El nuevo capítulo de la novela que comenzó en el 2011 con una denuncia de vecinos de la zona sudeste, deja a los afectados por la contaminación del río Arenales frente a un escenario ya conocido, un juez que apela a las autoridades provinciales y municipales que hasta el momento mostraron lentas acciones ante una apremiante situación. Para los vecinos, las medidas ordenadas no resuelven el problema de fondo: parar la contaminación que, aducen, ya llegó a sus cuerpos.
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El nuevo capítulo de la novela que comenzó en el 2011 con una denuncia de vecinos de la zona sudeste, deja a los afectados por la contaminación del río Arenales frente a un escenario ya conocido, un juez que apela a las autoridades provinciales y municipales que hasta el momento mostraron lentas acciones ante una apremiante situación. Para los vecinos, las medidas ordenadas no resuelven el problema de fondo: parar la contaminación que, aducen, ya llegó a sus cuerpos.
Si bien los vecinos denunciaron a la Municipalidad y la empresa Marozzi, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, entendió que hay una responsabilidad compartida, y encomendó al Municipio y a la Provincia una serie de medidas. "Esto es una forma de avanzar, al fin se empieza a abordar en serio porque se están pasando la pelota", afirmó el abogado defensor de los vecinos, Pedro Arancibia. El letrado, además, hizo hincapié en que es el segundo pedido de los vecinos que atendió el juez. El anterior fue el año pasado, cuando le solicitó a las mismas administraciones un plan de saneamiento y monitoreo que se cumplieron a medias.
"Los planes de manejo y de monitoreo se presentaron en enero, pero fueron pocos serios. Además, faltó el de emergencia y contingencia, se justificaron que estaban ocupados con las inundaciones en el norte. Tanto el juez como nosotros estamos cansados", añadió el letrado. Arancibia concibe a este nuevo pedido como una forma de apurar al Ejecutivo ante una situación que el mismo Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) catalogó como "alarmante" en marzo pasado.
Con los números oficiales que engrosaron los conocidos datos de metales pesados, ahora el juez solicitó un cordón sanitario alrededor de los puntos de contaminación hasta que "los resultados del CIF arrojen resultados que no impliquen riesgo alguno", una campaña de difusión para prevenir el uso del agua del río con carteles, la elaboración de un mapa sociodemográfico para que luego, tanto el Gobierno provincial como municipal, elaboren planes sanitarios en beneficio de la población.
Estas medidas podrían llegar a provocar que algunas personas deban abandonar sus casas, en su mayoría precarias.
Dejar el cuerpo
Amelia Mercado es la mujer que inició la demanda, vive en barrio Ceferino, a unos cincuenta metros del río. "Perdí esto acá", aseguró desde su silla de ruedas. Es diabética y cuenta que hace un año se "pinchó con algo" que le provocó una infección que avanzó rápidamente por el ambiente desfavorable, por lo que tuvieron que cortarle una pierna.
Para dar mayor veracidad a su relato llamó a los gritos a su vecina mientras su marido buscó al "del frente". En unos minutos se reunió un grupo de personas que no necesitaron decir, sus cuerpos fueron el testimonio. Todos llevan la contaminación a flor de piel. El más afectado es un niño de un año y tres meses, sus padres mostraron sus afecciones dermatológicas en diferentes partes del cuerpo.
Consultados por las nuevas órdenes del juez, se mostraron conformes, aunque señalaron que la campaña de difusión "resuelve a medias" el problema, por diferentes situaciones. Una de ellas porque la contaminación está presente sin necesidad de meterse ni acercarse al agua. "Nosotros no nos metemos al agua pero igual tenemos esto en la piel", indicó Ramón García, que vive a una cuadra del río.
Ariel Mamaní que vive más cerca, apuntó contra las empresas: "Son las más peligrosas, largan los deshechos químicos como Aguas del Norte que larga líquidos cloacales al río".
Por su lado, Amelia confía en que esto sirva de freno para los que llegan a pescar al río cuando aumenta el cauce. "Luego lo venden y la gente lo compra, todo el mundo quiere comer pescado barato", aseguró.
Carina Giménez, vecina de Fraternidad, se enteró por los medios que el río del que vive a 150 metros está contaminado. "Advertimos a los vecinos pero igual se van a meter por el calor. También pescan, son ricos", afirmó.
Para los vecinos la solución estaría en cercar totalmente el río y poner cámaras de vigilancia para frenar a los que arrojan basura, y dejarlo cerrado el "tiempo que sea necesario".
Afecciones y desalojos
En barrio Ceferino, tanto los chicos como los adultos muestran afecciones dermatológicas. Los casos más graves se dan en los que residen cerca de la vera del río.
Entre los afectados hay vecinos que viven en casas escrituradas que están pagando sus respectivos impuestos.
El cordón sanitario que ordenó el juez deberá ser determinado por el Ministerio de Salud. Se deberán delimitar las zonas peligrosas para la población hasta que los estudios del CIF den resultados sin riesgos. Por esto, algunas personas deberían abandonar sus casas.