Una profunda polémica se generó recientemente entre sectores abolicionistas y regulacionistas de la prostitución, luego de que la cantante Jimena Barón publicitara su nuevo disco con afiches en los que se la veía con medias de red y un número de teléfono abajo, emulando un cartel de oferta de prostitución. En Salta, el debate resurge periódicamente en relación con la posibilidad de crear una zona roja y las opiniones divididas se reflejan en la postura de funcionarias y legisladoras. Lo que algunas consideran un trabajo que debe regularse, para otras es una forma de explotación y violencia que se debe abolir.
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Una profunda polémica se generó recientemente entre sectores abolicionistas y regulacionistas de la prostitución, luego de que la cantante Jimena Barón publicitara su nuevo disco con afiches en los que se la veía con medias de red y un número de teléfono abajo, emulando un cartel de oferta de prostitución. En Salta, el debate resurge periódicamente en relación con la posibilidad de crear una zona roja y las opiniones divididas se reflejan en la postura de funcionarias y legisladoras. Lo que algunas consideran un trabajo que debe regularse, para otras es una forma de explotación y violencia que se debe abolir.
Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVcM), expresó: "El trabajo sexual debe estar protegido por el Estado y parte de las consideraciones negativas que se tienen, como negarlo o penalizarlo están vinculadas con la hipocresía de la sociedad. Es un trabajo que en la actualidad se ejerce, se consume el servicio y las personas tienen derecho, si quieren ejercer ese trabajo con su cuerpo, a poder hacerlo de una forma digna, con acceso a la salud, a la jubilación".
La referente del Observatorio consideró además que legalizar el trabajo sexual contribuiría a eliminar la trata de personas. "Sé que hay quienes piensan totalmente lo contrario pero me parece interesante remarcar este punto", acotó.
La diputada Silvia Varg, por su parte, expresó que la prostitución implica sometimiento. "Argentina es un país abolicionista y yo abono en la corriente antiprostitución porque considero que las prostitutas siempre trabajan forzadas en mayor o menor medida, a veces sin ser conscientes de ello y además porque es una forma tremenda de violencia contra las mujeres", dijo.
La legisladora recalcó que "hay que ver la manera de que encuentren otro tipo de trabajo. La prostitución está directamente ligada también con el rufianismo, es decir, la trata de mujeres".
En tanto, Victoria Liendro, responsable del área de Diversidad Sexual de la Agencia de Mujeres, Género y Diversidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, dijo que no puede considerarse abolicionista ni regulacionista y analizó el tema desde el punto de vista social y económico.
"Creo que en el contexto de un sistema prostituyente en el cual vivimos, que es un sistema capitalista de opresión sobre todo hacia las mujeres pobres, trans, y las otras disidencias, claramente hay que combatir al sistema en general. Esto tiene que ver con lo que hoy estamos demandando: una mayor paridad en todos los espacios de decisión, un acceso claro al empleo formal en contexto de crisis".
Añadió que "queda claro que la crisis afecta a mujeres y expulsa a sectores vulnerabilizados a la marginalidad en la que, obviamente, están expuestos y expuestas a todo este sistema prostituyente que hace de los cuerpos solamente cosas. No podría hoy pararme en el abolicionismo o el regulacionismo. Pertenezco a un colectivo en el que más del 95% de las personas ha ejercido o ejerce la prostitución. Para cambiar esa realidad debemos hilvanar iniciativas públicas para que las futuras generaciones no terminen en esa situación y para eso necesitamos un sistema educativo que no sea excluyente y modificar patrones culturales. Falta mucho por hacer".
Por su parte, Silvina Abiles, única mujer en la Cámara de Senadores de Salta, dijo que faltan políticas de inclusión laboral. "Yo creo que antes de discutir sobre si regular o no la prostitución tenemos que crear las condiciones para que las mujeres que no quieran ejercer la prostitución tengan otras alternativas. Ahí veremos si algunas quieren tener derecho o no".
"Hay que crear las condiciones para que puedan estudiar, capacitarse e insertarse en el mercado laboral. Esa es la primera obligación que tenemos. A partir de ahí, discutamos la regulación o no. Si creamos las condiciones podemos llegar a regular. Puede haber mujeres que no quieren prostituirse pero que no tienen otra alternativa. A la regulación no la veo como una solución sino que hay atacar el problema de fondo, que es la falta de oportunidades para las mujeres".
Desigualdad
Desde hace años, la discusión por la zona roja está vigente en Salta. En abril de 2018 fue el último plenario sobre el tema en el Concejo Deliberante.
"Considero que el debate por "zona roja sí o zona roja no" también está relacionado con la mirada de la población hacia las trabajadores sexuales. De hecho existe la zona roja por más que no sea declarada por el Estado. Hay un lugar donde se ejerce la prostitución en la ciudad y también existe esa mirada generalmente desde las fuerzas de seguridad que criminaliza a quienes ofrecen el servicio y no a quienes lo consumen. Entonces sigue siendo desigual, perjudicando a quienes menos derechos tienen", manifestó Pérez Declercq al ser consultada por el tema.
En relación con la zona roja, Silvia Varg sostuvo que es un tema largamente debatido y sobre el cual hasta ahora no se ha encontrado consenso.
"En otras épocas ha existido y luego se ha ido desdibujando. Ahora se la reclama porque muchas de las personas que ejercen la prostitución lo hacen en barrios cercanos al centro. Creo que es un debate que se tiene que dar en el Concejo Deliberante con la participación de vecinos", finalizó la legisladora
El artículo 114
El artículo 114 del Código Contravencional establece que serán sancionados con arresto de hasta 20 días o multa equivalente las personas que demandaren u ofrecieren servicios de carácter sexual por dinero u otra retribución en la vía pública o espacio público.
Se supo que desde el funcionamiento de la Unidad Fiscal Contravencional (Ufico) que se inició el 5 de agosto de 2019, a cargo de la fiscal penal Gabriela Buabse, se recibieron dos infracciones de presuntos clientes de prostitución. Los casos fueron en el ámbito de jurisdicción de la comisaría segunda.