Las consecuencias de la toma de la sede de la UTA, ocurrida el 12 de septiembre de 2016, continúan repercutiendo y sumando ingredientes en torno de las personas que participaron de ese incidente.
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Las consecuencias de la toma de la sede de la UTA, ocurrida el 12 de septiembre de 2016, continúan repercutiendo y sumando ingredientes en torno de las personas que participaron de ese incidente.
El abogado laboralista Francisco Figueroa dialogó con El Tribuno sobre consideraciones que se hacen evidentes en los dictámenes de la Justicia salteña sobre los reclamos de los trabajadores.
"Aquí se es consecuente con la dirección política del presidente Mauricio Macri en cuanto a la criminalización de la protesta sindical. De alguna manera los fallos de la Justicia provincial son políticos y se atienen a estos tiempos del cambio", dijo el abogado que estuvo apuntalado por la también abogadas Gabriela Corbalán y Raquel Mansilla.
Se trata del hecho concreto vivido cuando un grupo conformado por 32 choferes y afiliados de la UTA de Salta tomaron durante 12 horas el edificio de la sede sindical, de calle San Luís al 555, y mantuvieron cautivo al secretario general Jorge Flores y a otros miembros de la comisión directiva.
Se debe decir que rociaron con nafta el interior del edificio en reclamo de la destitución de Flores.
De la investigación realizada por el fiscal Horacio Córdoba Mazuranic se estableció que el objetivo del grupo era producir un "golpe institucional" a Flores para obligarlo a renunciar.
Del hecho participaron varios integrantes de la misma comisión directiva, entre ellos Omar Daniel Pereyra, quien se desempeñaba como secretario gremial. También estuvo el secretario general adjunto Sixto Domingo Tagtagi, a quien Flores acusó de haber actuado en connivencia con los participantes de la revuelta.
Además de Pereyra y Tagtagi, en la causa quedaron imputados Jorge Manuel Banda, Ezequiel Maximiliano Malenque, Cristian Alberto Figueroa, Carlos Martín Barrios, Agustín Darío Cayo y Oscar Orlando Camacho.
Por la toma del sindicato estuvieron varios días detenidas unas 11 personas, que luego fueron liberadas.
Ahí es donde comienza a aclarar su hipótesis el letrado Figueroa ya que él representa legalmente a Banda y Barrios.
"Quedó demostrado que mis dos defendidos estuvieron en ese tiempo y espacio porque estaban realizando su habituales tareas laborales. No hay prueba testimonial que diga que Banda y Barrios hayan participado del ingreso de esas personas. Ellos ya estaban ahí y es por eso que pedimos la nulidad de las acusaciones y de todo el proceso", dijo el letrado.
El juez de Garantías Nº 2, Ignacio Colombo, procesó a todos los nombrados por los delito de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños en concurso real" y el 20 de octubre del mismo año (2016) la causa fue elevada a juicio oral.
En lo que va del proceso, la Justicia le negó sistemáticamente el pedido de Figueroa, Corbalán y Mansilla.
Como agravante, el titular de la Fiscalía Penal VI, Horacio Córdoba Mazuranic, que entiende en los sucesos, acusó al abogado Figueroa de "intimidar el derecho a la defensa". Para decirlo en salteño, lo acusa de estar trabajando en el lugar de los hechos.
Es por eso que Figueroa habla de la "criminalización de la protesta" y también del derecho a la defensa. Vale la pena recordar que los trabajadores de prensa también estuvieron presentes en esas 12 horas de jornadas agobiantes.
Recursos
Figueroa también aseguró que el caso de la denuncia del fiscal Córdoba Mazuranic atenta contra las libertados y derechos de las personas.
"Yo ya hice mi descargo y pedí la nulidad de esas acusaciones. Ahora ya tuvimos un diálogo con las autoridades del Colegio de Abogados de Salta para comenzar a trazar un camino en donde el derecho a defenderse y a trabajar de los abogados esté garantizado", consideró Figueroa.