En las últimas horas se confirmó que la investigación de la financiera pone el foco en el manejo de fondos estatales, específicamente en los adicionales de la Policía.
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En las últimas horas se confirmó que la investigación de la financiera pone el foco en el manejo de fondos estatales, específicamente en los adicionales de la Policía.
Justamente ayer la comisario María Eugenia Espinoza fue imputada por peculado. Es la primera de las implicadas acusada del supuesto delito vinculado con el uso de recursos públicos en beneficio propio. A los otros sospechados del caso la fiscalía los imputó por asociación ilícita, estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado.
A Espinoza, comisario de la División Cobranzas Adicionales, la detuvieron el jueves y ayer la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la acusó formalmente.
Desde el Ministerio Público difundieron que la UDEC "investiga si el dinero invertido en la financiera se encuentra vinculado con el cobro de adicionales de la Policía de la Provincia".
Junto a Espinoza terminaron acusados el comisario de la División Robos y Hurtos, Fabricio Nieva, y el oficial principal Sebastián Giménez. Al primero le sindican los delitos de asociación ilícita y abuso de autoridad y al segundo solo asociación ilícita. Los tres miembros de la Policía optaron por no prestar declaración y quedaron detenidos en la Alcaidía General de la Provincia.
De los 21 implicados en la causa de la financiera Ríos &Asociados, 15 están detenidos. Otros cuatro fueron citados a audiencia de imputación el próximo martes, mientras que dos permanecen prófugos.
Desde UDEC confirmaron que el jueves a la noche se libró una orden de presentación de documentación a la Dirección de Administración en Jefatura de Policía. Desde la fuerza de seguridad, en tanto, aseguraron que "no se trató de un allanamiento". "Solicitaron documentación de las personas que estarían vinculadas con el caso. Estuvieron en el edificio media hora para tramitar el oficio", detallaron.
Al consultar por detalles de la causa, como el monto al que ascendería el dinero en cuestión, respondieron que por la reserva que existe en la investigación, para no interferir ni entorpecer y porque buscan colaborar en la misma, no se van a brindar declaraciones al respecto.
La financiera en cuestión ofrecía elevados retornos en el corto plazo y se sospecha que había policías en el mecanismo de estafa. Para llevar a cabo la operación los clientes debían firmar un contrato de inversión.
En las últimas horas se supo que la comisario y contadora a cargo de la División Cobranzas Adicionales de la Policía ya había sido apartada de su rol en ese sector y enviada a trabajar a la comisaría quinta el lunes pasado, luego de una auditoría financiera ordenada por el jefe de la Policía, Miguel Mariano Ceballos.
En los primeros días de abril, según fuentes ligadas al caso, luego de retornar de las jornadas del Consejo Federal de Seguridad Interior en la provincia de Buenos Aires, Ceballos ordenó las medidas.
La financiera ilegal prometía devolver el doble de dinero a inversores que ponían sus ahorros en la organización por medio de un cuestionado mecanismo, un esquema piramidal similar al “Ponzi”.
"Desde el primer día circuló la versión de que policías habían participado y que era plata de la Policía, entonces se dispuso la auditoría y luego se produjo el traslado de la comisario en cuestión. La investigación se hizo aquí, en al central y se dio parte de todo a la fiscalía, por eso vinieron", aseguraron fuentes relacionadas con la pesquisa.
Actualmente el sector Adicionales está supervisado por un director de administración que reviste el grado de comisario inspector y que también es contador. Con relación a este punto, las fuentes relacionadas a la pesquisa explicaron que "se está investigando si la plata que entró a la financiera trucha es de adicionales. Está bancarizado todo lo que es adicionales, salvo que la comisario haya desviado algo. Esto se podría hacer. Hay sospechas pero ahora la fiscalía tendrá que comprobarlo".
Aseguraron que "nunca hubo un pago discontinuo o falta, o alguna anormalidad que haga pensar que algo raro podía pasar. No hubo ninguna alerta ni demora". Sin embargo, las fuentes expresaron que ahora hay preocupación en las oficinas policiales, porque "se entregó toda la documentación a la UDEC para la investigación y ahora necesitamos conseguir las copias para armar los pagos de los adicionales de este mes".
Precisaron que "al llevarse todos los talonarios se dificulta saber a quién se le tiene que pagar".