La Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, imputó ayer provisionalmente a 16 personas en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y drogas para presos.
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La Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, imputó ayer provisionalmente a 16 personas en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y drogas para presos.
Cinco funcionarios, tres de ellos con rango de jefes, del Servicio Penitenciario fueron imputados provisionalmente como autores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión), en un número indeterminado de hechos.
La Unidad Fiscal determinó que los acusados en la cárcel de villa Las Rosas hacían uso abusivo de sus cargos. Ellos habrían exigido 2022 y 2023 indebidamente dádivas a los internos consistentes en la entrega de dinero o de otro elemento de su interés, a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena (buenas calificaciones en concepto/conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja, cambios de pabellón, etc.), y/o el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos como celulares, cargadores, comidas, bebidas, etcétera.
El delito de comercialización de estupefacientes agravada
Uno de los funcionarios del Servicio Penitenciario imputado por concusión también fue acusado, junto a otros dos funcionarios, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada; por ser realizada en un lugar de detención y por ser cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos.
Por otra parte, un preso fue imputado provisionalmente por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por ser realizada en lugar de detención.
Por último, un hombre y cinco mujeres (entre las que se encuentra la empleada detenida en el Ministerio de Educación de Salta) fueron imputados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
De la investigación realizada se logró determinar que los funcionarios del Servicio Penitenciario habrían participado en el engranaje conformado por internos de la Unidad Carcelaria. Uno de ellos habría utilizado dispositivos telefónicos, oportunamente intervenidos, comunicándose periódicamente con su madre, quien sería el nexo externo que administraba la distribución del dinero producto de la comercialización de estupefacientes, a su vez vinculada junto a los otros imputados.