El gobierno salteño ratificó ayer que la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo en una finca de General Ballivián, norte de la provincia, eje de una polémica por denuncias de Greenpeace para evitar los desmontes en tierras que considera un área protegida. La organización ambientalista publicó hoy en su página oficial un comunicado en el que asegura que localizaron y detuvieron una topadora cuando desforestaba la finca El Cuchuy, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal.
inicia sesión o regístrate.
El gobierno salteño ratificó ayer que la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo en una finca de General Ballivián, norte de la provincia, eje de una polémica por denuncias de Greenpeace para evitar los desmontes en tierras que considera un área protegida. La organización ambientalista publicó hoy en su página oficial un comunicado en el que asegura que localizaron y detuvieron una topadora cuando desforestaba la finca El Cuchuy, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal.
Según Greenpeace, esa actividad afecta un área protegida por la Ley de Bosques y fue autorizada “en forma ilegal” por el gobierno de salteño. “Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, afirmó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El gobierno salteño comunicó que los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan desde 2014 en esa finca del departamento San Martín fueron avalados por la autoridad competente provincial y se ajustaron a la normativa ambiental vigente al momento de su autorización, expresaron hoy fuentes de la administración provincial a Télam.. Ese año Greenpeace frenó el desmonte hasta que detuvieron a los activistas, según publicó hoy la entidad al señalar que el mes pasado “las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos”. Esa deforestación, dicen, afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años.
También señalan que la estancia, propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña- , fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las categorías rojo y amarillo, es decir que no se pueden desmontar. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la categoría verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, lo que ya se hizo en más de 5.000, indican los ambientalistas.
Según el gobierno salteño, la Ley de Bosques Nativos establece que las provincias son las que dictan sus ordenamientos territoriales y que en este caso la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción local, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La autorización del cambio de uso de suelo en esa finca fue dispuesta mediante el decreto 2211/10, que aprobó el procedimiento de análisis de proyectos a nivel predial. Además, mediante un acuerdo con la comunidad wichí Laguna Cuchuy, la empresa se comprometió a donarles 300 hectáreas, que están dentro del 40 por ciento exigido por la ley como reserva natural.
El gobierno local indicó que las ONG tienen personería jurídica suficiente y legitimación activa para ejercer los derechos ambientales que crean vulnerados por la vía judicial, pero señaló que no hay presentaciones en la Secretaría de Ambiente respecto a la paralización del cambio de uso de suelo, y no corresponde desconocer la propia norma. “Sólo la Justicia podría paralizar la actividad”, concluye el comunicado emitido oportunamente por el gobierno salteño, que hoy ratificó ante el nuevo accionar de Greenpeace respecto a la actividad en esa finca.