Los últimos días de la semana pasada se armó un revuelo porque algunas personas que querían inscribirse en un instituto público de formación docente dijeron que no les habían permitido hacerlo por no pagar $800 del bono contribución.
inicia sesión o regístrate.
Los últimos días de la semana pasada se armó un revuelo porque algunas personas que querían inscribirse en un instituto público de formación docente dijeron que no les habían permitido hacerlo por no pagar $800 del bono contribución.
Desde la institución aclararon que el pago no es obligatorio, aunque este aparece entre los requisitos de inscripción, sin aclarar que es opcional. Explicaron que con este dinero se cubren muchos gastos que tiene la institución -y no cubre el Ministerio de Educación-, como la boleta del teléfono, una extensión del servicio de internet, los productos de limpieza, los arreglos del edificio, la merienda de los alumnos, la actualización de la bibliografía y de los equipos de computación, entre otros. Desde el Ministerio invitaron a pagar la cooperadora y a exigir comprobantes de los gastos.
El pago de la cooperadora al comenzar el año en las escuelas de gestión estatal de Salta se ha convertido en una tradición, a pesar de que según la Ley Nacional 1.420, que data de 1884, la educación debe ser común, gratuita y obligatoria.
Ángeles Denis es la rectora del profesorado de jardín de infantes y educación especial, donde se dictan cuatro carreras que duran cuatro años, con una matrícula aproximada de 1.100 alumnos. Es decir, que la escuela precisa que los alumnos abonen 880 mil pesos anuales para funcionar.
La rectora explicó a El Tribuno que el conflicto de la semana pasada empezó porque algunas personas que fueron a inscribirse "no se fijaron" en los requisitos para anotarse, donde, además de toda la documentación, se pide un bono contribución de $800, aunque no se aclara que es opcional.
"Nosotros no podemos arriesgarnos a decir que es opcional porque la sociedad está acostumbrada a que todo sea gratis", dijo la rectora.
"Es una contribución que se hace por única vez en el año. Si bien estamos en una institución pública, el Ministerio nos envía algunos recursos para la limpieza que no son suficientes. Yo tengo que tener en condiciones dos edificios para quienes cursan las carreras. A mí -y creo que a cualquier rector- no me alcanza con lo que envía el Ministerio", señaló.
"Se les insiste (con el pago) porque esta institución está pensada en función de los alumnos y les damos muchos beneficios", dijo la rectora. Con lo recaudado se cubren gastos fijos, como el teléfono, la alarma y la señal de internet, ya que la que puso el Ministerio no llega a la sala de informática. Además ofrecen la posibilidad de hacer fotocopias e impresiones más económicas.
"Es una forma de organizarnos para que la institución cuente con los medios para funcionar", señaló la rectora. Ella administra lo recaudado e informa a un consejo asesor, que, dijo, conoce todos los movimientos de dinero y decide con ella cuáles son los gastos prioritarios.
"La institución es como una casa y mantenerla en condiciones implica muchos gastos", sostuvo. Contó que para iniciar las clases invirtió cerca de mil pesos para renovar las lámparas quemadas en el sector de primer año. Consultada sobre por qué no había pedido esto a la Provincia, respondió: "Es una burocracia y el Ministerio no sé si tiene forma de cubrir estos gastos menores".
Desde el Ministerio reconocieron a El Tribuno que a veces es más rápido resolver los problemas desde cada dirección. "Tarda más el gestionarlo desde el Estado", aseguraron. Si bien no es obligatorio el pago de la cooperadora, dijeron: "Estaría bueno que, los que puedan, lo hagan porque siempre hay algún gasto que contemplar". Aclararon que, si bien desde la Provincia entregan fondos a las escuelas para acondicionamiento, "durante el año se van rompiendo las cosas". Recomendaron exigir a los directivos que demuestren en qué gastan el dinero.