El pedido de la gobernadora de Buenos Aires Vidal por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense pone sobre la mesa, nuevamente, la discusión sobre el reparto de los recursos nacionales. La actualización de ese fondo, tal cual lo plantea Buenos Aires, representa una quita de más de 2 mil millones de pesos a la Provincia de Salta. Para una provincia como la nuestra, la participación de los recursos nacionales en su presupuesto es cercana al 80%. Con estos recursos, valga la aclaración, debe atenderse la seguridad, la salud y la educación, debe promoverse el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los salteños. Por lo tanto, no nos enfrentamos a una discusión menor. La distribución de los recursos nacionales ha sido, y es aun hoy, un tema central para el desarrollo del país.
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El pedido de la gobernadora de Buenos Aires Vidal por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense pone sobre la mesa, nuevamente, la discusión sobre el reparto de los recursos nacionales. La actualización de ese fondo, tal cual lo plantea Buenos Aires, representa una quita de más de 2 mil millones de pesos a la Provincia de Salta. Para una provincia como la nuestra, la participación de los recursos nacionales en su presupuesto es cercana al 80%. Con estos recursos, valga la aclaración, debe atenderse la seguridad, la salud y la educación, debe promoverse el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los salteños. Por lo tanto, no nos enfrentamos a una discusión menor. La distribución de los recursos nacionales ha sido, y es aun hoy, un tema central para el desarrollo del país.
En el génesis de la creación de la ley de coparticipación federal en 1935 estaba la solidaridad entre los territorios nacionales con prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en toda la república estableciendo qué porcentaje de los recursos que recauda la Nación Argentina iría a cada jurisdicción para garantizarlo. Desde entonces y tras sucesivas modificaciones, los recursos se distribuyen en función a un porcentaje que se estableció en 1988. Incluso en 1994, la reforma de la Constitución nacional obligaba a sancionar en los dos años subsiguientes un nuevo régimen (es decir debía estar listo en 1996) por lo que al 2017 tenemos una deuda pendiente de 21 años. El artículo 75 inciso 2 de la Constitución nacional establece que: "La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".
Frente a ello, los indicadores socio-económicos de nuestra Patria reflejan hoy un Norte Grande desfavorecido, un centro potente y la Patagonia con las características de una zona con baja densidad poblacional. Estos indicadores ofrecen estos números desfavorables, no porque los que habitamos este territorio seamos incapaces de desarrollarnos, sino por la fuerza centrípeta hacia la zona del puerto que adoptó la economía argentina a partir de su independencia.
En cualquier caso, la realidad demuestra que los fondos que se coparticipan no cumplen con la condición de generar grados equivalentes de desarrollo, ni se hacen de forma equitativa, ni tienen criterios objetivos de reparto. Las provincias con mayor nivel de pobreza estructural son las que reciben menos recursos por persona. Los argentinos no pudimos cumplir con el mandato institucional debido a que estamos en una situación similar a una trampa autoimpuesta. El régimen de federalismo fiscal argentino devino con el correr de los años en un sistema complejo, sin reglas claras de distribución secundaria, y que, no solo no eliminó las asimetrías horizontales, sino que en muchos casos contribuyó a profundizar las ya existentes. Por otro lado, resulta impensado que un legislador de cualquier lugar del país, ceda un porcentaje en favor de otra jurisdicción. Más aún, si lo hiciera, la legislatura provincial seguramente lo rechazaría. Esta realidad obliga a cuestionar el mecanismo aplicado y a plantear estrategias alternativas complementarias a lo realizado hasta ahora. En ese sentido, en 2009 elaboramos el Fondo de Convergencia, que es un sistema de coparticipación que tiene en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, con un fondo adicional que permite sortear el primer gran obstáculo para el desarrollo que es la pobreza extrema. De esta manera, el nuevo esquema de distribución del fondo combina los criterios de elegibilidad y distribución de las dos alternativas (el de convergencia en PBGpc y el de convergencia en niveles de pobreza) para desarrollar un fondo mixto integral.
El fin último del Fondo es lograr la equiparación de las condiciones de vida de las personas independientemente de en qué provincia residan y para ello es necesario incorporar en el análisis, indicadores que sean capaces de reflejar las realidades de las regiones más rezagadas.
La discusión central debe darse en torno a cómo hacemos para que el país genere un grado equivalente de desarrollo que permita que las oportunidades puedan darse, de manera equitativa, en todo el territorio nacional. Por lo tanto, no se trata de darle más fondos a Buenos Aires sino en buscar desarrollar al resto de las provincias. Ese es el "federalismo" que soñamos y tenemos la obligación de defender. Porque sin recursos adecuados, no hay políticas públicas efectivas.
El Gobierno nacional está impulsando una reforma impositiva. Es cierto que la Argentina tiene una presión fiscal superior al 30%, una de las mayores de Latinoamérica y revisar el actual sistema es necesario y es menester hacerlo en el Congreso.
Pero también debe tratarse en el Congreso, luego de la reforma impositiva, la reforma de la ley de coparticipación.
La institución de un fondo de convergencia, estoy convencido, será un paso central para disminuir las disparidades económicas reinantes y asegurar la construcción de una sociedad justa e igualitaria en la Argentina equilibrada y plena que aún nos debemos.
Tenemos una oportunidad histórica, la de discutir un sistema de distribución de recursos con una mirada Federal, sin parches, con justicia, en unión y libertad, como establecieron aquellos que soñaron la Argentina en sus primeros pasos.