La superpoblación carcelaria de Salta, el retraso de la infraestructura penitenciaria y las limitaciones de recursos humanos y financieros del Ministerio Público Fiscal (MPF) resaltaron en la nueva ronda de consultas que se realizó el miércoles último en el Senado en torno al Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal que impulsa la Corte salteña para avanzar hacia la oralidad de los procesos.
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La superpoblación carcelaria de Salta, el retraso de la infraestructura penitenciaria y las limitaciones de recursos humanos y financieros del Ministerio Público Fiscal (MPF) resaltaron en la nueva ronda de consultas que se realizó el miércoles último en el Senado en torno al Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal que impulsa la Corte salteña para avanzar hacia la oralidad de los procesos.
Todos esos factores fueron puestos de relieve por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiela; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; el secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras; la directora del CIF, Gabriela Buabse; la Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke y el titular de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, ante senadores que tomaron nota de las observaciones.
El vicepresidente primero de la Cámara Alta, Mashur Lapad; el presidente de la Comisión de Legislación General, Javier Mónico, y su par de la Comisión de Justicia, Jorge Soto, adelantaron que ronda proseguirá con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia.
García Castiella coincidió con la visión de los senadores y de la Corte, respecto a la necesidad de avanzar con las reformas al sistema acusatorio iniciadas en Salta en 2011, para llegar a un sistema de oralidad que contribuya a agilizar el servicio de justicia.
No obstante, planteó que el cambio de diseño procesal, que propone llevar al actual sistema acusatorio a otro adversarial, generaría sin una debida transferencia y reasignación de recursos financieros y humanos un mayor impacto en el MPF, al recargar la tarea de los fiscales, además de repercutir en el sistema carcelario provincial, cuya infraestructura ya se encuentra colmatada.
García Castiella aclaró que el MPF acompaña el plan piloto de oralidad instado por la Corte, pero dentro de un modelo acusatorio de primera generación y no en un sistema adversarial que, en su opinión, implicaría una contradicción en lo dogmático con el Código Procesal Penal.
El Procurador precisó que en un año, desde setiembre de 2022 a igual mes de 2023 el MPF recibió solo en el Distrito Centro 94.763 denuncias, de las cuales 2.153, es decir menos del 3%, se transfirieron al Poder judicial para juicio. El jefe de fiscales aclaró que las otras 92.610 causas se resuelven a través de un trabajo de depuración que incluye mediaciones, acuerdos de partes, desestimaciones y archivos.
García Castiella consideró que duplicar las audiencias multipropósito, que en la actualidad son dos, en cuatro audiencias de imputación, de control de acusación, de prueba y de juicio oral dificultaría continuar con la descentralización de las fiscalías, que en el interior de la provincia están dando buenos resultados, además de recargar la tarea de los fiscales.
En este punto, recordó que en Mendoza, donde con el nuevo sistema la cantidad de encarcelados pasó de 3.800 en 2015 a más de 6.000 este año, quedó a la vista la necesidad de dotar de mayor infraestructura carcelaria a esa jurisdicción hasta llegar a los 22 complejos. Remarcó que en Salta hoy existen unas 3.100 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad de las unidades penitenciarias es solo 1.200 plazas. "Y solo tenemos un proyecto para duplicar la capacidad de la alcaidía", subrayó.
El fiscal Rivero consideró que avanzar a un sistema adversarial, basado en un juez que debe meritar la oposición que existe entre un defensor, que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lleva adelante la acusación, podría conducir a la pérdida de los beneficios de la descentralización del MPF por la necesidad continua de traslado de los fiscales a las múltiples audiencias.
La fiscal Simesen resaltó que "en la región existe un fiscal cada 15 mil habitantes", mientras que "en Salta es uno cada 40 mil". La fiscal Buabse sumó otra observación con respecto al acortamiento de 15 a 5 días en los plazos de los fiscales para producir pruebas. El fiscal Obeid advirtió que la multiplicación de audiencias podría llevar a revictimizar a víctimas de delitos. También estuvieron presentes los senadores Walter Wayar, Leopoldo Salva, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá, Sergio Saldaño, Miguel Calabró, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Luis Altamirano, Sonia Magno, Diego Cari y Esteban D'Andrea.