En las últimas horas de ayer, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos que protagonizaron incidentes en la Plaza de Mayo durante la marcha para reclamar la aparición de Santiago Maldonado.
inicia sesión o regístrate.
En las últimas horas de ayer, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos que protagonizaron incidentes en la Plaza de Mayo durante la marcha para reclamar la aparición de Santiago Maldonado.
Anoche pasadas las 22, el magistrado decidió que los 30 liberados fueran trasladados desde Comodoro Py hasta la Superintendencia de investigaciones Federales ubicada en la calle Madariaga 6976 en el barrio de Villa Lugano desde donde recuperarán la libertad.
Solo quedará detenido un hombre que presentó un documento falso durante la declaración indagatoria. En primera instancia, dijo que era de origen venezolano pero frente al juez aseguró ser colombiano. La Policía averigua su verdadera identidad.
El magistrado les tomó declaración a todos los detenidos durante la jornada del domingo y, finalmente, decidió ordenar la liberación de la mayoría en el final del día.
Durante la tarde de ayer, Martínez De Giorgi aceptó un pedido de los representantes de Derecho Humanos y recibió a Matías Aufieri, del centro de profesionales de DDHH, y a María del Carmen Verdú, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Luego de la reunión, aseguraron que el juez les había adelantado que liberaría a la mayor parte de los detenidos. Ambos le habían manifestado al magistrado su preocupación por la posibilidad de que los manifestantes pasaran su tercera noche detenidos.
Los detenidos están acusados de haber cometido los delitos de "intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad".
De acuerdo a lo establecido en el Código Penal sobre el delito de intimidación pública, pueden ser penados "con prisión de dos a seis años" aquellos que "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".
"Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años", agrega el artículo 211.