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Compraron terrenos y como no se los dieron los ocuparon

Son unas 4 hectáreas donde el IPV espera construir 157 casas.El ente comprador expulsó unos socios y se desató el escándalo.
Miércoles, 20 de septiembre de 2017 00:00

En medio de una gran polémica algunos vecinos se asentaron en terrenos que compraron a la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna.

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En medio de una gran polémica algunos vecinos se asentaron en terrenos que compraron a la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna.

Se trata de más de cuatro hectáreas ubicadas al oeste de Metán. En el sector que da a la calle Buenos Aires, ubicaron carpas el lunes y dijeron que van a permanecer en el lugar hasta que les den una solución.

Los que protestan son los que no cumplen con los requisitos del IPV para obtener una vivienda y otros que dijeron que fueron expulsados de la institución.

"Somos 42 los socios que no cumplimos con los requisitos para acceder al plan de viviendas y alrededor de 18 los que fueron expulsados. Decidimos ocupar los terrenos por los que pagamos y que nos pertenecen, porque se está cometiendo una gran injusticia. Somos familias humildes que queremos tener un techo digno", dijo Ruth Romero, una de las vecinas que acampa con su familia.

"En mi caso, no cumplo con los requisitos del IPV porque me exigían un recibo de sueldo para justificar mis ingresos. No estoy en el plan de construcción de las 157 viviendas de la asociación porque me dijeron además que no tenía los dos años de antigedad. Nosotros no estamos tratando de perjudicar a la asociación ni a nadie, solamente exigimos lo que es nuestro", remarcó la mujer.

Romero dijo que pagó los terrenos hace siete años, además puso dinero para el agrimensor y la instalación de los servicios como luz y agua. "Como no nos dan una solución y el presidente de la asociación, Alan Figueroa, no da respuestas favorables, hemos ocupado los terrenos que nos pertenecen. Yo vivo en un terreno prestado en el barrio Virgen del Valle y tengo dos hijas, una de seis y otra de tres años", destacó la mujer.

Expulsados

Por su parte, Carina González, es una de las vecinas que fue expulsada de la institución, dijo: "Soy una de los 18 que fuimos expulsados y estoy luchando por mi terreno porque hace cinco años quedé viuda y necesito una solución".

"Somos familias muy carenciadas. Yo pagué el terreno completo, lo que me estaba faltando son dos cuotas que exigía la institución, pero cuando fui a abonar el señor Figueroa no me quiso recibir la plata", destacó la vecina.

"Además, me dijeron que ya lo había perdido al terreno, que lo vendieron a otra persona. En total debemos haber aportado como $12.000. Yo vivo con mi mamá en una pieza y tengo tres hijos menores, por eso exijo esto al igual que las otras personas que atraviesan por la misma situación", remarcó González.

Los vecinos que se asentaron en los terrenos radicaron denuncias el lunes por la noche en la comisaría 30. Aseguraron que son propietarios de las tierras y presentaron recibos y otra documentación. Dijeron que abonaron por cada terreno $5.500, más otros gastos.

Dicen que el propietario ahora es el IPV 

El presidente de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna, Alan Figueroa, dijo que radicó una denuncia por usurpación de terrenos, asegurando que actualmente ya pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda, porque se hizo una donación con cargo para la construcción de 157 casas para los asociados.
“El IPV ya tiene conocimiento de esta situación y también va a encarar las medidas legales correspondientes porque es el propietario de las tierras”, dijo Figueroa, quien es abogado, ante la consulta de El Tribuno. 
El presidente de la institución, con respecto a los que no cumplen los requisitos para acceder a las casas que se van a construir dijo que:
“Informalmente nos comunicaron de un decreto que establece un requisito de dos años de antigüedad y hay unos 40 que no lo cumplen”. “Pero se están haciendo las gestiones para que ingresen. Para eso nos reunimos con el presidente del IPV, Sergio Zorpudes y el intendente, Fernando Romeri, hace unos días”, explicó el abogado.
Sobre la situación de los expulsados dijo que es un tema que viene de arrastre desde el 2013.
“Se los expulsó, a la mayoría, por falta de pago de la cuota social y los aportes que establecía la asamblea”, explicó. 
“Con esas personas se hizo el debido proceso y tuvieron el derecho de defensa. Inclusive algunos acudieron luego a Personas Jurídicas para asesorarse y la entidad provincial les dijo que el procedimiento se hizo correctamente. Son unas trece personas”, destacó Figueroa.

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