Las organizaciones indígenas y la comunidad educativa de San Bernardo de las Zorras se movilizó esta mañana hasta la Ciudad Judicial de Salta para pedir la intervención ante los últimos acontecimientos que se dieron en la escuela N° 4327 "Gabriel de Güemes Montero".
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Las organizaciones indígenas y la comunidad educativa de San Bernardo de las Zorras se movilizó esta mañana hasta la Ciudad Judicial de Salta para pedir la intervención ante los últimos acontecimientos que se dieron en la escuela N° 4327 "Gabriel de Güemes Montero".
Un enfermero jubilado, que tiene un reclamo judicial por posesión de 5 hectáreas en en la zona, no tuvo mejor idea que cerrar con candado el depósito de la escuela. Se trata de un sector viejo de la institución donde acopian los alimentos para los niños y donde están los artefactos necesarios para que funcionen la energía eléctrica y la provisión de agua.
Al menos 30 personas de San Bernardo y de El Rosal llegaron a media mañana a la avenida "Memoria, Verdad y Justicia" para entregar un escrito la autoridad que lleva a cabo el juicio; muchos de los vecinos que se formaron en la institución estuvieron presentes. La causa está en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8° Nominación, a cargo de la doctora Jaqueline San Miguel de Murga.
El petitorio de vecinos y referentes es para que la justicia reaccione ante la actitud del enfermero jubilado que dejó a los niños sin comida, luz y agua. La escuela está en una zona inhóspita del departamento Rosario de Lerma y tiene una matrícula de 11 niños que cursan en modalidad plurigrado. La institución tiene padrinos solidarios que le enviaron alimentos como leche y a las cuales no pueden acceder por el candado que Valerio Gutiérrez le puso la semana pasada.
En una semana en donde se puso en discusión la falta de la Copa de Leche un enfermero le quita el alimento a los niños de la Puna. Hay denuncias cruzadas presentadas y es por eso que la marcha de hoy fue para que intervenga la Justicia.
"La jueza San Miguel de Murga no nos pudo atender, pero nos recibieron las secretarias con las cuales pudimos dialogar y entregar un escrito sobre la situación de la escuela. Le pedimos concretamente que intervenga para que abran el depósito en donde las maestras guardan los alimentos, los elementos para los paneles zonales y para el agua. Las secretarias no podían creer que un terreno del Ministerio de Educación esté en litigio y nosotros le mostramos en convenio entre Educación y Salud. También le dejamos la invitación a la señora jueza para que vaya al territorio y compruebe con sus propios ojos la situación de tensión en la que vivimos por este juicio", dijo Manolo Copa, referente de la comunidad indígena tastil.
"El encuentro fue positivo, confíamos en la Justicia y esperamos una resolución pacífica para todos los vecinos de la zona", concluyó Copa.
Anunciaron que mañana marcharán a la Fiscalía de Rosario de Lerma para entregar otro escrito.
Respuesta del lado de Valerio Gutiérrez
Las doctoras Susana Aramayo y Ximena Garibaldi defiende su situación.
“Don Valerio no es usurpador porque desde hace más de 50 años que vive en ese lugar. El plano de la posesión veinteñal fue aprobado en 2010; es decir que desde hace más de 10 años que tiene derecho. Hay pruebas en el expediente que indican todo lo que digo y que ese sitio no es público, que es privado y que el litigio no es contra la Provincia. Estamos hablando de una escuela con 5 alumnos que está a punto de cerrar”, dijo Susana Aramayo.
La abogada aseguró “Manolo Copa es pareja de la directora Zoila Flores” y que “pertenece a una asociación de indígenas”, que “trabaja para la Municipalidad” y que por eso “hay denuncias cruzadas”. De alguna manera vincula a las organizaciones indígenas y dijo que “todo comenzó cuando la Justicia ordenó poner el cartel en donde indica que “el inmueble está sujeto al tramite de prescripción adquisitiva”.
“Valerio Gutiérrez no se reivindica como miembro de la comunidad originaria. No importa si vino del norte, porque él demostró que vive hace 50 años en el lugar. De cualquier manera nosotras no avalamos el uso de la fuerza y consideramos que todo se puede resolver dialogando. Si la Justicia llama a una conciliación nosotros nos presentaremos con la verdad de los papeles, con las pruebas y explicando el uso indebido de los límites con los planos de ocupación”, dijo Aramayo.
Las abogadas elaboraron durante el fin de semana un escrito, a modo de crónica en donde detallaron sus consideraciones sobre los acontecimientos.
“El 26 de febrero 2021 y cumpliendo una orden judicial del Juzgado Civil N° 8, se colocó el cartel que informa la existencia del juicio de posesión veinteañal (iniciado por Valerio Marcelino Gutiérrez en el año 2012) (plano aprobado x Inmuebles desde 2010). Este hecho fue el disparador de una catarata de agresiones, privadas primero y públicas después, de las siguientes personas”, aseguran en el comienzo del escrito.
Se expone una parte de los que aportaron las abogadas Susana Aramayo y Ximena Garibaldi.
“30 de marzo: Relato de Valerio, Flavia y Mabel. Con apoyo de videos y fotos. La maestra Zoila Flores y la Ordenanza Beatriz García se presentan en la casa de Valerio y le gritan e insultan por el candado que él colocó en un galpón de su propiedad, que había prestado a la escuela para guardar trastos viejos y que hace dos años solicitó que desocupen porque estaba haciendo arreglos para utilizar las habitaciones a fin de recibir a sus hijos y nietos. Ante la negativa y resistencia del personal de la escuela a desocupar el lugar cambió el candado, sin tocar nada de lo que hay en el interior y solicitó la presencia del Juez de Paz para inventariar lo que hay dentro y devolver las cosas a la escuela y de esa manera recuperar el espacio. La escuela nueva, que es donde se dan clases y atiende a los niños tiene mucho espacio para depósitos y almacenamiento, ya que solo asisten 7 niños. Valerio de buena fe y en el momento en que no necesitaba ese cuarto lo prestó, pero los acontecimientos de los últimos meses donde Zoila y otro grupo de personas lo agreden y difaman lo hizo reflexionar sobre las verdaderas intenciones de la maestra al pedirle la pieza para guardar trastos viejos. Al advertir que la maestra no abrigaba intenciones de desocupar ese espacio y no teniendo ningún conocimiento de lo que allí se guardaba y en vista de la tensa relación con el personal de la escuela que lo hacía temer que se coloque en ese lugar algún elemento fuera de lugar, cambió el candado hasta tanto lleguen las autoridades, constaten los elementos del interior a través de un inventario y así devolver las cosas y recuperar el sitio. Ante esta circunstancia la maestra Zoila y la ordenanza Beatriz se presentaron en su casa a insultarlo y agredirlo, como consta en la denuncia policial penal.
A partir de ese momento comienzan una campaña de denuncias mediáticas contra Valerio y su familia”.