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La Provincia insistirá en que la educación religiosa es constitucional

El Gobierno de Salta hará su presentación ante la Corte Suprema de Justicia el 31 de agosto y reafirmará su postura, que están cuestionando especialistas como Daniel Sabsay.
Sabado, 19 de agosto de 2017 00:00

El Gobierno de Salta se prepara para defender su posición a favor de la educación religiosa en las escuelas públicas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el argumento de que este tipo de enseñanza está prevista en la Constitución provincial. Tratarán de plantear que la formación no es solo católica, sino que se incluye a todos los credos, contra lo que denuncian los padres que iniciaron la demanda para que la escuela pública sea laica.

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El Gobierno de Salta se prepara para defender su posición a favor de la educación religiosa en las escuelas públicas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el argumento de que este tipo de enseñanza está prevista en la Constitución provincial. Tratarán de plantear que la formación no es solo católica, sino que se incluye a todos los credos, contra lo que denuncian los padres que iniciaron la demanda para que la escuela pública sea laica.

El jueves 31 de agosto la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Analía Berruezo, presentará ante el máximo tribunal la postura oficial que sostiene que la enseñanza de religión no "pretende la adhesión de fe, no aborda una religión en especial ni se orienta a una práctica religiosa en sí misma", informó la agencia Télam.

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para escuchar la opinión de todos los interesados antes de resolver sobre el recurso de amparo colectivo que iniciaron padres que quieren que se deje de enseñar religión como materia en las primarias del Estado.

El máximo tribunal del país ya tuvo dos jornadas para escuchar a los oradores el miércoles y jueves, y tendrá dos más el 30 y 31 de agosto. El último día del mes expondrán los demandantes y el Gobierno de la Provincia.

El artículo 49 de la Constitución de Salta señala que "los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

En su presentación, Berruezo argumentará que la Constitución local es la que obliga al Gobierno provincial a enseñar religión y que "dicha enseñanza no reviste el carácter de confesional, ya que no pertenece ni defiende una confesión religiosa determinada".

"No es aceptable"

Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, la norma de Salta va en contra de la Constitución Nacional, porque "viola los principios de igualdad y no discriminación, porque se prefiere una religión sobre otra. Es discriminatoria y la Iglesia avala esa discriminación".

"En la sociedad democrática no es aceptable que en las escuelas públicas se enseñe religión, esto claramente estigmatiza a quienes no son católicos, estos alumnos son apartados, quedan como parias. Es preocupante la posición del gobernador. El gran desafío de las democracias es cómo se garantiza el derecho de las minorías y no al revés", afirmó Sabsay ayer a Télam.

Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho constitucional que expuso el jueves ante la Corte Suprema, consideró ayer que lo que está en juego en la decisión que tiene que tomar la Justicia sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas es "cuál es el modelo constitucional argentino vigente en lo que hace a las relaciones entre el Estado y la religión".

"Yo considero que desde 1994 tenemos un modelo secular con tendencia a la laicidad que se manifiesta en el principio de neutralidad estatal respecto al fenómeno religioso", explicó el abogado a la agencia de noticias nacional.

El experto también indicó que "el Estado no debe manifestar preferencia por religión alguna", y que impartir educación religiosa dentro del horario de clase "vulnera este principio de neutralidad estatal tanto como la libertad de conciencia de los no creyentes".

Ambos especialistas fueron consultados para conocer su opinión luego de las dos jornadas de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema en el marco del amparo presentado por familias salteñas y una ONG para que se declare la inconstitucionalidad de las normas que en esa provincia disponen que la enseñanza religiosa sea una materia obligatoria.

El planteo de inconstitucionalidad fue rechazado por el juez salteño Marcelo Domínguez y por la Corte de Justicia local, y ahora al máximo tribunal del país deberá zanjar la cuestión.

Tanto Sabsay como Gil Domínguez señalaron que será "un leading case" (caso testigo), y que la decisión adoptada por el máximo tribunal podría tener derivaciones en temas como la "objeción de conciencia" esgrimida por los médicos que se niegan a practicar abortos no punibles.

Para Sabsay, un fallo a favor de la enseñanza religiosa será "un mal antecedente, porque permitirá que la Iglesia se meta en otros aspectos, no hay que olvidar la oposición que tuvo contra el matrimonio igualitario".

En el mismo sentido se manifestó Gil Domínguez al opinar: "Si revoca los fallos anteriores, la Corte estaría garantizando el paradigma vigente y la libertad de conciencia, tanto del que cree como del que no cree. Pero avalarlos sería además un grave retroceso en materia de derecho a la educación".

“Hay 44 cultos inscriptos”

En la audiencia pública ante la Corte de Justicia hubo cruce de argumentos.

Federico Paruolo, del Frente de Abogados Populares, se manifestó en contra de la educación religiosa en las escuelas públicas durante la audiencia que se realiza para debatir el tema ante la Corte Suprema.

El letrado aseguró, el jueves, que “nadie debate eliminar la religión” sino que se discute sobre la enseñanza en las aulas estatales. “En Salta hay 44 cultos inscriptos. Imaginemos que quienes asisten a colegios alejados difícilmente puedan elegir ir a otro por no estar de acuerdo con la educación religiosa o por no rezar. No tienen los recursos”, dijo.

Paruolo además destacó que los derechos de niños, niñas y adolescentes merecen una protección especial. Agregó que le compete a la Corte Suprema velar por los niños, niñas y adolescentes de comunidades aborígenes que no comparten el credo católico.

“La ley 1420 dio este debate y los constituyentes entendieron que es necesaria la libertad de culto, sin ninguna injerencia estatal”, expresó.

Paruolo además advirtió que en las escuelas públicas de Salta “se está imponiendo simbología religiosa a un grupo vulnerable que está construyendo su subjetividad, lo que vulnera la carta magna, superior a la Constitución de Salta”.

En contraposición el abogado Jorge Portela consideró que la enseñanza religiosa es un derecho que se debe garantizar porque está consagrado en la Constitución de Salta.

“Hay una profunda religiosidad en la cultura salteña. Aquí lo que se pretende es que sigamos una verdad única a través de una especie de odio a lo religioso”, dijo Portela.

En el mismo sentido se posición la abogada Sofía Calderón, que planteó que la educación religiosa no es discriminatoria porque no es solo católica y afirmó: “Todo lo que no está prohibido está permitido”.

También se expresó a favor de la enseñanza de religión el abogado Beltrán María Fos, que leyó un escrito del constitucionalista Rodolfo Barra en el que indica que se debe sostener como parte del programa general.

Fos sostuvo que la formación religiosa no tiene por qué ser dictada en la escuela pública pero que es la única forma de hacerla factible en Salta, donde el 90 por ciento de las instituciones son estatales.

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