Una vez más la Justicia salteña imputó a policías por entender que actuaron fuera de la ley. El año pasado cuatro efectivos de Rosario de la Frontera ingresaron a un domicilio sin autorización judicial, en el interior había tres jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas. La violencia empleada por los uniformados "fue descomunal" señalaron fuentes cercanas a la investigación, a tal punto que el cuerpo de los tres amigos quedó todo "rallado". Por lo ocurrido los policías fueron imputados por los delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia, lesiones y amenazas".
inicia sesión o regístrate.
Una vez más la Justicia salteña imputó a policías por entender que actuaron fuera de la ley. El año pasado cuatro efectivos de Rosario de la Frontera ingresaron a un domicilio sin autorización judicial, en el interior había tres jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas. La violencia empleada por los uniformados "fue descomunal" señalaron fuentes cercanas a la investigación, a tal punto que el cuerpo de los tres amigos quedó todo "rallado". Por lo ocurrido los policías fueron imputados por los delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia, lesiones y amenazas".
Según pudo averiguar El Tribuno, cada una de las víctimas sufrió entre 12 y 15 golpes de cachiporra, a uno de ellos le fracturaron una costilla. El hecho ocurrió cuando uno de los tres hombres que se encontraban en el interior de la vivienda, propiedad de uno de ellos, salió de la casa y al ingresar, segundos después, observó cómo los uniformados entraban violentamente. Según la fuente consultada, uno de los cuatro policías sacó su arma reglamentaria y apuntó: "Quedate quieto porque te quemo", habría soltado el uniformado amenazando a una de las personas. Luego siguieron los ataques.
La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura del decreto de imputación contra cuatro efectivos de 36, 25, 44 y 37 años, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de la citada localidad, situada a 185 kilómetros al sur de Salta capital. Los policías fueron acusados por los delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real", en calidad de coautores.
La audiencia de imputación, en la que se dará a conocer las acusaciones puntuales a cada uno de ellos, está prevista para el miércoles 24 de febrero, adelantaron los voceros.
Desde el 11 de agosto, cuando se habilitó el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, hasta el 31 de enero último se registró 126 denuncias. Del total, fueron derivadas 118 a las fiscalías correspondientes y se desestimaron ocho. La dirección para las denuncias es: https://www.denu nciasweb .gob.ar/abusopolicial
Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos comenzaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5 de la madrugada, dormían en su vivienda, en el barrio Arturo Menu, de Rosario de la Frontera. Los hombres aseguraron que escucharon ruidos en la puerta, por lo que se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.
Ambos relataron que, en esas circunstancias, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó "quédense quietos o los quemo", tras lo cual fueron esposados y golpeados, mientras los subían a un patrullero. Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y posteriormente trasladados al hospital, donde fueron examinados. Luego, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les propinó golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago, para luego ser trasladados a la comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que "no la iban a contar". Uno de los denunciantes se encontraba en la casa junto a su esposa e hija. La mujer de uno de los hombres golpeados sostuvo que luego del violento episodio, cada vez que su hija menor de edad ve un móvil policial o un policía se le estremece todo dado lo ocurrido contra su padre. Simesen de Bielke sostuvo que los hechos fueron corroborados con las denuncias de las víctimas, los certificados médicos, la nómina de los efectivos que estuvieron en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos.