Una nueva batalla libran productores tabacaleros del NOA y NEA con las empresas que se valen de maniobras judiciales para evadir impuestos en detrimento del financiamiento del sector.
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Una nueva batalla libran productores tabacaleros del NOA y NEA con las empresas que se valen de maniobras judiciales para evadir impuestos en detrimento del financiamiento del sector.
Los dirigentes de las cámaras de tabaco de Salta, Enrique Cornejo Saravia; Jujuy, Pedro Pascuttini; Tucumán, Luis Bravo y Susana Miguens; y Misiones, Carlos Knoll, quienes además integran la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, denunciaron que referentes del sector están "siendo blanco de maniobras de difamación" por parte de medios afines a las empresas que evaden impuestos.
Desde la entidad, que nuclea a las asociaciones e instituciones representativas de los productores de tabaco de Salta, Tucumán, Jujuy, Misiones, Chaco, Catamarca y Corrientes, los referentes expusieron a El Tribuno su enérgico rechazo a las "expresiones difamatorias y esencialmente antidemocráticas y apartadas del normal funcionamiento de las instituciones republicanas, en manifestaciones vertidas por la publicación del portal www.lapoliticaonline.com en donde se atribuye al Diputado Nacional por la provincia de Misiones y también productor y dirigente tabacalero, Héctor ´Cacho` Bárbaro, el rol de lobbysta de la empresa Massalin Particulares".
En la nota a la que hacen mención, se sostiene que "la Justicia Federal citó al diputado nacional Héctor 'Cacho' Bárbaro a quien se investiga como eventual lobbysta de la empresa Massalin Particulares y por fomentar una serie de manifestaciones contra la tabacalera".
Advirtieron, además, que "en dicha publicación también se hace mención a una clara conducta persecutoria de la Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya), que solicitó a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se sancione al diputado Bárbaro por impulsar una manifestación de agricultores hacia la Ciudad de Buenos Aires".
El 19 de septiembre productores de las siete provincias tabacaleras se movilizaron a Buenos Aires para reclamar que se respete la ley del impuesto interno mínimo que grava a todas las manufacturas del tabaco.
En aquella oportunidad más de 600 personas se reunieron en la plaza Lavalle (para después ir hasta la Corte Suprema y la AFIP), en representación de los 23 mil cultivadores de tabaco de Salta, Misiones, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca, para exigir que los integrantes de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) dejen de evadir impuestos.
Los dirigentes del NOA y NEA también se hicieron eco de la publicación de "otro evidente accionar antidemocrático y fuera del normal juego de las instituciones republicanas como es el pedido de una empresa fabricante de cigarrillos que, a través del juez federal Ariel Lijo, pide informes a la Cámara de Diputados sobre la reunión celebrada en la sede del Congreso de la Nación entre dirigentes de las asociaciones de productores tabacaleros integrantes de esta Federación con los legisladores nacionales de las siete provincias productoras, encuentro que se realizó con el objeto de evaluar las distintas problemáticas que afectan a nuestra actividad productiva".
De acuerdo al artículo impulsado por las cigarrilleras que apuestan a la evasión impositiva como herramienta para lograr mayor rentabilidad y una posición ventajosa en el mercado, "la resolución del juez Ariel Lijo pide a las autoridades de la Cámara de Diputados que informe sobre una reunión que se habría efectuado el 4 de mayo". Y cita que "Según artículos periodísticos, por esos días hubo reuniones en el Congreso en medio de la polémica por los jueces de Cámara que concedieron la medida cautelar para no pagar los impuestos de la tabacalera Tabes", empresa local que incluso estuvo clausurada por maniobras evasivas en el pasado.
Finalmente, indicaron que "ratificamos nuestro enérgico rechazo a todas las expresiones difamatorias y antidemocráticas que pretenden obstaculizar y deslegitimar nuestro accionar, dirigido a la defensa de nuestra actividad productiva y al logro del bien común".
Defensa de derechos
Los productores indicaron que "queda de manifiesto que, tanto para esta Federación como también para los representantes del Congreso de la Nación, es función esencial la defensa de nuestra actividad productiva, fuente de miles de puestos de trabajo del NOA y NEA y de innegable impacto social en todas las comunidades abarcadas por este cultivo por el que, dentro del marco de la legalidad, continuaremos gestionando y ejerciendo nuestros derechos en el marco de las instituciones republicanas", indicaron.