La Justicia resolvió suspender el juicio oral y público a los imputados por la estafa con la entrega de lotes en la urbanización Parque La Vega, en lo que constituyó un verdadero escándalo que salpicó fuertemente al Gobierno provincial. El inicio del debate estaba previsto para el próximo lunes, pero el Tribunal de Juicio decidió postergarlo debido a un planteo realizado por la defensa de uno de los imputados, informó el abogado Rafael Arnaldo Estrada, patrocinante del principal acusado en la causa.
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La Justicia resolvió suspender el juicio oral y público a los imputados por la estafa con la entrega de lotes en la urbanización Parque La Vega, en lo que constituyó un verdadero escándalo que salpicó fuertemente al Gobierno provincial. El inicio del debate estaba previsto para el próximo lunes, pero el Tribunal de Juicio decidió postergarlo debido a un planteo realizado por la defensa de uno de los imputados, informó el abogado Rafael Arnaldo Estrada, patrocinante del principal acusado en la causa.
El caso se descubrió en febrero del año pasado con la distribución de 875 terrenos destinados a familias sin techo por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Alrededor de 300 beneficiarios resultaron afectados por la fraudulenta maniobra. A partir de las denuncias realizadas por los damnificados se determinó que detrás de la entrega de lotes se ocultaba un oscuro negociado que se gestaba desde la propia estructura del organismo.
De la investigación realizada por la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, surgió que muchos de los terrenos habían sido vendidos a terceros y otros entregados por amiguísimo y por cuestiones políticas. Hubo casos de lotes que figuraban a nombre de hasta cuatro beneficiarios y de personas que eran propietarias de otros inmuebles o que ya habían sido adjudicatarias en sorteos anteriores.
Toda esta situación generó encendidas protestas que se prolongaron por espacio de varios días, con marchas y huelga de hambre. Para aquietar las aguas el Gobierno tuvo que expropiar de urgencia un terreno contiguo, donde en julio pasado fueron ubicadas las 280 familias que resultaron afectadas con la escandalosa maniobra. Para la fiscal Poma, el principal operador de la estafa fue Diego Nicolás Barreto, quien se desempeñó al frente de Tierra y Hábitat hasta septiembre de 2013.
El exfuncionario fue imputado por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos), en concurso real, como jefe organizador. Al empleado Esteban del Corazón Jesús Clemente le adjudicó los mismos cargos en 23 hechos. Víctor Rodrigo Diez Tizón, quien sucedió a Barreto en el organismo, fue imputado por asociación ilícita. En el banquillo de los acusados también estarán Marcela Cinthia Martínez, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (4 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesaria en concurso real; Nelson Horacio Salazar, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (7 hechos) y exacciones ilegales simples (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real; Roberto Martín Nellessen por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario, en concurso real.
Más de dos centenares de testigos
El tribunal que tendrá a su cargo el juicio estará integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte (presidente), María Victoria Montoya y Bernardo Antonio Ruiz (vocales).
Mónica Poma, la fiscal que tuvo a su cargo la investigación del caso, actuará en representación del Ministerio Público.
En tanto que la defensa de los imputados estará a cargo de los penalistas Arnaldo Damián Estrada y Víctor Mario Quinteros (por Diego Barreto); Roberto Reyes y Marcelo Arancibia (por Clemente); Horacio Aguilar y Hernán Cúneo (por Diez Tizón), Roberto
Reyes (por Martínez); Félix Torres (por Salazar) y Carlos Saravia y Álvaro Moreno Valdez (por Nellessen).
Muchos testigos
Por la cantidad de denuncias realizadas recepcionadas en la instrucción, se calcula que más de dos centenares de testigos desfilarán por el recinto de la Ciudad Judicial durante las audiencias de debate. Por tal motivo se prevé que el juicio se prolongue por más de veinte días. No se descarta la posibilidad de que se hagan en doble jornada.
El abogado Estrada explicó que hasta el momento se desconoce la nueva fecha del juicio. “Lo único que sé es que la suspención del debate fue dispuesto porque hay una apelación presentaba por otro defensor a las instancias superiores”, dijo el penalista.