La carga fiscal parece no tener techo, mientras tanto, el Gobierno hace del gasto ineficiente su principal política. La creación del nuevo impuesto a la renta inesperada muestra a las claras que la gestión de Alberto Fernández carece de un plan para fomentar el desarrollo productivo. Pero lo más grave es la disonancia con la realidad del país.
En las últimas décadas los ingresos públicos tuvieron un incremento exponencial, no solo empujado por la inflación, sino por la insaciable voracidad tributaria. En 2020, Argentina encabezó un ranking mundial sobre la presión fiscal a las empresas. Las pymes deben pagar un 106% de su ganancia neta, de ese modo no llegan a cubrir toda la carga.
Un reciente informe del Iaraf determinó que hay 165 impuestos nacionales, provinciales y municipales. El actual sistema es obsoleto, pero no hay una visión estratégica para modificarlo. Todo lo contrario. Según anunció esta semana el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, el nuevo impuesto recaerá sobre las empresas con ganancias netas “inesperadas” imponibles superiores a los $1.000 millones, generadas supuestamente por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Especialistas hacen notar que hay una superposición de impuestos, ya que la ganancia está grabada actualmente. Además, se abre un debate por la constitucionalidad de la medida; no es casual que los productores agropecuarios en los tractorazos de ayer hayan repartido la Carta Magna.
Es cierto que la invasión rusa en Ucrania impactó en mayores precios internacionales de producciones como el trigo y el maíz, pero, por otro lado, como lo expusieron en un duro comunicado la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales, hubo un notorio aumento de los costos de la producción.
El Gobierno hace una lectura sesgada que no contribuye al país. Desde el Frente de Todos salieron a ovacionar como una hazaña que el sector privado deba aportar más a la Hacienda pública.
Es llamativo el “festejo” del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien se mostró a favor de la nueva avanzada tributaria. Dijo que “todavía hay sectores que requieren de la asistencia del Estado”. Justamente, el campo y otras actividades necesitan herramientas crediticias que hoy son inalcanzables, más allá de un terreno minado para tomar cualquier riesgo por la actual política macroeconómica.
Producir este año tiene otro escollo: la crisis energética. En Anta y en San Martín, ruralistas advirtieron semanas atrás sobre las restricciones para comprar gasoil. A esos productores el Estado ya se les lleva el 70% de su renta. Y el Gobierno hace muy poco por mejorar la competitividad: las obras del Belgrano Cargas van lentas y los precios del flete corren al ritmo de la inflación.
Producir tiene una lógica y un esfuerzo que el sector público no quiere entender, y opta por el castigo. Por eso no es casual que los aplaudidores del nuevo impuesto sean funcionarios y militantes políticos que engrosan las nóminas de trabajadores del Estado. Esto es el resultado de un proceso que caracterizó al kirchnerismo.
En marzo la recaudación tributaria subió un 62,5%, impulsada principalmente por las retenciones. Con ese resultado, el Gobierno acumuló 19 meses con crecimiento por sobre la inflación ¿Quién realmente está ganando más? La respuesta es muy evidente.
La voracidad fiscal, cabe marcar, no tiene signo político. Con un pacto fiscal, en 2017, la gestión de Cambiemos buscaba bajar la carga impositiva, aunque hubo provincias como Salta que aprovecharon para elevar la alícuota de ingresos brutos. Y recientemente se aprobó una nueva adenda del acuerdo fiscal, que si bien no implicará una elevación de la carga, tampoco la reduce.
Las autoridades deben entender que la Argentina necesita salir de la maraña fiscal y crear un sistema más liviano, propio de un Estado moderno, que permita brindar mejores servicios. En tanto, las provincias no pueden crecer. Salta, por caso, tiene un fuerte dependencia de los fondos nacionales. De cada 100 pesos, 75 provienen de la Casa Rosa da.
Así, el impuesto a la renta inesperada no es más que otro ataque a quienes construyen el país.
