El Complejo NOA III, que se habilitó en julio de 2011 en la ciudad de General Güemes, con una capacidad de 200 plazas para mujeres y 288 para varones, es una de las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que mayores incrementos registraron en su población carcelaria entre junio y septiembre. De acuerdo con un informe que acaba de publicar la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en ese período el número de personas recluidas en el establecimiento del Valle de Siancas creció un 10%, acentuando los problemas de superpoblación de los que diera cuenta a comienzos de mes el fiscal general Eduardo Villalba, tras recorrer sus instalaciones junto a un equipo de especialistas del Ministerio Público Fiscal y constatar las condiciones de encierro que afrontan allí personas privadas de libertad.
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El Complejo NOA III, que se habilitó en julio de 2011 en la ciudad de General Güemes, con una capacidad de 200 plazas para mujeres y 288 para varones, es una de las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que mayores incrementos registraron en su población carcelaria entre junio y septiembre. De acuerdo con un informe que acaba de publicar la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en ese período el número de personas recluidas en el establecimiento del Valle de Siancas creció un 10%, acentuando los problemas de superpoblación de los que diera cuenta a comienzos de mes el fiscal general Eduardo Villalba, tras recorrer sus instalaciones junto a un equipo de especialistas del Ministerio Público Fiscal y constatar las condiciones de encierro que afrontan allí personas privadas de libertad.
Solo la Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza, con un crecimiento del 34% en su población carcelaria, tuvo un aumento porcentual superior al del complejo de la provincia de Salta, aunque no en valores absolutos, ya que la cárcel de Güemes tuvo 47 nuevos ingresos y la citada unidad de la provincia de Buenos Aires solo 39 en los últimos tres meses.
Con esos registros, el Complejo NOA III es por estos días el centro penitenciario federal del país que mayor superpoblación de presos presenta. Ya a fines de septiembre tenía alojados 412 internos, número 43% mayor que la cantidad de plazas para varones con las que fuera habilitado hace 12 años.
Ese no es el único dato que llama la atención en el último informe trimestral de la Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili. En el Complejo Penitenciario Federal de General Güemes hay una mujer embarazada y otra que está alojada allí con su pequeño hijo.
En todas las cárceles federales que tiene el país son nueve las mujeres que están privadas de la libertad en esas condiciones, con una igual cantidad de niños y niñas que conviven con sus madres en situación de encierro. A ellas se suman ocho mujeres embarazadas detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La Procuvin también hizo notar que jóvenes de 18 a 21 años constituyen el grupo que sufrió el mayor aumento de encarcelamientos entre junio y septiembre. En el período, la cantidad de jóvenes recluidos creció un impresionante 11,7%.
En contraste con los preocupantes indicadores del Complejo NOA III, durante el último trimestre en el conjunto del sistema carcelario se mantuvo relativamente estable la población penitenciaria, con un crecimiento leve (0,15%) respecto de junio. Entre ese mes y septiembre aumentó en un 5,5% la cantidad de personas encarceladas con condena y descendió un 5,8% el número de personas recluidas en condición de procesadas.
A nivel general, la sobrepoblación carcelaria promedió 4% en el período. La Procuvin señaló que "son 457 personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF". En esa cifra la participación de la jurisdicción norteña es más que ostensible.
Del último informe trimestral de la Procuvin también surge que la cantidad de mujeres detenidas aumentó un 1,7% y que más de la mitad de mujeres y personas trans (el 58%) se encuentran detenidas sin condena.
En la franja de 18 a 21 años, el notorio aumento registrado en los encarcelamientos afectó mayormente a mujeres jóvenes, cuya población se duplicó en el período abarcado por el informe oficial. En este contexto, se advirtió que siete de cada 10 personas jóvenes están privadas de libertad en penales federales sin condena.
Cifras generales
Septiembre de 2023 finalizó con 11.389 personas privadas de libertad en los diferentes establecimientos del SPF.
