"Lo que dispuse fue el cese de la prisión preventiva del sacerdote Rosa Torino y la adopción de medidas sustitutivas", expresó el juez Luis Félix Costas a El Tribuno minutos después de concederle la libertad al imputado. Explicó que esas medidas consisten en el arraigo, la radicación en el domicilio que fijó en Finca la Cruz, la prohibición de salir del territorio de la provincia y del país, la restricción de mantener contactos con personas vinculadas con los hechos que se investigan y los testigos de la causa.
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"Lo que dispuse fue el cese de la prisión preventiva del sacerdote Rosa Torino y la adopción de medidas sustitutivas", expresó el juez Luis Félix Costas a El Tribuno minutos después de concederle la libertad al imputado. Explicó que esas medidas consisten en el arraigo, la radicación en el domicilio que fijó en Finca la Cruz, la prohibición de salir del territorio de la provincia y del país, la restricción de mantener contactos con personas vinculadas con los hechos que se investigan y los testigos de la causa.
"También se estableció la fianza personal que prestó el doctor Raymundo Sosa, bajo la caución juratoria de que va a observar las medidas sustitutivas que se ordenaron", señaló el magistrado. Costas aclaró que únicamente se pronunció por el pedido de libertad que planteó la defensa de Rosa Torino y no por la cuestión de fondo. "La imputación que pesa en su contra no se modificó porque eso es materia de análisis al momento que se realice el juicio", indicó.
El camarista sostuvo que las medidas sustitutivas están orientadas en el mismo sentido que lo hizo el comisario canónico designado por la Iglesia católica, quien dispuso la intervención de la congregación religiosa que dirigía Rosa Torino desde la parroquia Santa Cruz y su apartamiento como sacerdote. El religioso se mantendrá en esta situación hasta que se resuelva la cuestión procesal por las denuncias de abuso sexual gravemente ultrajante que le imputan.
El juez Costas se excusó de dar detalles de su dictamen que firmó. Sin embargo, todo hace suponer que le otorgó la libertad por considerar que no existe peligro de fuga. Este fue el principal argumento que esgrimió la fiscal Luján Sodero para oponerse a que se le otorgara ese beneficio.