Las trabajadoras sociales decidieron autoconvocarse el jueves que pasó para denunciar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran a la hora de desempeñar su profesión en diferentes organismos provinciales, a la vez que difundieron una serie de puntos que consideran de urgente solución.
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Las trabajadoras sociales decidieron autoconvocarse el jueves que pasó para denunciar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran a la hora de desempeñar su profesión en diferentes organismos provinciales, a la vez que difundieron una serie de puntos que consideran de urgente solución.
En consonancia con esa medida, el Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina y Ética del Colegio de Servicio Social y Trabajo Social de la Provincia hizo un pronunciamiento en las páginas de este matutino expresando una "profunda preocupación al haber tomado conocimiento público de la sentencia judicial que involucra a una matriculada", dice el texto en referencia a la condena que recibió María del Huerto Vargas, quien fue condenada a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional; cuatro de inhabilitación para ejercer la profesión de licenciada en Trabajo Social y diez años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, en el caso del niño que falleció estando al cuidado de una familia sustituta.
El colegio que las aglutina hizo hincapié en que "en la cadena de responsabilidades se afectó el eslabón más frágil, sin valorarse la responsabilidad penal de los funcionarios políticos de turno", agrega el texto firmado por los licenciados Nelly del Carmen Sánchez y Jorge José Flores.
Precariedad
Este caso puso al descubierto la vulnerabilidad de un amplio sector de la sociedad que depende de políticas sociales y públicas, y también la crítica situación en la que desempeñan sus labores las profesionales del área. "El sistema de Atención Primaria de la Salud comenzó a decaer hace unos 20 años, cuando empezó el tema de los hospitales de autogestión", dijo Viviana Aguirrebengoa, licenciada en Trabajo Social.
Las trabajadoras sociales autoconvocadas se comprometieron a elevar un documento desde el área en que se desempeñan, para lo cual van a reunir información necesaria que luego la elevarán a las autoridades a fin de que "estén al tanto pormenorizadamente de lo que sucede y en qué condiciones tenemos que trabajar", dijo Aguirrebengoa.
También reclaman líneas claras de responsabilidad y autoridad; cargas de trabajo razonables; protección contra el burnout (síndrome de desgaste profesional); medidas de prevención y protección necesarias cuando la tarea implique un riesgo para la integridad física de los profesionales; calidad de supervisión y apoyo; lugares de trabajo saludables y seguros. "No queremos más muertes ni desprotección a niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, enfermos y población escolar", dijeron.