La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y pidió medidas de prueba para determinar si cometió "violación de deberes" y "retardo de justicia" al emitir un dictamen donde descartó faltas "éticas" en el accionar del presidente Mauricio Macri en la causa Correo.
Ochoa pidió medidas de prueba a la jueza del caso, María Servini, y consideró al impulsar la pesquisa que "resulta imputada Laura Alonso", aunque "con el devenir de la investigación" podría ampliarse la investigación a otros funcionarios, explicaron fuentes judiciales.
La denuncia fue presentada por los diputados del Frente Renovador Celilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti, a raíz de la resolución 2018-24 que concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del Presidente, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera.
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La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y pidió medidas de prueba para determinar si cometió "violación de deberes" y "retardo de justicia" al emitir un dictamen donde descartó faltas "éticas" en el accionar del presidente Mauricio Macri en la causa Correo.
Ochoa pidió medidas de prueba a la jueza del caso, María Servini, y consideró al impulsar la pesquisa que "resulta imputada Laura Alonso", aunque "con el devenir de la investigación" podría ampliarse la investigación a otros funcionarios, explicaron fuentes judiciales.
La denuncia fue presentada por los diputados del Frente Renovador Celilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti, a raíz de la resolución 2018-24 que concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del Presidente, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera.
En su dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionario cometió alguna falta ética en su intervención en el caso en el que una empresa que perteneció al Grupo Macri iba a pagar una multa de 296 millones por haber dejado de pagar el canon al Estado.
El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial" para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
Finalmente, el gobierno retiró la propuesta de cobro de la deuda, tras las críticas que recibió.
Fuente: BAE Negocios