Don Tomás Calisaya tiene 83 años. Sufre mal de Parkinson y Alzheimer y pasa los días reposando en su cama. Necesita ayuda para poder movilizarse y alimentarse. Su hija, de 65 años, vive con él y lo asiste en todo lo que requiere.
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Don Tomás Calisaya tiene 83 años. Sufre mal de Parkinson y Alzheimer y pasa los días reposando en su cama. Necesita ayuda para poder movilizarse y alimentarse. Su hija, de 65 años, vive con él y lo asiste en todo lo que requiere.
Ambos residen en una casa de calle San Juan desde hace 50 años y reclamaron la posesión veinteñal del inmueble, lo que les fue denegado en una primera resolución. Por falta de información y asesoramiento ambos dejaron que esa decisión quedara firme.
Pocos días antes de la Navidad pasada un oficial de justicia se presentó intempestivamente en la casa para hacer cumplir una orden de inmediato desalojo de personas y bienes. El fallo fue dictaminado por una jueza civil. Una sensación de desesperación y desolación invade a la familia desde entonces.
Ante el conflicto, el abogado Roberto Elio Gareca presentó un recurso de amparo para evitar que quedaran en situación de calle. En el último día hábil de 2017 la Justicia emitió una resolución por la cual, por ahora, no se hará efectivo el desalojo. Gareca explicó que "en la causa hubo vicios procesales por los cuales debería declararse nulo el fallo de desalojo".
El letrado recusó a la jueza que lo profirió. "Por enemistad hacia mi persona, hacia la hija de don Tomás y por manifiesta falta de imparcialidad, la jueza rechazó la recusación y en los próximos días debe dirimir la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En el informe del rechazo, obviamente, la jueza negó mis imputaciones, calificó de maliciosa la recusación y solicitó sanciones para mí, entre ellas una multa que ronda los 20 mil pesos y otras medidas disciplinarias", dijo.
El letrado relató que cuando recusó "estaba a la firma un nuevo mandamiento de desalojo presentado por el abogado de la parte contraria".
"La jueza, según el procedimiento respectivo, pasó las actuaciones al juez que correspondía y, por supuesto, no firmó el nuevo mandamiento de lanzamiento de don Tomas, su hija y sus bienes bajo apercibimiento de ser echados a la calle por la policía", contó.
La causa, hasta que se resuelva la recusación, está a cargo de otro juez de primera instancia, quien decidió convocar a una audiencia para el 13 de marzo de 2018. "Fue en base a un decreto muy bien fundado, ya que don Tomás Calisaya se encuentra dentro de un grupo vulnerable en razón de su edad avanzada y las enfermedades que padece. Su desprotección se verá significativamente agravada al privársele de su vivienda familiar", detalló Gareca.
El magistrado que entiende la causa convocó para la audiencia a la hija de don Tomás, al presunto titular de la vivienda y representantes de la Subsecretaría de la Tercera Edad, área dependiente del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, y de la Fiscalía de Estado de la Provincia. La finalidad de la audiencia es "tratar y adoptar las medidas pertinentes a fin de paliar la peculiar vulnerabilidad que exhiben los demandados en su carácter de integrantes del grupo desaventajado, de conformidad a las obligaciones que los tratados internacionales imponen en relación a estos sujetos de tutela preferencial", según explicó el abogado.
Simultáneamente "se elevó mi apelación de la medida cautelar para que no se desaloje a don Tomás hasta que se resuelva la acción de nulidad interpuesta por mí. La Cámara de Apelaciones debe resolver si se concede o no la cautelar rechazada en primera instancia", agregó.
"Confío plenamente en que el caso se resolverá de manera positiva para don Tomás. Soy un hombre de derecho que cree en la Justicia. Creo que la Cámara de Apelaciones hará lugar a la medida cautelar solicitada. Lo esencial es que la Justicia suspendió el desalojo hasta tanto se realice la audiencia múltiple. Por otra parte, en el hipotético caso de que la Cámara confirme la sanción solicitada por la jueza, para mí será una medalla de honor porque sabré que he cumplido con la Justicia, con el derecho y la naturaleza de abogado que busca justicia", manifestó.
Posesión
La posesión veinteñal es un recurso legal por el cual se puede adquirir un inmueble en el que se habitó durante muchos años sin que haya ningún reclamo del titular registrado. El recurso le fue denegado en una primera resolución a don Tomás y su hija. El hombre tiene una discapacidad física del 85 por ciento y una discapacidad mental del 90 por ciento.
"Nos hicimos cargo del afligente caso el día en que la hija de don Tomás (porque éste no puede ni podrá entender jamás el drama que vive) tomó conocimiento de que la jueza había ordenado que los pusieran a ambos en la calle", había manifestado el abogado en Facebook. Gareca recalcó que seguirá adelante con la lucha jurídica para garantizar el derecho a la vivienda del anciano.