El dinero llegó a dos cuentas que el "Corcho" Rodríguez utilizaba en Uruguay, una en dólares y otra en euros, a nombre de esa sociedad, que controló con acciones al portador desde que la constituyó, en 2007, para operar en Zonamérica, la zona franca ubicada en las afueras de Montevideo.
A través de esas dos cuentas bancarias, el lobbista que intermediaba entre Odebrecht y el equipo de De Vido recibió al menos 53 transferencias en 29 meses. La más baja fue por US$ 18.000, mientras que las más elevadas ascendieron a US$ 500.000, en dos ocasiones, según publicó La Nación.
Esas transferencias aportan un nuevo indicio comprometedor para Rodríguez y para De Vido y sus principales colaboradores, así como para Odebrecht y los empresarios locales con los que se asoció la constructora brasileña. En particular, Carlos Wagner, de Esuco, y Angelo Calcaterra, de Iecsa. Según su propia confesión, así obtuvo el proyecto para extender las redes troncales de gas, el de AySA-Paraná de las Palmas y el del soterramiento del tren Sarmiento.
Jorge "Corcho" Rodríguez siempre negó, sin embargo, cualquier ilicitud en su relación con Odebrecht. "Juro por mi hija que nunca le pedí a ningún ejecutivo de Odebrecht dinero para coimear a funcionarios, como también juro que ni De Vido, ni Baratta, ni ningún otro funcionario me pidió jamás una coima", afirmó en un artículo publicado por La Nación.
Cordial ante cada consulta, Rodríguez explicó que Odebrecht le pagó honorarios durante años por su rol como lobbista -aunque nunca indicó que hubiera cobrado casi US$ 11 millones por esas tareas-, y dejó de contestar las llamadas y mensajes de este diario cuando recibió la pregunta concreta: "¿Es el dueño de Sabrimol?".
Diputado nacional desde 2015, De Vido también rechazó "en forma categórica haber acordado «pago» alguno con Odebrecht". Los adjudicó a una "nueva embestida brutal política y mediática, sin precedente, del Gobierno".
En su última presentación judicial, De Vido planteó que existe una "carrera de desprestigio" en su contra, según él motivada sin duda en que fue "el único funcionario que emitió una medida concreta y sensible para poner en vigor la ley de medios"; luego concentró sus críticas en "los medios monopólicos" y en Federico Delgado, uno de los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato, a quien le dijo que "desconoce el derecho y además está mal informado".
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El dinero llegó a dos cuentas que el "Corcho" Rodríguez utilizaba en Uruguay, una en dólares y otra en euros, a nombre de esa sociedad, que controló con acciones al portador desde que la constituyó, en 2007, para operar en Zonamérica, la zona franca ubicada en las afueras de Montevideo.
A través de esas dos cuentas bancarias, el lobbista que intermediaba entre Odebrecht y el equipo de De Vido recibió al menos 53 transferencias en 29 meses. La más baja fue por US$ 18.000, mientras que las más elevadas ascendieron a US$ 500.000, en dos ocasiones, según publicó La Nación.
Esas transferencias aportan un nuevo indicio comprometedor para Rodríguez y para De Vido y sus principales colaboradores, así como para Odebrecht y los empresarios locales con los que se asoció la constructora brasileña. En particular, Carlos Wagner, de Esuco, y Angelo Calcaterra, de Iecsa. Según su propia confesión, así obtuvo el proyecto para extender las redes troncales de gas, el de AySA-Paraná de las Palmas y el del soterramiento del tren Sarmiento.
Jorge "Corcho" Rodríguez siempre negó, sin embargo, cualquier ilicitud en su relación con Odebrecht. "Juro por mi hija que nunca le pedí a ningún ejecutivo de Odebrecht dinero para coimear a funcionarios, como también juro que ni De Vido, ni Baratta, ni ningún otro funcionario me pidió jamás una coima", afirmó en un artículo publicado por La Nación.
Cordial ante cada consulta, Rodríguez explicó que Odebrecht le pagó honorarios durante años por su rol como lobbista -aunque nunca indicó que hubiera cobrado casi US$ 11 millones por esas tareas-, y dejó de contestar las llamadas y mensajes de este diario cuando recibió la pregunta concreta: "¿Es el dueño de Sabrimol?".
Diputado nacional desde 2015, De Vido también rechazó "en forma categórica haber acordado «pago» alguno con Odebrecht". Los adjudicó a una "nueva embestida brutal política y mediática, sin precedente, del Gobierno".
En su última presentación judicial, De Vido planteó que existe una "carrera de desprestigio" en su contra, según él motivada sin duda en que fue "el único funcionario que emitió una medida concreta y sensible para poner en vigor la ley de medios"; luego concentró sus críticas en "los medios monopólicos" y en Federico Delgado, uno de los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato, a quien le dijo que "desconoce el derecho y además está mal informado".