se erige como un formidable antídoto de tolerancia, de respeto al otro y de pluralidad" pues, además de inculcar unos saberes científicos, "transmite el método de pensamiento crítico y un conjunto de valores esenciales para la existencia de nuestra República".
Sfriso concluyó: "La enseñanza religiosa en la escuela pública no garantiza ningún derecho, puesto que todo creyente puede profesar su fe y estudiarla en sus comunidades religiosas de pertenencia, y en cambio sí vulnera derechos".
A su turno el representante del Partido Demócrata Cristiano, Pedro Andereggen, pidió al máximo tribunal ratificar los fallos anteriores "ya que la enseñanza religiosa en las escuelas estatales en el horario normal es necesario para dar efectividad al derecho humano de los niños a la educación integral", sin discriminación entre quienes pueden pagar un establecimiento privado o viven en una gran ciudad, y quienes no.
En tanto, el presidente de la AMIA, Agustín Zbar -que también participó de la primera audiencia- aseguró a Télam que la "discriminación" se produce al distribuir a los alumnos en distintas clases de enseñanza religiosa según su fe, por lo cual "es preferible la educación laica en las escuelas públicas y dejar que cada uno profese su religión donde corresponda, fuera del ámbito escolar".