Luego del impacto que significó el DNU (decreto de necesidad y urgencia) con más de 300 modificaciones de leyes, profesionales advirtieron sobre la necesidad de defender "el sistema democrático y republicano". Apuntaron que ahora las responsabilidades las tienen el Congreso y el Poder Judicial.
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Luego del impacto que significó el DNU (decreto de necesidad y urgencia) con más de 300 modificaciones de leyes, profesionales advirtieron sobre la necesidad de defender "el sistema democrático y republicano". Apuntaron que ahora las responsabilidades las tienen el Congreso y el Poder Judicial.
Luego de que el presidente Javier Milei diera a conocer el mega DNU, los profesionales del derecho se abocaron y siguen abocándose para conocer a fondo los más de 300 artículos que incluye reformas de leyes como Ley de Contrato de Trabajo, de Alquileres, de Abastecimiento, de Promoción Industrial y Comercial, de Tierras, el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga. Además de reformas de código como el Civil y Comercial y Aduanero de la Nación.
"Es mucho lo que está en juego", advirtieron los profesionales de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). Mediante un duro comunicado la Asociación abocada a temas judiciales advirtió que el DNU es de "manifiesta inconstitucionalidad y gravedad institucional", y piden a los legisladores no votarlo. Denuncian que pone en peligro las bases en que se apoya "el sistema democrático y republicano".
Celeste Fernández, abogada y codirectora de ACIJ explicó que "se cuestionan dos cosas, lo procedimental", al no haberse respetado las funciones legislativas del Congreso y arrogarse todas las facultades en "una sola persona". El duro comunicado advirtió que "atenta contra el principio de división de poderes, que hace al corazón mismo del sistema republicano de gobierno".
Lo otro que se le cuestiona, indicó la abogada, es lo que plantea. "El conjunto de normas cuya derogación o modificación se pretende mediante este decreto reviste tal trascendencia que sólo puede ser discutido por el Poder Legislativo, a través de un proceso deliberativo y participativo de análisis, fundamentación, discusión y acuerdo mayoritario", advirtió ACIJ, a la par de destacar la representatividad de los legisladores elegidos por el voto popular.
Ante los categóricos cuestionamientos desde el oficialismo aseguraron que los que critican solo apuntan a "las formas".
Sebastián Aguirre Astigueta, abogado constitucionalista también se refirió a que no es solo las formas, sino el fondo por las cantidad y las leyes que cambia . "Esto no tiene precedentes en la Argentina ni en el mundo ", advirtió y aseguró que se pretende "modificar todo el sistema jurídico". Lo que, aseveró, ya "había sido anticipado por Sturzenegger en una nota que decía que había que desregular todo, y si había un problema, resolverlo. Mientras que el sistema legal funciona al revés", resaltó.
Tanto ACIJ como el abogado especializado apuntan ahora al Congreso y al poder Judicial. "Si no frenan esta aberración jurídica se presentará un precedente nefasto, y en el futuro puede venir un presidente con otras ideas y también derogar todo el sistema jurídico e imponer otro diametralmente opuesto. Con eso desaparece la república y la democracia", fustigó.
Desde ACIJ, en tanto, los llamaron a ejercer "la responsabilidad indelegable de asegurar el efectivo cumplimiento de nuestra Constitución, impedir el avasallamiento de nuestras instituciones y defender nuestro sistema democrático y republicano de gobierno". Por lo que pidieron que se vote en contra del DNU y no "otorgar al Poder Ejecutivo todo el poder para decidir sobre nuestra vida, nuestra libertad y nuestros derechos".
Mientras, Aguirre Astigueta indicó que la Corte Suprema de Justicia debería analizarlo mediante "per saltum", es decir, de oficio. "Es básicamente una dictadura reglamentaria del presidente", advirtió y aseguró que el Poder Judicial debe reaccionar, "porque incluso ellos están en juego".
El abogado además destacó la temeridad con la que actúa el presidente al "redoblar la apuesta y decir que nada lo detiene y que si el Congreso no avala esto el recurrirá a otros mecanismos". Por ello, analizó, podría caberle un "juicio político por mal desempeño".
Posible aprobación
En cuanto a los pasos siguientes, los especialistas indicaron que es la Comisión Bicameral debe producir dictámenes sobre el DNU, y esto tiene que ser elevado a las Cámaras para ser votado por la negativa o la positiva, sin posibilidad de modificaciones. "El problema que existe es que se necesita el rechazo de las dos cámaras, con lo cual si uno lo aprueba el DNU queda ratificado. Sin embargo no deja de ser una anomalía constitucional porque si uno rechaza y otro aprueba, demuestra que tiene un problema de consenso básico que tiene toda ley", indicó Aguirre Astigueta. El constitucionalista agregó que este procedimiento es avalado por la ley 26.122, "que siempre se criticó pero nunca tuvo esta envergadura. Antes eran una ley, ahora son más de 300 leyes derogadas y modificadas", recalcó.
Situación jurídica incierta
La codirectora de ACIJ destacó además la situación jurídica que acarrea el DNU, el cual comienza a producir efectos desde la fecha publicada. "Y si comienza a regir y a producir efectos estamos en un problema por las relaciones jurídicas nacidas al amparo de este DNU y que serán difíciles de revertir", advirtió.
La Asociación que representa también destacó el abuso "desde hace tiempo" de los DNU, sin ameritar una situación de urgencia. En este sentido advirtieron que la Corte Suprema ya se expresó en que la validez de los mismos depende de dos circunstancias: "que el Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor para no poder darle el trámite ordinario", y que la situación "que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente". Ambos, aseguraron "no se dan en el presente caso".
Otras críticas
Los integrantes del Foro Permanente de Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina (Fovira) manifestaron esta semana su "preocupación" por el DNU presentado por el presidente Javier Milei y cuestionaron "los alcances de las medidas en él contenidas". Por eso compartieron un documento.
"Las leyes que esa disposición del Poder Ejecutivo deroga han sido sancionadas por el Congreso Nacional, y es en ese recinto donde deben tratarse sus eventuales modificaciones o pérdidas de vigencia. Ese Poder del Estado está integrado por legisladoras y legisladores elegidos con la misma validez e igual legitimidad que el presidente Javier Milei, y por eso es imperioso que con el mismo mecanismo con el que fueron sancionadas leyes y regulaciones se las debata y se las revise", expresó el bloque.