Las fundaciones Papis, Proyectar y otras entidades civiles que integran la Red de Organizaciones de Niñez y Adolescencia Territorial (Ronat) en Salta insistirán, con una presentación ante organismos competentes de los distintos poderes del Estado provincial, en el reclamo de inmediatas medidas de protección para un niño de Joaquín V. González al que un video viralizado en las redes mostró, meses atrás, siendo seriamente maltratado por su madre en la vía pública.
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Las fundaciones Papis, Proyectar y otras entidades civiles que integran la Red de Organizaciones de Niñez y Adolescencia Territorial (Ronat) en Salta insistirán, con una presentación ante organismos competentes de los distintos poderes del Estado provincial, en el reclamo de inmediatas medidas de protección para un niño de Joaquín V. González al que un video viralizado en las redes mostró, meses atrás, siendo seriamente maltratado por su madre en la vía pública.
Así lo adelantó ayer la titular de la Fundación Papis, Lucrecia Miller, tras advertir que el nene fue visto días atrás bajo el cuidado de su madre, una joven que necesitaría urgente asistencia profesional, pese a las actuaciones que movió la Red en su momento con una presentación ante el Juzgado Multifueros de la jurisdicción anteña.
Ante aquella denuncia, se realizó una audiencia en la que la jueza de familia y asesora de Menores actuantes dispusieron que el niño quedara bajo el cuidado de un tío y que la Secretaría de Niñez efectuara el correspondiente seguimiento para verificar el bienestar y seguridad del nene.
Las entidades que articulan esfuerzos en el Plan de Ayuda para una Infancia Segura intentaron sin éxito obtener información oficial sobre la situación actual del pequeño. Tampoco lograron entrevistarse con la jueza y la asesora de Menores para entregarles documentación que acreditaría que no se modificaron sustancialmente las condiciones de riesgo del niño y que éste permanece bajo la órbita del cuidado de una progenitora con problemas que exponen seriamente su seguridad e integridad.
Por ello solicitarán a autoridades competentes que se efectivicen y garanticen las medidas de protección que en su momento se estipularon y que, según evidencias fotográficas y testimonios aportados por referentes sociales de la Red en Anta no se habrían cumplimentado fehacientemente.
Consideran que no se estarían haciendo cumplir los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como tampoco la ley de adhesión provincial 7.970, los principios procesales de familia establecidos en el Código Civil ni la Ley 27372 de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos.
"Este hecho, a nuestro criterio, no constituye lamentablemente un episodio aislado en nuestro medio. En los últimos dos años, dos niños, Franchesca Colque y Leonel Francia, padecieron muertes violentas en manos de sus progenitoras. Sus casos estaban judicializados y hubo advertencias tempranas que no fueron atendidas por los funcionarios que debían velar por su protección. Las respuestas del Estado resultan ser una clara expresión, en nuestra provincia, de un Sistema de Protección de la Infancia que requiere una profunda y urgente revisión", sostuvo Miller.
La titular de la Fundación Papis recordó que en nuestro país se encuentra vigente la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recién refrendada por la Provincia en 2016, cuando se adhirió formalmente a la norma nacional mediante Ley 7.970, la que aún espera por su reglamentación.
"Lamentablemente dicha adhesión formal, además de soslayar institutos jurídicos necesarios como el del Defensor del Niño, adolece, según nuestro entender, de algunas medidas que la alejan del espíritu de la ley nacional y resulta insuficiente para contener, acabadamente, el amplio abanico de protección integral de la infancia", puntualizó Miller.
Dos casos
En mayo del año pasado los jueces integrantes de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta condenaron a prisión perpetua a Micaela Noemí Colque (25), la mujer que encerró a su hija de dos años en una habitación durante al menos 48 horas y la dejó morir de hambre. No fue lo único, la autopsia confirmó que la víctima, además, tenía varios golpes de vieja data en su cuerpo. Es por eso que la hallaron culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo.
Otro caso conmocionante fue el de Leonel Francia, el niño de 11 años de edad que falleció el pasado 31 de agosto en el barrio Solidaridad. Si bien la madre del nene, Lidia Cardozo, lo llevó -ya sin vida- al hospital Papa Francisco asegurando que se había caído de un segundo piso, la mujer quedó detenida por los signos de maltrato que presentaba el cuerpo del pequeño.
Episodios que se repiten y procupan
Lucrecia Miller afirmó que episodios como el que se registró en Joaquín V. González "se repiten, nos alarman y preocupan, por cuanto confirman que aún impera en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la Provincia de Salta la antigua y perimida Ley de Patronato, donde el niño es considerado un objeto sobre el que el Estado dispone discrecionalmente. Hoy los niños han conquistado, tras arduas luchas, su rango como sujetos con derechos, cuya voz debe ser oída y respetada", enfatizó.