Según la investigación que se originó en la AFIP y siguió la Justicia Federal, funcionarios públicos habrían participado en las maniobras para defraudar a la Municipalidad de Salta, la Provincia y Aguas del Norte. La causa, que tomó estado público con los primeros allanamientos en el CCM del 14 de enero pasado, ya tiene a un primer detenido: Matías Huergo, el empresario dueño de Secsa, Arcadio y otras contratistas que están bajo la lupa. Se sospecha, además, que Huergo es el cabecilla de una asociación ilícita montada para evadir impuestos. Ayer quedó detenido por orden del juez federal Julio Bavio y hoy declarará desde las 9 en el edificio de España y Deán Funes.
El nombre de Pablo Gauffín, quien fue secretario de Hacienda municipal hasta fines de febrero, aparece en los archivos de una computadora de Arcadio que se le secuestró a Huergo en enero. Aunque el empresario borró las planillas, equipos técnicos lograron recuperar la información. Solo en esa pesquisa se sumaron supuestos pagos por $1.510.000.
En enero, efectivos de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautaron la computadora del entonces secretario de Hacienda. Desde allí se emitieron facturas de contratistas investigadas.
En los registros de la computadora de Huergo también aparecen documentos y anotaciones de supuestos pagos a Francisco Agolio, actual subsecretario de Obras Públicas; Marcos Rizzotti, director de Concursos de Precios y Licitaciones Públicas de Obras Públicas; y Miguel Uraga, director de Obras Eléctricas. Todos funcionarios municipales.
Tras la detención de Huergo ayer se revelaron detalles de las escuchas telefónicas y los peritajes sobre los equipos y documentación secuestrada en los allanamientos del 14 de enero y del 11 de abril, que incluyeron a Aguas del Norte, Obras Públicas de la Provincia, estudios jurídicos-contables, escribanías y viviendas particulares.
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Según la investigación que se originó en la AFIP y siguió la Justicia Federal, funcionarios públicos habrían participado en las maniobras para defraudar a la Municipalidad de Salta, la Provincia y Aguas del Norte. La causa, que tomó estado público con los primeros allanamientos en el CCM del 14 de enero pasado, ya tiene a un primer detenido: Matías Huergo, el empresario dueño de Secsa, Arcadio y otras contratistas que están bajo la lupa. Se sospecha, además, que Huergo es el cabecilla de una asociación ilícita montada para evadir impuestos. Ayer quedó detenido por orden del juez federal Julio Bavio y hoy declarará desde las 9 en el edificio de España y Deán Funes.
El nombre de Pablo Gauffín, quien fue secretario de Hacienda municipal hasta fines de febrero, aparece en los archivos de una computadora de Arcadio que se le secuestró a Huergo en enero. Aunque el empresario borró las planillas, equipos técnicos lograron recuperar la información. Solo en esa pesquisa se sumaron supuestos pagos por $1.510.000.
En enero, efectivos de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautaron la computadora del entonces secretario de Hacienda. Desde allí se emitieron facturas de contratistas investigadas.
En los registros de la computadora de Huergo también aparecen documentos y anotaciones de supuestos pagos a Francisco Agolio, actual subsecretario de Obras Públicas; Marcos Rizzotti, director de Concursos de Precios y Licitaciones Públicas de Obras Públicas; y Miguel Uraga, director de Obras Eléctricas. Todos funcionarios municipales.
Tras la detención de Huergo ayer se revelaron detalles de las escuchas telefónicas y los peritajes sobre los equipos y documentación secuestrada en los allanamientos del 14 de enero y del 11 de abril, que incluyeron a Aguas del Norte, Obras Públicas de la Provincia, estudios jurídicos-contables, escribanías y viviendas particulares.
Desde hace más de un año, el fiscal Ricardo Toranzos lleva adelante una minuciosa investigación, que tuvo fuertes avances cuando pasó al juzgado de Bavio, luego de que se excusara del caso el juez Miguel Medina.
En la resolución, fechada el 9 de mayo, pero que se difundió ayer, el Juzgado Federal Nº 1 declaró la incompetencia parcial y giró las actuaciones al Ministerio Público de la Provincia, que deberá seguir la investigación por la defraudación a la administración publica, mientras que la posible comisión de delitos tributarios seguirá bajo la jurisdicción federal.
La Fiscalía al frente de Toranzos ya está confeccionado la apelación respecto de la incompetencia, que había planteado Huergo. Hoy se hará un análisis tras la declaración del empresario.