El juicio por el caso Thiago llegó a su fin con el dictado de condenas para los 6 imputados. La mayor pena recayó en el matrimonio Senise, que fue sentenciado a prisión perpetua.
Eran las 21.30 cuando el tribunal encargado de impartir justicia dio a conocer su veredicto, tras una agotadora jornada que empezó a las 10 en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. Luego de los extensos alegatos de los fiscales y los defensores, en los que mediaron réplicas y contrarréplicas, los jueces Pablo Farah, Carolina Sanguedolce y Gabriela González pasaron deliberar.
A partir de ese momento el clima de tensión fue aumentando con el correr de los minutos. En la antesala del recinto se multiplicaron las emociones por parte de las imputadas Recchiuto, Vargas y Rosas y sus familiares. Estos últimos protagonizaron un incidente al término de la audiencia.
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El juicio por el caso Thiago llegó a su fin con el dictado de condenas para los 6 imputados. La mayor pena recayó en el matrimonio Senise, que fue sentenciado a prisión perpetua.
Eran las 21.30 cuando el tribunal encargado de impartir justicia dio a conocer su veredicto, tras una agotadora jornada que empezó a las 10 en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. Luego de los extensos alegatos de los fiscales y los defensores, en los que mediaron réplicas y contrarréplicas, los jueces Pablo Farah, Carolina Sanguedolce y Gabriela González pasaron deliberar.
A partir de ese momento el clima de tensión fue aumentando con el correr de los minutos. En la antesala del recinto se multiplicaron las emociones por parte de las imputadas Recchiuto, Vargas y Rosas y sus familiares. Estos últimos protagonizaron un incidente al término de la audiencia.
Cuando los magistrados retornaron al estrado y el presidente Farah leyó las sentencias, los primeros en acusar el impacto fueron Patricia Alejandra Sánchez y su esposo Víctor Marcelo Senise. En consonancia con el requerimiento fiscal, por la muerte de Thiago, el tribunal les aplicó la máxima pena como autores de los delitos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer y partícipe necesario, respectivamente. La pareja fue considerada autora de homicidio en grado de tentativa, por los vejámenes, torturas y tratos crueles a los que sometieron a una hermanita del niño.
Los otros sentenciados fueron las psicólogas Lorena Alejandra Recciuto y Jaquiline Mónica Rosas y la asistente social Marina del Huerto Vargas, las profesionales del ex Ministerio de Derechos Humanos que tenían la responsabilidad de realizar el monitoreo de los menores entregados en guarda a Sánchez-Senise por el Juzgado de Familia. Las dos primeras fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación por 4 años para ejercer sus profesiones. Rosas fue penada con dos años e inhabilitación por dos años. Al médico Sergio Alejandro Gonza le aplicaron un año de prisión, también en suspenso, y dos años de inhabilitación en la profesión.
La extenuante jornada de ayer en la Ciudad Judicial comenzó con los alegatos del fiscal Pablo Paz, quien realizó una encendida valoración de las pruebas para justificar la condena solicitada a Sánchez y a Senise. Destacó que los testimonios de la nena, que sobrevivió a los tratos crueles que sufrió junto a Thiago, y de un hermano mayor fueron cruciales para determinar la responsabilidad de los padres sustitutos. En ese sentido, señaló que quedó probado que Sánchez fue la autora material del martirio que sufrieron los menores y que para cometer los aberrantes hechos contó con la complicidad de Senise, al considerar que el hombre avaló todo con su silencio.
Paz dio detalles escabrosos de lo declarado por los niños en la cámara Gesell. Según la nena, Sánchez obligaba, tanto a ella como a Thiago, a consumir materia fecal y que en todo momento debían realizar tareas inapropiadas para un niño en el domicilio. También el fiscal confirmó que el hermano mayor refirió que la broncoaspiración que sufrió Thiago el 8 de julio de 2015 no se trató de un hecho accidental, sino que fue provocada por la mujer al introducirle un palo en la boca.
“Desde que los niños quedaron bajo la guarda del matrimonio, en diciembre de 2013, fueron sometidos a un trato infrahumano”, sentenció Paz.
A su turno, el fiscal Ramiro Ramos Osorio circunscribió su alegato en la responsabilidad que a su juicio les cupo en esta dramática historia a las integrantes del gabinete técnico que debía controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas a Sánchez-Senise al momento de hacerse cargo de la guarda de los menores. El representante del Ministerio Público hizo una valoración de las pruebas del incumplimiento de los deberes de funcionario público en el que incurrieron Recchiuto, Vargas y Rosas. A las dos primeras les adjudicó la mayor responsabilidad porque ellas debían realizar visitas periódicas al domicilio de la pareja. “Nada de esto se cumplió y para justificar su tarea elevaron falsos”, expresó.
No hay pruebas”
Orfeo Maggio, el defensor del matrimonio Sánchez-Senise, basó su alegato con el argumento de que el pequeño Thiago no murió por las 276 lesiones detectadas en su cuerpo, sino por broncoaspiración. “No hay ninguna prueba que asegure que el chico fue asfixiado por un palo, como afirmó el hermano”, dijo. También sostuvo que “mis defendidos no se hicieron cargo de los menores para matarlos, sino porque ellos deseaban tener niños en la casa”. Maggio expresó que “a nadie le puede caber en la cabeza que este matrimonio, que luchó tanto para lograr la guarda de los niños, haya cometido los crímenes que les endilgan”. También planteó sus dudas acerca del testimonio de los hermanos del niño.
Acusaron a la fiscalía de “parcialidad”
El abogado Juan Pablo Recchiuto cuestionó duramente los alegatos de los fiscales Paz y Ramos Osorio, al considerar que realizaron una acusación parcial. “En lugar de defender el orden público, sus roles se asemejaron más al de un querellante”, dijo. El defensor de la psicóloga Lorena Recchiuto sostuvo que “nunca pude saber cuál es el elemento acusatorio, como tampoco dónde está la materialidad de la prueba para imputar a mi defendida”. El letrado señaló que tanto la profesional como “las otras imputadas trabajaron de más, realizaron un enorme esfuerzo para cumplir y no es justo que se les endilgue una responsabilidad que no tuvieron. Lamentablemente quieren cortar el hilo por lo más delgado, porque los verdaderos responsables no están en el banquillo”.
En los mismos términos se refirió Sandra Ortiz, la defensora de las licenciadas Rosas y Vargas. ”Lamentablemente la fiscalía basó su acusación en elementos insuficientes”, indicó. Ortiz señaló que “hay elementos más que suficientes que prueban que mis defendidas han cumplido en un todo con la responsabilidad que tenían. Es más, puedo asegurar que hicieron más de lo que debían”.