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La carga fiscal parece no tener techo, mientras tanto, el Gobierno hace del gasto ineficiente su principal política. La creación del nuevo impuesto a la renta inesperada muestra a las claras que la gestión de Alberto Fernández carece de un plan para fomentar el desarrollo productivo. Pero lo más grave es la disonancia con la realidad del país.
En las últimas décadas los ingresos públicos tuvieron un incremento exponencial, no solo empujado por la inflación, sino por la insaciable voracidad tributaria. En 2020, Argentina encabezó un ranking mundial sobre la presión fiscal a las empresas. Las pymes deben pagar un 106% de su ganancia neta, de ese modo no llegan a cubrir toda la carga.
Un reciente informe del Iaraf determinó que hay 165 impuestos nacionales, provinciales y municipales. El actual sistema es obsoleto, pero no hay una visión estratégica para modificarlo. Todo lo contrario. Según anunció esta semana el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, el nuevo impuesto recaerá sobre las empresas con ganancias netas “inesperadas” imponibles superiores a los $1.000 millones, generadas supuestamente por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Especialistas hacen notar que hay una superposición de impuestos, ya que la ganancia está grabada actualmente. Además, se abre un debate por la constitucionalidad de la medida; no es casual que los productores agropecuarios en los tractorazos de ayer hayan repartido la Carta Magna.
Es cierto que la invasión rusa en Ucrania impactó en mayores precios internacionales de producciones como el trigo y el maíz, pero, por otro lado, como lo expusieron en un duro comunicado la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales, hubo un notorio aumento de los costos de la producción.
El Gobierno hace una lectura sesgada que no contribuye al país. Desde el Frente de Todos salieron a ovacionar como una hazaña que el sector privado deba aportar más a la Hacienda pública.
Es llamativo el “festejo” del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien se mostró a favor de la nueva avanzada tributaria. Dijo que “todavía hay sectores que requieren de la asistencia del Estado”. Justamente, el campo y otras actividades necesitan herramientas crediticias que hoy son inalcanzables, más allá de un terreno minado para tomar cualquier riesgo por la actual política macroeconómica.
Producir este año tiene otro escollo: la crisis energética. En Anta y en San Martín, ruralistas advirtieron semanas atrás sobre las restricciones para comprar gasoil. A esos productores el Estado ya se les lleva el 70% de su renta. Y el Gobierno hace muy poco por mejorar la competitividad: las obras del Belgrano Cargas van lentas y los precios del flete corren al ritmo de la inflación.
Producir tiene una lógica y un esfuerzo que el sector público no quiere entender, y opta por el castigo. Por eso no es casual que los aplaudidores del nuevo impuesto sean funcionarios y militantes políticos que engrosan las nóminas de trabajadores del Estado. Esto es el resultado de un proceso que caracterizó al kirchnerismo.
En marzo la recaudación tributaria subió un 62,5%, impulsada principalmente por las retenciones. Con ese resultado, el Gobierno acumuló 19 meses con crecimiento por sobre la inflación ¿Quién realmente está ganando más? La respuesta es muy evidente.
La voracidad fiscal, cabe marcar, no tiene signo político. Con un pacto fiscal, en 2017, la gestión de Cambiemos buscaba bajar la carga impositiva, aunque hubo provincias como Salta que aprovecharon para elevar la alícuota de ingresos brutos. Y recientemente se aprobó una nueva adenda del acuerdo fiscal, que si bien no implicará una elevación de la carga, tampoco la reduce.
Las autoridades deben entender que la Argentina necesita salir de la maraña fiscal y crear un sistema más liviano, propio de un Estado moderno, que permita brindar mejores servicios. En tanto, las provincias no pueden crecer. Salta, por caso, tiene un fuerte dependencia de los fondos nacionales. De cada 100 pesos, 75 provienen de la Casa Rosa da.
Así, el impuesto a la renta inesperada no es más que otro ataque a quienes construyen el país.