Frente al crucifijo que domina la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referentes de distintos sectores expusieron ayer sus argumentos a favor y en contra de la enseñanza de religión en las escuelas públicas de Salta. Hubo cuestionamientos por la discriminación a los chicos que deben salir del aula y quedar separados del resto cuando se dicta esta materia, porque no comparten la fe de los demás, y pedidos de sostener la enseñanza como está para respetar el derecho a recibir este tipo de educación, que hasta hoy se consagra en la Legislación salteña.
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Frente al crucifijo que domina la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referentes de distintos sectores expusieron ayer sus argumentos a favor y en contra de la enseñanza de religión en las escuelas públicas de Salta. Hubo cuestionamientos por la discriminación a los chicos que deben salir del aula y quedar separados del resto cuando se dicta esta materia, porque no comparten la fe de los demás, y pedidos de sostener la enseñanza como está para respetar el derecho a recibir este tipo de educación, que hasta hoy se consagra en la Legislación salteña.
"El programa de educación religiosa instaurado en la provincia no es neutral ni objetivo sino confesional. Por eso, su ejecución requiere que los niños no creyentes o pertenecientes a minorías sean separados del grupo principal. Este solo hecho los expone a tener que dar explicaciones a sus compañeros sobre sus creencias", planteó Gustavo Grancharoff, de la Asociación Bautista Argentina.
El abogado Jorge Horacio Gentile se manifestó de acuerdo con que Salta siga entre la minoría de provincias que siguen enseñando religión. "Si queremos solucionar los problemas de la sociedad, seguramente vamos a tener que afianzar principios y el colegio no puede prescindir de explicar los que nacen en el ámbito religioso", sostuvo. Gentile consideró también que la escuela tiene que informar sobre temas como "qué significa la Santísima Trinidad".
Fueron 17 los oradores que se expresaron ayer en la audiencia que convocó la Corte Suprema antes de decidir si la Provincia debe seguir impartiendo religión en las primarias. El debate se dio en el marco de una causa que se inició cuando un grupo de padres, con apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles, presentó un recurso de amparo colectivo para que la educación pública sea laica. Las familias plantean, además, que en las escuelas hay prácticas que resultan discriminatorias para los chicos que no son católicos, como rezar o ir a misa en horario de clase.
Siete años después de que se abrió la causa, se espera una resolución definitiva. Ambos sectores se sostienen firmes y buscan espacios para plantear sus fundamentos. En el debate que se realizó ayer, nueve personas expusieron en contra de la educación religiosa en la escuela y ocho se expresaron a favor de sostenerla.
Mariana Catanzaro, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que la "instrucción religiosa debe tener un lugar, pero en las familias", y agregó no se puede dar una formación inclusiva y dictar religión a la vez.
Ernesto Eric Herrmann, de la Asociación Civil Educación Popular, pidió mantener la enseñanza como está y opinó que reformarla perjudicaría a los sectores que no pueden pagar colegios privados. "Preocupa la situación de la población más pobre, en especial de las áreas rurales, que concurre a escuelas de gestión estatal", dijo.