Los últimos registros publicados dieron cuenta de 6.350 personas privadas de libertad con condenas (55,8%) y otras 5.370 que hasta la fecha de corte de los datos aún se encontraban sometidas a un proceso penal (47,2%). La población carcelaria federal del país estaba compuesta a fines del mes pasado por 10.560 hombres (92,7%), 798 mujeres (7%) y 31 personas trans (0,3%).
Por fuero, la Justicia Federal es la que registra la mayor proporción de personas con prisión preventiva (47%). A su vez, la mayor parte de personas jóvenes detenidas (47,2%) se encuentran a disposición de la Justicia Nacional, mientras que el 46,7% está a disposición de la Justicia Federal y el restante 6,1%, de juzgados provinciales.
Preocupantes condiciones
Tras la recorrida que un equipo de especialistas del Ministerio Público Fiscal realizó semanas atrás al Complejo Penitenciario Federal NOA III, de General Güemes, el fiscal general Eduardo Villalba informó que el pabellón de hombres, habilitado en 2011 con 288 plazas, estaba superpoblado con un total de 412 internos, de los cuales 92 fueron trasladados en los últimos meses desde otras jurisdicciones. Según indicó Villalba, fueron derivados, en su mayoría, desde los establecimientos penales federales de Posadas (Misiones), Tucumán, el partido bonaerense de San Martín y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
También hubo traslados de reclusos desde Santiago del Estero, Rosario (Santa Fe), Córdoba, Mendoza, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Resistencia (Chaco), Formosa y de cárceles aún más alejadas, como Comodoro Rivadavia (Chubut), Mar del Plata (Buenos Aires) y San Juan.
Los funcionarios de áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal de Salta y Jujuy constataron que el 22% de las plazas del pabellón de hombres de General Güemes estaban ocupadas con internos cuyo alojamiento no correspondía. En el caso de la unidad de mujeres ese promedio era similar (23%).
En el sector femenino, que cuenta con una capacidad de 200 plazas, había al momento de la visita 89 internas. De ellas, 20 no eran de la jurisdicción, sino que habían sido trasladadas, en su mayoría, desde el penal de Posadas.
Sobre la situación procesal de los internos e internas que fueron trasladados al complejo de Güemes desde otras jurisdicciones, Villalba detalló que 59 estaban con condenas, mientras que el resto se encontraba con procesos penales aún abiertos. "Más allá de los problemas de alojamiento que la superpoblación causa, existen otros más, como los referidos a la alimentación, asistencia de salud, actividades de trabajo y capacitación", remarcó el fiscal general.
Villalba señaló que, además del desarraigo que suponen los traslados de personas privadas de libertad desde su lugar de origen, las derivaciones implican engorrosos trámites de permisos y otras gestiones que deben realizarse en juzgados y tribunales de las otras jurisdicciones que, a diferencia de las de Salta y Jujuy, aún se manejan con el sistema procesal mixto, "de por sí más burocrático y lerdo", resaltó.
Ademá, el equipo del Ministerio Público Fiscal observó durante la inspección un deterioro general en los pabellones. Los reclamos expuestos por la población interna coincidieron principalmente en la falta de colchones, el mal estado de algunos de los baños y una deficiente ventilación, debido a que los extractores de los pabellones no funcionan.
También se advirtió falta de energía eléctrica en algunas celdas, situación provocada por el mal funcionamiento del sistema, lo que en ocasiones es solucionado por los propios reclusos mediante conexiones "caseras" que carecen de toda medida de seguridad. Asimismo, se recibieron quejas por la proliferación de palomas en el interior de los pabellones y los problemas de salud que podrían generar dentro del penal.
El Ministerio Público Fiscal también recibió reclamos de reclusos y reclusas por deficiencias en la atención médica, especialmente por supuesta falta de recursos asistenciales y demoras en la asignación de turnos dentro del complejo y en extramuros.