Cuando le propuso ser jueza de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Kirchner le dijo: "Quiero una justicia independiente", a lo que Carmen Argibay respondió: "Menos mal, porque de lo contrario no hubiera contado conmigo". La llamaban rebelde e ingrata. Y esos calificativos eran muestras de su independencia y de su ética aplicada.
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Cuando le propuso ser jueza de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Kirchner le dijo: "Quiero una justicia independiente", a lo que Carmen Argibay respondió: "Menos mal, porque de lo contrario no hubiera contado conmigo". La llamaban rebelde e ingrata. Y esos calificativos eran muestras de su independencia y de su ética aplicada.
Hoy, en enfrentamiento interesado y antirrepublicano que lleva adelante el kirchnerismo contra el Poder Judicial demuestra que ni el expresidente ni sus sucesores toleran a una Justicia independiente y más bien la prefieren sometida y genuflexa. La idea de que quienes ejercen roles en el Poder Ejecutivo no puede ser juzgados y condenados es propia de absolutismos anacrónicos. Pero no solo el autoritarismo erosiona la confianza de la sociedad en la ley y en los jueces.
Poco se habla de la ética de nuestros jueces. Aún en la academia: en la mayoría de las facultades de derecho, la ética profesional es apenas un tema en el programa de alguna materia adyacente que se lee poco y se debate menos. Recuerdo algunas consideraciones del Decálogo del Abogado, escrito por Eduardo Juan Couture, dentro del derecho procesal, los que nunca eran tema de examen.
Dentro de la misma la justicia -la federal y especialmente la local- son muy tenues los controles éticos y casi inexistentes las sanciones por mala conducta de los/las magistrados/das. Aún más, es notorio el modo en que los mecanismos corporativos de autoprotección se activan inercialmente, sin reacciones ciudadanas significativas.
Si pensamos en el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, los controles sobre la idoneidad ética de la abogacía están prácticamente desactivados.
El Consejo de la Magistratura de Salta no cuenta con los instrumentos adecuados para capturar situaciones reñidas con la ética profesional y el debido decoro de parte de los candidatos a magistrados/as, fiscales y defensores/as, cuestiones que deberían impactar en los puntajes que se consideran para constituir las ternas propuestas al gobernador. Otro punto ciego en la reglamentación que debilita el debate y empobrece la calidad de los/las magistrados/as que se eligen. El menosprecio general sobre cuestiones relacionadas con la ética judicial y profesional afecta la legitimidad de todo sistema judicial. Ahora bien, ¿Por qué es importante la legitimidad del sistema en la agenda judicial?
Juezas y jueces son elegidos para resolver los conflictos de acuerdo a las leyes y a la Constitución, es decir, de acuerdo a las normas que son el resultado de nuestra deliberación colectiva a través de nuestros representantes.
Solucionar los conflictos de la gente es justamente la función de la Justicia. Y esa función, de indudable interés público, es ejercida por la abogacía, la judicatura, las defensorías y las fiscalías. Cada una de ellas juega un rol en la construcción de la legitimidad del Poder Judicial, es por ello que cada una cuenta con reglas éticas propias a observar.
Es decir, entregamos a jueces y juezas las decisiones sobre cuestiones que impactan de manera intensa en nuestras vidas: la libertad, la tenencia de nuestros hijos, el trabajo, nuestras disputas sobre bienes.
Aceptar estas decisiones judiciales importantes en nuestras vidas implica confiar en quienes resuelven. Y esa confianza se edifica con buenas decisiones, motivadas y justas. Pero además se construye con jueces imparciales, íntegros, que actúen con transparencia, dignidad y decoro, virtudes devaluadas por estos días.
Párrafo aparte merece la independencia que deben observar, no solo respecto de los poderes públicos y privados sino también dentro del mismo poder judicial. Si no hay independencia, toda la institución judicial carece de razón de ser.
Al elegirlos magistrados/as, les conferimos un poder de la democracia constitucional: un poder enorme que afecta nuestra vida, nuestra libertad, nuestros bienes. Es por eso que ese imperio conlleva una serie de exigencias y restricciones que no se extiende al resto de los ciudadanos. Magistrados/as, defensores y fiscales deben observar una ética más estricta que el resto de las profesiones, aún en su vida privada. La forma en que se muestran frente a la sociedad es clave para sostener la legitimidad de todo el sistema judicial. Actitudes autoritarias o que sugieren acuerdos espurios de espaldas a las instituciones o a la sociedad, o en general comportamientos que habiliten pensar que el juez o la jueza no está en posición de resistir influencias indebidas o con capacidad de ponerse por encima de los intereses de las partes, socavan la legitimidad del sistema judicial.
En este sentido se habla de prudencia (juris-prudencia: el modo en que jueces dicen el derecho), de decoro, de discreción y transparencia. En la Exposición de motivos del Código Iberoamericano de ética Judicial se marca una pauta reveladora:
"Desde esa perspectiva de una sociedad mandante se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por "ser", según la dignidad propia del poder conferido, sino también por "parecer", de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial".
La ética judicial refiere a principios que prescriben a los magistrados tomar decisiones conforme con las normas aplicables, de manera independiente, imparcial y motivada. Significa también la obligación de asumir determinado "ethos", cierta forma de ser y actuar en el mundo dirigida por virtudes como la prudencia, el decoro, la discreción, la transparencia, la integridad. Este último segmento de virtudes usualmente no es tan visible. Las independencia, imparcialidad y motivación tienden a producir mejores decisiones. Todas las virtudes, en su conjunto, tienden a aumentar la legitimidad de la Justicia y, en proporción directa, la confianza de la gente en el sistema judicial. Las faltas éticas, la falta de idoneidad ética, en general, son una zona gris que la mayoría pasa por alto y configuran una violación a la construcción de legitimidad de la Justicia y de la profesión. Existe una ofensa al sujeto público que no está prevista disciplinariamente en ningún espacio legal ni institucional, por lo tanto no reparada. Tales faltas éticas -que no son violaciones a la ley- impactan directamente en la (des)confianza de la gente. No sorprenden los altos indicadores de desconfianza de la gente hacia la Justicia nivel nacional. En cuanto a la judicatura local, el indicador de desconfianza es aún más alto y preocupante. "Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial, y sin legitimidad la Justicia pierde su razón de ser, no es eficaz", sostiene Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia. Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia de Salta, reconoce la mala imagen de la Justicia local y vincula el cambio de imagen con "acortar los tiempos y acercar la Justicia a la gente." La ética judicial no se advierte ni se señala como un factor clave en la legitimidad de la justicia. A esta altura resulta inexplicable que un tema nodal para todo el sistema político institucional y judicial no ocupe un mayor lugar en la atención en general de la ciudadanía. Prestar atención a la ética judicial, refinar nuestra mirada sobre situaciones comprometidas con la ética y la transparencia y desarrollar las herramientas institucionales adecuadas para captarlas y erradicarlas debe constituir un ítem imprescindible para la mejora de la calidad y la imagen de la Justicia de nuestra democracia constitucional.