Como paso previo a la obtención de la propiedad comunitaria, comunidades originarias de Iruya, Rosario de Lerma, Los Andes y Anta recibieron las carpetas técnicas que acreditan la finalización del relevamiento territorial que dispone la ley nacional 26160.
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Como paso previo a la obtención de la propiedad comunitaria, comunidades originarias de Iruya, Rosario de Lerma, Los Andes y Anta recibieron las carpetas técnicas que acreditan la finalización del relevamiento territorial que dispone la ley nacional 26160.
En el acto que se realizó ayer se destacó que esta acreditación es el paso previo para obtener la propiedad comunitaria.
Encabezó el acto el vicepresidente 2º del Senado, Walter Cruz, y participaron la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas; el director de Tierras del Programa Nacional del INAI, Martín Plaza, y el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Ariel Sánchez.
Recibieron las carpetas las comunidades El Rosal y El Cóndor Potrero de Chañi, del pueblo Tastil de Rosario de Lerma, las comunidades Salar de Pocitos y Quewar del pueblo Kolla de Los Andes, y el pueblo Wichi Ponciano Saracho de Anta.
También las comunidades de Santa Rosa y Arpero, Campo Luján, Finca Tipayoc, Finca Uchuyoc–Matancillas, Finca Corpus Ñiok, Vizcarra, Valle Delgado, Finca Rosario y Abra de Sauce y Rodeo Colorado, del pueblo Kolla de Iruya.
Martín Plaza dijo que con este acto se completó en Salta la entrega de 50 carpetas, que se alcanzaron 90 relevamientos, que ya hay resolución para avanzar con 290 de las 510 comunidades reconocidas en toda la provincia y reiteró el anhelo de la sanción de una ley del Congreso para materializar la propiedad.
Por su parte, Ariel Sánchez recordó que la ley de relevamiento, que nació por la lucha de los pueblos originarios, constituye un gran paso para reivindicar territorios.
El senador Walter Cruz recordó la entrega de relevamientos a comunidades Lules y anunció que insistirá con un proyecto para modificar la ley 7121, de Desarrollo de Pueblos Indígenas de Salta, para ampliar de 9 a 14 el número de etnias reconocidas oficialmente.
La ministra Vargas puso énfasis en la decisión del Estado nacional de dotar de presupuesto para el relevamiento, ya que cada convenio que se firma implica la inversión de muchos millones de pesos y dijo que "sabemos que tenemos una deuda histórica con las comunidades a las que debemos seguir relevando y para ello los convoco a defender las políticas públicas que hoy están en juego", afirmó.
Hacia una ley de propiedad comunitaria
A través de la ley nacional 26.160, que fue sancionada en el 2006, se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias en todo el territorio del país. Tras el relevamiento territorial, el Congreso nacional deberá sancionar una ley de propiedad comunitaria.